Se cumple un año de uno de los sucesos más mortíferos en la frontera española situada en Melilla. En la madrugada del 24 de junio de 2022, 1.700 personas migrantes corrieron hacia la frontera vallada en el paso fronterizo melillense del Barrio Chino, provenientes de los asentamientos donde dormían en el bosque de Nador (Marruecos), huyendo del hostigamiento y ataques de las fuerzas de seguridad marroquíes.
La consecuencia de represión que llevaba meses sucediendo, como recoge un informe de la ONG Caminando Fronteras en el que durante más de dos meses se atacaba con una violencia impune y legitimada institucionalmente, propició que se desplazaran hacia la valla. El documental de la BBC muestra cómo un primer grupo de migrantes se dirigió hacia la puerta de la valla fronteriza, siendo reprimidos por la gendarmería marroquí con gases lacrimógenos y bombas de humo. Mientras, varios de los migrantes fueron perseguidos por las fuerzas de seguridad marroquíes, impidiéndoles el paso. Según testimonios, varios de los migrantes se lanzaron a romper con sierras y tijeras el vallado metálico mientras eran golpeados y lastimados por las botas de los militares, aplastados por caídas, alcanzados por balas de fuego además de asfixiados por gases. El horror creció cuando un gran grupo de personas escalaron la valla exterior del paso fronterizo y el peso lo derrumbó, provocando una estampida con cientos de heridos.
El paso fronterizo del Barrio Chino
La valla de Melilla tiene cuatro puertas y una de ellas es la del paso fronterizo del Barrio Chino. Desde el año 2019, cuando la UE financió a Marruecos con 140 millones de euros y el Estado español con otros 56 millones, se llevaron a cabo esfuerzos para militarizar la frontera. Esta política de externalización de la frontera hizo permisible que el Estado marroquí equipara la valla con concertinas además de aumentar la presencia militar. Al otro lado del paso fronterizo, el Estado español ya había reforzado la presencia de la Guardia Civil desde el año 2015, que presenció lo sucedido desde el otro lado de la frontera, lugar que lo definen como “tierra de nadie”. El informe de Caminando Fronteras, relata cómo la Guardia Civil "colaboró codo con codo en la represión violenta junto a los cuerpos de seguridad marroquíes".
El informe de Amnistía Internacional publicado en diciembre del año pasado, estima que hubo 37 muertes (aunque otras fuentes hablan de 40 muertes), y al menos 76 personas continúan desaparecidas. Además, hubo cientos de personas heridas. La brutalidad de aquel suceso está calificado por varios colectivos y entidades como un crimen internacional, además de que personas expertas de la ONU pidieron rendición de cuentas ante lo sucedido en Melilla.
Depuración de responsabilidades
Según declaró el día de la masacre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez: “La gendarmería marroquí se ha empeñado a fondo precisamente en tratar de evitar este asalto violento en la valla de la comunidad autónoma de Melilla. Por lo tanto creo que es importante reconocer en primer lugar, el extraordinario trabajo que están realizando las fuerzas de seguridad del estado marroquí en la comunidad autónoma de Melilla y en la lucha en general de la migración irregular. Y en segundo lugar hay que reconocer el trabajo del gobierno marroquí, en coordinación con las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado español para tratar de frenar un asalto violento”. Sánchez insistió en su declaración que era un asalto violento bien organizado.
Días después, la Fiscalía española comenzó una investigación alegando que este suceso afectaba a los derechos humanos y fundamentales. El relato de la muerte de las personas migrantes en territorio marroquí para esclarecer los hechos de lo sucedido desde informes del Ministerio del Interior procuraba eximir de responsabilidad al Estado español.
El 29 de junio en una entrevista en la cadena SER, Sánchez declaró que no vio la brutalidad de las imágenes de muertos y la brutal represión marroquí. Entonces, lamentó las muertes y transformó su discurso inicial del 24 de junio, señalando que el problema proviene de las mafias y del conflicto en Sudán, de “donde provenían los migrantes”. Evitando alabar el buen trabajo de la gendarmería marroquí e insistiendo que "los valores de España" son los de "un país solidario" y defendiendo las "políticas progresistas" en cuestión migratoria.
Colectivos, entidades, parlamentarios y el defensor del Pueblo, exigieron una investigación independiente ante imágenes que mostraban la actuación de la Guardia Civil hacia las personas migrantes en territorio español. "Quedaron aplastados a la vista de funcionarios españoles". Cuestionando el argumento oficial de que las muertes se produjeron en territorio marroquí.
La responsabilidad de ubicar las muertes de las personas migrantes en territorio marroquí vino en boca del ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, uno de los principales responsables de no rendir cuentas por parte del Estado español, que afianzó la narrativa del “tierra de nadie” donde se produjo la estampida de la valla, el sostener que fue un “asalto violento” ocultando la financiación por parte del Estado para “disuadir” a los migrantes que se encontraban en Nador en la continuación de su ruta migratoria, ocultar videos de las cámaras de seguridad y realizar devoluciones en “caliente”, contrarias al derecho internacional.
Consecuencias de la necropolítica y la externalización de fronteras
En el mes de noviembre de 2022, un grupo de parlamentarios se desplazó hasta Melilla para conocer detalles de los hechos y pudieron visualizar las imágenes de aquella fatídica noche.
Ante la duda que se arrojó sobre dónde se habían producido las 37 muertes, los registros del Instituto Geográfico Estatal y del Catastro muestran que muchos de los sucesos que las autoridades españolas sitúan en la llamada "tierra de nadie" ocurrieron en realidad en territorio español.
