Un grupo del Parlamento Europeo exige a Grande-Marlaska que regularice y entregue alternativas habitacionales para los y las temporeras

María Eugenia Rodríguez, Pernando Barrena Arza, Ernest Urtasun y Diana Riba i Giner y Miguel Urbán exigen a Grande-Marlaska que regularice y entregue alternativas habitacionales para los y las temporeras

Antirracista agua temporeras
Esta es la situación que viven los jornaleros africanos aquí en el Estado español agravada terriblemente por el Covid-19. Foto: Comité de Emergencia Antirracista.

Este jueves varias europarlamentarias y europarlamentarios enviaron una carta al Ministro del Interior del Gobierno español, Fernando Grande-Marlaska, para que actúe ante la situación y las precarias condiciones de vida de los y las temporeras.

Así, Miguel Urbán, María Eugenia Rodríguez, Pernando Barrena Arza, Ernest Urtasun y Diana Riba i Giner han recordado que no es la primera vez que se pronuncian en relación a las condiciones de vida y de explotación de las personas migrantes en territorio europeo.

En este caso concreto han querido llamar la atención sobre la situación de los temporeros y las temporeras de Huelva. El relator de la ONU para la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston, visitó el campo de Huelva poco antes del inicio de la pandemia del coronavirus, justo durante la campaña de la recogida de la fresa.

Durante su visita, quedó impresionado por las condiciones de vida de las temporeras y temporeros, que describió como unas condiciones “mucho peores que un campamento de refugiados”, “como animales”, “mientras grandes empresas ganan millones de euros”.

Este no es un fenómeno nuevo, y existen casos similares en otros lugares, como ocurre en Alemania con el espárrago y en Italia con el tomate. Pero en cuanto al caso del Estado español, sí que ha ido creciendo de forma exponencial en los últimos años en relación al aumento de los cultivos de la fresa y frutos rojos. “Así, la degradación permanente de las condiciones de vida y laborales de los/as jornaleros/as se ha convertido en un pilar fundamental del llamado milagro económico del ‘oro rojo’, que ha transformado a Huelva en la primera potencia europea con unas 400.000 toneladas de fresones y otros frutos rojos, 11.500 hectáreas de cultivos y exportaciones por valor de 1.200 millones de euros al año”, explican en la carta.

“Estas mismas personas que se ven obligadas a vivir en infraviviendas en poblados chabolistas, en los márgenes de los campos de cultivo, aún teniendo recursos econó- micos para poder alquilar una vivienda, se encuentran con la imposibilidad de poder hacerlo, ya que ni los empresarios ni los propietarios de las viviendas de los diferentes municipios donde trabajan, se las facilitan”, aseguran en la carta. Jornaleros y jornaleras que, como explica este grupo del Parlamento Europeo, durante el confinamiento por la crisis sanitaria han constituido un sector económico “esencial” para que la comida “llegue a nuestras mesas”. En cierta medida, continúan, el confinamiento “ha arrojado luz sobre quiénes están realizando principalmente este trabajo esencial, y en qué condiciones: de explotación y semiesclavitud, sin derechos, en infraviviendas, sin acceso al agua, sin luz, sin condiciones de salubridad y sin servicios sanitarios para hasta unas 5.000 personas, repartidas en unos 50 asentamientos”. En el Estado español suman 15.000 entre este y otros polos como Almería y Murcia.

En la carta enviada al Ministro de Interior advierten de que la situación de los asentamientos chabolistas de la comarca de la fresa en Huelva “no es nueva”, y a pesar de ello ni la patronal ni las instituciones atajan la situación buscando algún tipo de alternativa habitacional para las miles de personas que se desplazan cada año a la región. “Por si no fuera poco, estos campamentos son en demasiadas ocasiones pasto de las llamas, con una frecuencia que hace sospechar que no solo se debe a las altas temperaturas o a la precariedad de su situación, sino que en muchos casos pueden ser provocados”, aclaran.

