El Ayuntamiento de Zaragoza no investigará el conocido como "kioscogate", el presunto trato de favor a Juan Forcén, empresario de la construcción y amigo de Jorge Azcón. Lo que debería haber sido un mero trámite, se ha convertido, una vez más, en un espectáculo bochornoso de las tres derechas zaragozanas, PP, Ciudadanos y Vox.
Y es que Vox lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a salvar a Azcón. Por segunda vez en lo que va de legislatura el partido ultraderechista ha bloqueado una comisión de investigación sobre posibles irregularidades que salpican directamente al alcalde y candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón, y a la candidata a la alcaldía, Natalia Chueca, ambos del Partido Popular. Y lo ha hecho, cambiando el sentido de su voto tras venir afirmando en las semanas previas que mantendrían el "sí" a la comisión "por congruencia".
"Vamos a romper el suspense, vamos a votar que no". Han sido las palabras de Julio Calvo, portavoz del partido ultraderechista en el Consistorio. "Hemos reconsiderado nuestra posición", ha zanjado para romper así el acuerdo aprobado el pasado 30 de septiembre en pleno municipal tras ver luz verde una moción de Zaragoza en Común, que salió adelante con el apoyo de Podemos, PSOE y Vox, que pedía aclarar lo ocurrido con los negocios de Forcén.
Por recapitular. Juan Forcén se llevó la adjudicación de siete quioscos en zonas emblemáticas de Zaragoza. En concreto, cinco de los seis kioscos del Parque Grande José Antonio Labordeta que salían a concurso recayeron en sus sociedades. Para estos cinco establecimientos sólo se presentaron las ofertas de las empresas de Forcén. Pero es que, además, el empresario amigo del alcalde está detrás de todos los proyectos del Gobierno PP-Ciudadanos que han implicado la obtención de un negocio privado: además de los siete kioscos entregados por Natalia Chueca, se incluyen el parking del Parque Bruil -concedido hace dos años y que aún no han empezado las obras-, o la privatización del estadio municipal de la Romareda, con esa propuesta de cesión de superficie a 75 años.
En la moción tumbada por los 16 votos de Vox, PP y Cs en el pleno de este viernes, frente a los 14 de la oposición, ZeC pedía la constitución de la comisión especial para que investigue este presunto trato de favor en la tramitación de un expediente relativo a la reforma de uno de esos kioscos. En concreto, "aclarar supuestas incongruencias o irregularidades en el expediente 49.099/2022 -licencia de demolición del kiosco en Paseo San Sebastián-, y si estas traen causa de un presunto trato de favor al adjudicatario, dado el importante número de kioscos licitados de los que ha sido beneficiario", subrayaba ZeC. La creación de esta comisión era el paso lógico tras la aprobación de la moción en el pleno de septiembre.
El rechazo de las derechas a llevar a cabo esta investigación ha llegado apenas 24 horas después de conocerse que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Zaragoza acepta la demanda interpuesta por el Gobierno de Aragón contra el Consistorio, "después de que este le haya negado el acceso al expediente de la licencia [el que hace alusión a la demolición del kiosco del Parque Labordeta, por el que ZeC ha reclamado la citada comisión de investigación], que pretende chequear dentro de su labor de supervisión de las administraciones locales", según informaba el periodista, y colaborador de AraInfo, Eduardo Bayona, en un artículo publicado en ElDiario.es. La magistrada ha emitido una providencia por la que da un plazo de diez días al Ayuntamiento para que le remita el expediente. Si el Gobierno de Azcón no lo hace se arriesga a perder una parte de los fondos procedentes de la ley de financiación municipal.
Santisteve: "¡Qué caros les salen los sillones a Vox!"
Pero en este Ayuntamiento de las tres derechas la lógica brilla por su ausencia. La excusa de Vox para cambiar de opinión a última hora ha sido simple, considerar los hechos como un "mero error formal". "¡Qué caros les salen los sillones a Vox!", ha respondido Pedro Santisteve, para añadir: "En septiembre Vox votó a favor de la comisión de investigación de los negocios de Forcén, amigo del alcalde, y hoy las presuntas irregularidades -que han llevado este expediente a los tribunales- las visten de errores de un funcionario". "Si no tienen unos principios echan mano de otros", ha criticado el portavoz de ZeC.
Santisteve ha incidido en que se "esclarezca la situación y las conexiones de Forcén y el Ayuntamiento de Zaragoza" ya que el nombre del empresario también aparece en otros temas "conectados con el Consistorio", como "en el caso de la presidencia de la junta de compensación en la que la familia del alcalde Jorge Azcón tenía terrenos por valor de un millón de euros y de las que se impidió, en todo momento, la posibilidad de una comisión de investigación".
En este sentido, Santisteve ha recordado que "puede haber una desviación de poder, no es un mero error formal de una técnica en la redacción del informe", y ha criticado a la formación ultraderechista por "estar abriendo brecha". "Ustedes son sumisos a las políticas del PP, son un apéndice más. Tienen el mérito de que el Partido Popular sea cada vez una fuerza más reaccionaria. Han venido a emponzoñar la vida política", ha zanjado.