A pesar de las reivindicaciones y de las miles de muertes provocadas por las políticas europeas de externalización y el cierre de fronteras, las instituciones continúan legitimando la violencia implementando políticas racistas que, lejos de ser garantes de los Derechos Humanos, desprotegen a las personas migrantes. En la frontera sur, las personas migrantes testifican el trato inhumano y racista, por ser negros, por “subsaharianos”, que provienen de “zonas conflictivas” del Sahel. Las agresiones no son únicamente verbales, también son físicas. Sumando a esto la falta de garantía de derechos y las trabas burocráticas, como la denegación de visados, solicitud de asilo o vías seguras para migrar.
¿Cuándo habrá justicia para las víctimas y sus familias? ¿Realmente importan todas las vidas? ¿El derecho a la libre circulación es igual para todo el mundo? En el mes de junio de 2022 se realizaron diversas concentraciones y manifestaciones por el Estado y Aragón ante políticas que permiten la impunidad violenta en frontera y reivindicando que “las vidas negras importan”.
Como pasó con las 14 muertes de la playa del Tarajal en 2014, con las condiciones inhumanas en naves improvisadas en la costa andaluza en 2018 y en el puerto de Arguineguín en noviembre de 2020, con la respuesta a la entrada masiva en Ceuta en mayo de 2021, o con las continuas devoluciones en caliente, de nuevo se ha archivado la investigación de lo ocurrido en el Barrio Chino de Melilla el 24 de junio de 2022.
Existe una falta de transparencia por parte del Estado que dificulta el acceso a la información y a la denuncia. Además, la carencia de las garantías jurídicas básicas para aquellas personas que quieren denunciar los hechos impide conocer la realidad, incentivando la despersonalización y criminalización de las personas migrantes.
Las masacres no terminan únicamente con lo ocurrido en Melilla, las decisiones políticas de que vidas humanas son las que se pueden acoger o dejar y observarlas morir se resumen una vez más con el reciente naufragio frente a las costas de la ciudad de Pylos (Grecia) el pasado 14 junio. De 700 personas migrantes a bordo, han fallecido 82, 104 han sido rescatadas y el resto están desaparecidas. La organización Alarm Phone informó de una llamada de socorro varias horas antes de que el barco se hundiera, alertando que estaban en peligro a guardacostas griegos, malteses e italianos y que necesitaban ayuda. Frontex, desde uno de sus aviones, vigiló la embarcación a las 9.47 horas. El naufragio se podría haber evitado si los guardacostas griegos hubieran intervenido, pero los responsables alegan que la tripulación “no tenía chalecos salvavidas" y que los pasajeros se negaron a recibir ayuda horas después del naufragio. La respuesta oficial griega ha sido criticada por entidades y colectivos en defensa de los Derechos Humanos debido a la opacidad del suceso y el cuestionamiento de “no querían ayuda”. A día de hoy, hay nueve personas detenidas sobre los cuales se ha dictado prisión cautelar, a expensas de que se celebre el juicio por presunto tráfico de personas.
La crisis del sistema político y económico actual tiene como secuencia que, como sociedad, nos encontremos en una profunda crisis de valores y del estado de derecho, facilitando la permeabilidad de los discursos de odio entre una gran parte de la población.
Ello conlleva que, aunque esté extendido el concepto de la democratización de los Derechos Humanos, cada vez es más visible cómo se ha ido vaciando de derechos el discurso y sigamos viéndonos en la tesitura de defender el derecho más básico, como es el derecho a una vida digna, el cual va aparejado, inevitablemente, al derecho a la libre circulación, puesto que desde que el ser humano es ser humano, la movilidad ha sido y es una característica intrínseca a su supervivencia.
Y es, precisamente, la privación de estos derechos lo que demuestra que, quizás, nunca hubo Derechos Humanos Universales, puesto que éstos sólo pertenecieron a unos pocos, quienes a día de hoy, los están viviendo de manera limitada.
El discurso antimigratorio está en auge y resulta especialmente preocupante ante un contexto en el que hay un retroceso de derechos. Lo sucedido en Melilla es una muestra de una regresión de derechos en la que el propio Estado español es partícipe. Estamos en un escenario en el que la política migratoria se enfrenta a que se viole el derecho internacional y a la inmunidad en la violencia en las fronteras.
Salir a la calle
Este sábado, 24 de junio, diversos colectivos y entidades llevaron a cabo nuevos actos para denunciar la impunidad y la falta de respuestas ante la masacre de Melilla.
Con las elecciones del 23 de julio cerca, se exige que los partidos políticos se comprometan públicamente con la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la masacre. La obligación del Estado español es la de facilitar los mecanismos para una investigación independiente, además de poner a disposición inmediata de las familias afectadas por la masacre, todos los mecanismos necesarios para la búsqueda de las personas desaparecidas, así como para la identificación y recuperación de los restos de las víctimas mortales. Sin olvidar la implementación efectiva de los medios que permitan iniciar el procedimiento de protección internacional en las delegaciones diplomáticas, a través del artículo 38 de la Ley de Asilo, así como la creación de otros mecanismos legales y seguros para obtener visados y solicitar protección internacional en el Estado español desde otros países.
En Aragón se convocaron dos concentraciones el sábado 24. La primera en Zaragoza, a las 12.00 horas en la Plaza España, frente a la sede de la DPZ. La segunda en Uesca, a las 19.00 horas, en la Plaza Concepción Arenal.
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