La protección urbanística de la huerta de Movera frente a la implantación de grandes proyectos fotovoltaicos deberá volver a tramitarse. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha anulado la Modificación Aislada 214 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Zaragoza al considerar que el Ayuntamiento no realizó la preceptiva tramitación ambiental ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA).
La resolución judicial llega en un contexto marcado por la movilización vecinal y social contra la proliferación de macroproyectos renovables sobre suelos agrícolas de alto valor. Movera ha sido en los últimos meses uno de los puntos de referencia de estas protestas, con movilizaciones impulsadas por colectivos integrados en la Plataforma 13M que han reclamado la paralización cautelar de proyectos como los vinculados a Forestalia-Levitec.
Desde la Plataforma en Defensa de la Huerta de Movera trasladan su “respeto a la decisión judicial”, aunque reconocen no compartirla. El colectivo considera que la objeción recogida en la sentencia es “una cuestión meramente formal y no material”, ya que, remarcan, el propio fallo reconoce que la modificación urbanística protegía “las características peculiares de la huerta de Zaragoza”.
En este sentido, la plataforma agradece “la rápida respuesta” del Ayuntamiento de Zaragoza para volver a tramitar la modificación del PGOU, esta vez “con las debidas garantías medioambientales”, con el objetivo de garantizar “la protección adecuada de los suelos de regadío en todo el término municipal”. Al mismo tiempo, reclama que mientras se desarrolla este nuevo procedimiento se adopten medidas cautelares, entre ellas la suspensión de licencias.
ZeC denuncia una “cadena de errores” del Gobierno de Chueca
Desde Zaragoza en Común han exigido responsabilidades políticas al concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, y a la alcaldesa, Natalia Chueca, al considerar que la sentencia evidencia “graves errores jurídicos y administrativos” que han puesto en riesgo la protección de la huerta y favorecen los intereses de las empresas promotoras.
“Ya no estamos ante un hecho aislado, sino ante una cadena de errores jurídicos y administrativos que evidencian una gestión profundamente negligente por parte del Gobierno de Natalia Chueca”, ha afirmado el concejal de ZeC Suso Domínguez. “La sentencia pone de manifiesto que el Ejecutivo municipal ha actuado sin el rigor jurídico necesario, comprometiendo precisamente aquello que decía querer proteger”, añade.
La formación recuerda que esta sentencia se suma a otra resolución reciente del propio TSJA relacionada con la planta fotovoltaica Clarita, en la que se obligó al Ayuntamiento a autorizar el proyecto en la huerta de Movera tras considerar ilegal la suspensión de licencias decretada por el Gobierno municipal y reconocer el derecho de la empresa por silencio administrativo.
ZeC recuerda además que ya en 2021 solicitó una moratoria para ordenar la instalación de renovables y analizar sus efectos sobre el territorio. “En periodo electoral el Gobierno del PP anunció la protección de la huerta para la implantación de renovables, pero es una regulación que llegó tarde y se hizo de manera negligente y chapucera y ha acabado siendo anulada por los tribunales”, sostiene Domínguez.
La formación subraya que la sentencia “va mucho más allá de una mera cuestión procedimental” y cuestiona la interpretación jurídica defendida por el Ayuntamiento durante la tramitación. Según ZeC, el Consistorio consultó al INAGA sobre el procedimiento ambiental aplicable y recibió como respuesta que debía tramitarse una evaluación ambiental simplificada, aunque posteriormente defendió que la modificación no tenía carácter estructural.
Sin embargo, el propio TSJA rechaza ese planteamiento y afirma que “las cosas en Derecho son como son, no como queramos que sean”. La sentencia concluye que la Modificación 214 constituye “una modificación estructural, o cuando menos pormenorizada”, dada “la trascendencia de los cambios normativos y la afectación general al suelo no urbanizable”.
Para Zaragoza en Común, estas afirmaciones desmontan el relato del Gobierno municipal del Partido Popular y evidencian que el expediente se construyó sobre una interpretación jurídica que los tribunales han rechazado.
“El Ayuntamiento pierde en los tribunales, debe asumir las costas judiciales, se debilita la seguridad jurídica de la planificación urbanística y quienes salen beneficiadas son las empresas promotoras, mientras la huerta de Movera continúa viendo amenazada su conservación”, advierten desde la formación.
Por ello, reclaman aprobar “de forma inmediata” una moratoria que suspenda nuevas instalaciones fotovoltaicas sobre suelos de alto valor agrícola hasta que exista una regulación “plenamente ajustada a derecho” que garantice la protección de la huerta tradicional y evite que nuevos proyectos puedan consolidar derechos por errores administrativos.
Para ZeC, que el Gobierno municipal haya anunciado una nueva tramitación de la modificación urbanística supone reconocer que el expediente anterior “estaba mal planteado desde su origen”. “Si ahora reconocen que van a hacer lo que la ley exigía desde el principio, están admitiendo implícitamente que actuaron de forma incorrecta”, concluye Domínguez.
La formación exige que Víctor Serrano asuma responsabilidades políticas por una gestión que, aseguran, “ha acumulado errores de enorme trascendencia jurídica” y que relacionan con otros conflictos urbanísticos como Torre Outlet o el reciente caso del SPA de Ranillas.