Solo en la última semana, el incendio de tres poblados chabolistas habitados por tra- bajadoras migrantes del campo ha dejado a más de 400 personas sin techo en Huelva. El fuego no solo ha destruido sus casas y sus escasas pertenencias, sino también documentación vital para sus aspiraciones de regularización. El último fue en la madrugada de este viernes 17 de julio, cuando las llamas arrasaron parte del poblado chabolista ubicado a la vera de la “Pista del Corchuelo”, muy cerca del Esta- dio Ciudad de Lepe, en lo que “podría ser un incendio provocado por uno o varios veci- nos de la localidad”, denuncian. “Mientras, el Ayuntamiento sigue sin responder a la emergencia habitacional, a pesar de que podría habilitar alguna de las numerosas dependencias municipales, tales como polideportivos o escuelas, que continúan sin actividad por la pandemia, como ya se ha hecho en otras ocasiones en este municipio”, explican en la carta que añaden, “todos sabemos que si cualquier vecino o vecina hubiera perdido su casa o, más aun, si un barrio entero de Lepe hubiera ardido pasto de las llamas, esa misma noche las personas afectadas hubieran contado con la ayuda de las diferentes administraciones asegurando que nadie durmiera en la calle”.

Por ello, trasladan a Grande Marlaska la preocupación de que no se esté abordando por parte de las instituciones la emergencia habitacional coyuntural producida por los propios incendios, pero también estructural que obliga año tras año a miles de personas a tener que malvivir en poblados chabolistas sin ningún tipo de servicio mínimo. En este sentido, piden no solo que se de una solución habitacional inmediata a las personas afectadas por los incendios, sino que además se apliquen lo antes posible las recomendaciones del relator de la ONU para la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston, sobre las condiciones de vida y de trabajo de los temporeros y temporeras en el campo.

Así mismo, entienden que el Ministerio del Interior no puede seguir permitiendo que los ayuntamientos se estén negando a empadronar a las personas migrantes tal y como denuncian numerosas ONGs que trabajan sobre el terreno. “Como bien sabe, el empadronamiento es un elemento fundamental para que las personas puedan acceder a servicios básicos como la asistencia sanitaria y los servicios sociales, entre otros, además de ser el paso inicial imprescindible para la regularización de la situación ad- ministrativa”, aseguran al ministro.

En el caso de las y los temporeros en estos asentamientos chabolistas, se carece de un titulo legal valido que acredite el domicilio para el empadronamiento, pero el Real Decreto 1690/1986 recoge opciones para hacer efectivo este trámite. Esta modalidad sin embargo no se aplica, suponiendo el primer paso en la negación del acceso a una regularización y unos derechos básicos. Por ello demandan que el Ministerio del Interior se asegure de que se cumple con las disposiciones que contempla la ley y se empadrone a todas aquellas personas que lo soliciten.

El Real Decreto 13/2020 permitió que jóvenes de 18 a 21 años adquiriesen permiso de trabajo temporal en el sector agrario durante la pandemia para asegurar que se salvaran las cosechas. “A través de este gesto quedó claro que una regularización amplia no sólo es posible, sino necesaria, y que jurídicamente no habría obstáculos, sobre todo si se considera el derecho al trabajo como derecho universal. Y es que para este grupo parlamentario no existe otro enfoque para la regularización que no sea el de derechos, rechazando la premisa según la cual la población migrante solo merece consideración si económicamente aportan más de lo que reciben de parte del Estado.

También recuerdan el último pronunciamiento, 19 de junio de 2020, del Parlamento Europeo donde se pide una mayor protección para los y las trabajadoras transfronterizas y temporeras, donde se destaca que se necesitan más medidas para asegurar el derecho a las salud y a la seguridad, así como mejores condiciones de trabajo, incluyendo la viviendas digna. La resolución en cuestión también se presentó como resultado de la crisis COVID-19, que expuso y exacerbó aún más el dumping social y la precariedad existente en las situaciones de muchas personas del sector agroalimentario de la Unión Europea.

Este grupo de europarlamentarias y europarlamentarios concluye esta carta con una demanda más “un gobierno que se autodenomine progresista no puede sino afrontar una regularización administrativa urgente, de aplicación inmediata para las personas en situación administrativa irregular”. “Es por ello que le demandamos que como se ha realizado en otras ocasiones en nuestro país o se está realizando en otros países de nuestro entorno, que se proceda a poner en marcha una regularización extraordinaria urgente”.

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