Representantes de treinta colectivos de una decena de territorios han celebrado este miércoles un acto de denuncia ante el Congreso español en Madrid, después de presentar una iniciativa parlamentaria en defensa del inmenso patrimonio histórico inmatriculado por la Iglesia católica.
Bajo el lema “Recuperando nuestro patrimonio público”, la coordinadora que agrupa al movimiento patrimonialista ha querido expresar su indignación por la claudicación del Gobierno de coalición ante el expolio episcopal de más de cien mil bienes registrados a su nombre en virtud de un subterfugio jurídico claramente inconstitucional.
Minutos antes, representantes de la coordinadora Recuperando han entregado en el registro del Parlamento un escrito con tres peticiones muy precisas. La primera de ellas se refiere al anteproyecto de la Ley de Patrimonio Histórico y reclama un listado de los monumentos que, según el borrador de la nueva norma, no podrán ser vendidos por la Iglesia a terceros, salvo al Estado. Además pregunta si su exclusión del tráfico mercantil representa consecuentemente la consideración de dominio público, tal como sostienen muchos juristas.
“De lo contrario, bienes de enorme valor patrimonial y cultural, como la Giralda de Sevilla, el arte prerrománico asturiano o la Mezquita de Córdoba, que hoy figuran en el registro de la propiedad privada tras su inmatriculación por los obispos, podrían en un futuro ser vendidas como lo han sido otros tesoros artísticos de profunda raigambre histórica”, denuncian desde Recuperando.
En el escrito, la coordinadora también solicita la declaración de nulidad en el plazo de seis meses de todas las inmatriculaciones “realizadas por la Iglesia con el único título de certificación eclesiástica”, lo que supone un claro privilegio predemocrático para los diocesanos, al ser equiparados con fedatarios públicos.
Finalmente, pide un listado completo y detallado de todas las inscripciones episcopales practicadas entre 1946, el año en que se promulgó la reforma franquista de la Ley Hipotecaria, y 2015, cuando fue derogada.
El inventario publicado por el Gobierno a principios de año solo incluía, de manera fragmentaria e insuficiente, las inmatriculaciones efectuadas entre 1998 y 2015. Ese catálogo rondaba los 35.000 registros en solo 17 años, lo que induce a estimar en más de 100.000 los bienes apropiados por los prelados.
La coordinadora patrimonialista ha celebrado este miércoles reuniones con varios grupos parlamentarios, entre ellos, Unidas Podemos, PNV e Izquierda Confederal, y tiene el compromiso de hacerlo en breve con el PSOE y EH Bildu. También ha cerrado un encuentro en los próximos días con altos responsables del Ministerio de Justicia.
Recuperando ha recibido con sorpresa y contrariedad la pasividad del Gobierno en la cuestión de las inmatriculaciones. “No es de recibo que el Ejecutivo de coalición dé carpetazo al expolio de miles de bienes por los obispos, gran parte de los cuales integran el legado cultural de todos los ciudadanos y ciudadanas desde tiempo inmemorial”, protesta el coordinador del colectivo, Andrés Valentín.
“Mucho más cuando tanto el PSOE como Unidas Podemos se comprometieron en su programa de Gobierno a poner en marcha modificaciones legislativas para anular las inmatriculaciones”, remacha.
Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil y portavoz de Recuperando, subrayó, por su parte, que el “Gobierno tiene la obligación de promulgar una reforma legislativa que clarifique qué bienes pertenecen al dominio público y cómo van a ser protegidos legalmente para evitar apropiaciones como esta”.
Esta misma tarde verá la luz un nuevo colectivo patrimonialista en Madrid, que es de los pocos territorios que hasta ahora no tenían una organización ciudadana específica.
