Tras el fin del estado de alarma, el Tribunal Supremo tendrá la última palabra sobre las restricciones 

El Gobierno español ha aprobado un decreto que pretende evitar la situación que se dio el verano pasado, por el que permitirá a los territorios acudir al Supremo para que se pronuncie sobre los recursos judiciales en torno a las restricciones, una vez finalice el estado de alarma este domingo. El Alto Tribunal ha emitido un informe que cuestiona la "posible insuficiencia" del decreto-ley del Ejecutivo para regular derechos.

Tribunal Supremo.

El Gobierno español ha anunciado que dejará en manos de las gobiernos territoriales el grueso de las nuevas medidas para luchar contra la pandemia una vez decaiga el estado de alarma este domingo, 9 de mayo, a las 00.00 horas. Unas restricciones sobre las que en adelante tendrá la última palabra el Tribunal Supremo en lugar del tribunal superior de justicia de cada territorio (el TSJA en el caso de Aragón).

El Consejo de Ministros y Ministras ha aprobado este martes un decreto-ley que permitirá a los territorios recurrir en casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo la "presunta vulneración de derechos fundamentales" en sus medidas de control de la pandemia, que deberá resolver en cinco días hábiles, lo que a juicio del Ejecutivo de Pedro Sánchez "mejorará la seguridad jurídica y dará más coherencia al sistema".

De este modo, el Ejecutivo español abre una vía para que, a partir del 9 de mayo, los territorios puedan seguir adoptando medidas que supongan la limitación de derechos o libertades fundamentales, y que necesitan el aval judicial, como los cierres perimetrales, el toque de queda o la limitación de grupos. Es decir, no descarta que se puedan mantener estas restricciones, pero deja al Supremo la última palabra al respecto.

Según ha explicado la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, se trata de una "innovación jurisdiccional" que ofrece a los gobiernos territoriales un "paraguas de protección" en esta nueva fase y permite "afrontar la salida del estado de alarma con tranquilidad y seguridad". El Gobierno español quiere , tras el fin del estado de alarma, los tribunales no avalaron en algunos casos las restricciones aprobadas por los gobiernos territoriales.

El Supremo cuestiona el decreto 

Sin embargo, el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo ha emitido un primer informe sobre el decreto-ley aprobado por el Gobierno español, para que el Alto tribunal tenga la última palabra sobre las restricciones sanitarias que adopten los territorios tras el estado de alarma, en el que plantea una serie de problemas procesales y apunta a una "posible insuficiencia" de este tipo de norma para regular cuestiones que afectan a derechos fundamentales.

El informe arranca anticipando que "no se va a examinar" una serie de cuestiones porque "requieren de un estudio profundo que ahora no puede abordarse" al tratarse de "una nota de urgencia". Sin embargo, menciona entre estas cuestiones, aunque sin desarrollarlo, "el problema de la posible insuficiencia o inadecuación del rango de la norma empleada (decreto-ley) para regular una cuestión como esta, que incide en derechos fundamentales" y para cuyo escenario los territorios ya se están preparando.

Apunta asimismo, como parte de los asuntos que no va a comentar, "el problema de la constitucionalidad de la posición institucional en que se viene a situar a los tribunales de justicia, como una suerte de copartícipes ejecutivos en el proceso de adopción de medidas administrativas, al modo de las competencias administrativas compartidas".

El Gabinete Técnico advierte de que, aunque el decreto-ley dice que el Tribunal Supremo "fijará doctrina" con estas resoluciones, "ha de tenerse en cuenta que eso puede no ocurrir". Sobre esto, el informe explica que puede suceder que, "dado que se prescinde del trámite previo para determinar si concurren los requisitos legales para admitir el recurso, sea la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS la que en su resolución establezca que debe inadmitirse por eso o porque no hay interés casacional" (por ejemplo por ser "una cuestión puramente casuística") y no estudie ni se pronuncie sobre el fondo del asunto.

A este respecto, lamenta que se suprima la fase de preparación del recurso de casación ante el TSJ o la Audiencia Nacional, permitiendo que se presente directamente ante el Supremo, lo que "plantea numerosos interrogantes y problemas prácticos" referidos sobre todo a la imposibilidad de filtrar esos requisitos legales y el interés casacional.

Igualmente, expresa dudas sobre la posibilidad real de poder cumplir con los plazos establecidos por el decreto-ley, que son más cortos que los habituales, debiendo resolver el Supremo en unos ocho días, sumados los tres de traslado a las partes para que aleguen y los cinco posteriores para que el TS dictamine.

Con todo, sostiene que "la reforma así introducida va a tener un impacto muy significativo sobre la Sala Tercera del Tribunal Supremo" y anticipa que "la sección encargada de tramitar y resolver estos recursos necesitará con alta probabilidad de la asistencia del Gabinete Técnico, para poder cumplir los plazos", por lo que considera "urgente" que se le dote de "medios personales y materiales", denunciando que su personal ya está "saturado de trabajo".

Lambán: "El toque de queda nos podría venir bien para después del 9 de mayo"

El presidente aragonés, Javier Lambán, ha insistido este martes que Aragón "está en mejores condiciones que el resto para poder afrontar el control de la pandemia" cuando expire el estado de alarma "gracias a la Ley 3/2020", aprobada por las Cortes el pasado mes de diciembre por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria. "Aragón es el único territorio que ha legislado para poder gestionar las limitaciones", ha dicho Lambán.

Lambán ha precisado que el toque de queda "nos podría venir bien" para después del 9 de mayo. Esta medida, junto al confinamiento perimetral de todo Aragón, son "las únicas" restricciones que no podrían legislar con la norma aragonesa. Por otra parte, ha comunicado que este miércoles, la consejera de Sanidad, Sira Repollés, dará a conocer cómo será "el escenario pos 9 de mayo".


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