Fernando Rivarés: "Si alguien teme a ser investigado es que tiene algo que esconder"
A continuación ha tomado la palabra el portavoz de Podemos, Fernando Rivarés que también ha sido muy contundente con Vox por bloquear una comisión que "aprobamos en septiembre, con su voto". Así, ha advertido que "siembran muchas dudas, y las alimentan ustedes con su ocultación y secretismo". "Por coherencia democrática esta comisión tendría que salir por unanimidad. ¿O es que hay un acuerdo entre Vox y PP para cambiar el voto?", ha preguntado.
En opinión de Rivarés, "esto va de ser coherentes". "Si no hay sombra de duda deberían aceptar la investigación. El PP y la persona que dirige el área de Servicios Públicos y es candidata a la alcaldía [Natalia Chueca] deberían de ser los más interesados en querer que se investigue y aclare. La sombra de la duda no se va a disipar. Si alguien teme a ser investigado es que tiene algo que esconder. ¿Tienen miedo?", ha incidido el portavoz de la formación morada.
Horacio Royo: "PP y sombra de corrupción es sinónimo"
"Qué bochorno. Qué vergüenza. Hemos asistido al mayor ridículo de un concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza". Ha sido la reacción del portavoz del grupo socialista, Horacio Royo tras escuchar la justificación de Julio Calvo. Royo ha respondido de forma tajante al portavoz de la formación ultraderechista: "[El consejero de Urbanismo, Víctor] Serrano (Cs) le ha explicado que fue un error. No fue un error, el informe propuesto el 11 de julio dice dos falsedades objetivas. La primera que el proyecto cumple con los requisitos. Imposible porque se presentó al día siguiente. Pero vamos a suponer que fue un error de transcripción en la fecha. Pues tampoco, porque ese informe dice que ya se han satisfecho todas las tasas. Pero las tasas se pagaron el día 14, tres días después. ¿Cómo puede decir el informe del día 11 que se abonaron las tasas? Todo esto lo conoce usted señor Calvo".
"Pero es que lo que ayer conocimos eleva esta cuestión al nivel de escándalo mayúsculo", ha continuado el portavoz socialista. "Una letrada autonómica ha presentado un escrito al juzgado porque este Gobierno municipal está en rebeldía por no remitir la información solicitada. Habiendo enviado un informe con firmas presuntamente falsificadas, en la que faltaban hojas y en la que se confundía un kiosco con otro. Y pretenden que miremos para otro lado", ha subrayado para denunciar: "Cs y Vox buscan puestos en la lista del PP. Tapan sus escándalos e impiden una comisión de investigación sobre la concesión de una licencia exprés a un amigo del alcalde. Tratan de ignorar al elefante que se pasea por este pleno, el señor Forcén. Pero toda la ciudadanía sabe que PP y sombra de corrupción es sinónimo".
Azcón, juez y parte, corta el debate; y la oposición estudia llevar el trato de favor a la fiscalía
Horacio Royo no ha podido concluir su intervención. Como ya es costumbre, el alcalde Jorge Azcón ha tirado de su poder para cortar el micrófono del portavoz socialista. No es la primera vez que ejerce su fuerza para acallar las voces de la oposición en sesión plenaria. "Ya tienen los votos", le ha espetado Royo.
La actitud de Azcón le ha valido una reprimenda del que fuera alcalde de la ciudad, Pedro Santisteve. "Que nervioso está. No solo hoy. Esto lo viene arrastrando desde hace meses. Hasta que no han conseguido tapar la boca de Vox han hecho un arduo trabajo de fontanería. Pronto sabremos a cambio de qué. ¿Cuál es el pacto? Lo que nos están diciendo es que nos tenemos que creer a pies juntillas lo que ustedes nos dicen. Se abre un peligroso precedente".
La tensión ha ido en aumento. ZeC y PSOE han pedido la convocatoria urgente de una Junta de Portavoces y la suspensión del pleno. "Esto es no tener palabra, no es un comportamiento leal de los grupos municipales de la derecha. Se ha pervertido el acuerdo de la Junta de Portavoces", ha dicho Lola Ranera (PSOE). Pero Azcón lo ha resuelto a su estilo, rechazando la propuesta y cortando de nuevo la palabra a Ranera. "Ustedes anuncian que van a pedir una Junta de Portavoces. Cuando la pidan por escrito se convocará. La cuestión se resuelve por alcalde". Poco después, los portavoces de la oposición han comparecido en rueda de prensa. ZeC, PSOE y Podemos han anunciado que estudiarán denunciar ante la Fiscalía la licencia de derribo.
Rechazadas las mociones en defensa del 8M, los seis de Zaragoza y la Canal Roya
Así se ha dado por finalizada la primera moción del orden del día, en un pleno en el que las derechas también han tumbado sendas mociones de ZeC y Podemos que pedían apoyar las acciones del movimiento feminista de cara al próximo 8M y respaldar la campaña por la absolución de los seis de Zaragoza. Tampoco ha prosperado la moción de ZeC relativa a la defensa de la Canal Roya al contar únicamente con el respaldo de la formación morada. Por último, el partido ultraderechista ha retirado su moción relativa al CSO Kike Mur, con la que pretendía acelerar el desalojo de la antigua cárcel de Torrero.
