Catalunya ha vivido este viernes la Diada más atípica que se recuerda. La pandemia de COVID-19 ha obligado a reformular los actos, y por primera vez desde 2012 no ha habido manifestaciones multitudinarias en la calle. Sin embargo, 131 movilizaciones descentralizadas ante edificios de la administración española han servido para tomar un nuevo impulso en el camino hacia la independencia, pedir a JxCat y ERC que aparquen sus diferencias, y denunciar la represión.
El Gobierno español ha argumentado que "los partidos independentistas plantean la aceptación de un referéndum de autodeterminación que no es aceptable" por lo que el diálogo "se encalla". Desde el Govern aseguran que el Gobierno español ha abandonado la negociación al haber cedido ante la "derecha y ultraderecha". Por su parte, el PP mantiene la convocatoria ultra de este domingo a la que se han sumado Cs, Vox y otros partidos de extrema derecha y sostiene que el Ejecutivo de Sánchez es "el Gobierno de la mentira".
En la primera votación, la de este sábado, Torra podría ser investido si obtiene la mayoría de votos del Parlament, pero JxCat y ERC suman 66 escaños por lo que les faltarían dos para llegar a los 68 necesarios. En segunda ronda, el lunes, sólo necesitaría mayoría simple siempre que la CUP mantenga la abstención de sus cuatro diputados.
La elección de Torra permitirá desencallar la investidura tras varios meses de bloqueo: este diputado no tiene causas judiciales pendientes y tiene los votos garantizados de su grupo y ERC, además de la abstención de la CUP. Roger Torrent abrirá este viernes una nueva ronda de consultas con el fin de proponer al diputado de JxCat como candidato a la investidura como president de la Generalitat.
El consejo político de la CUP ha decidido abstenerse en el debate de investidura para el que JxCat y ERC plantean a Jordi Sànchez como candidato a president de la Generalitat, después de que Carles Puigdemont anunciara la retirada "provisional" de su candidatura
La CUP proposa els Decrets de la Dignitat en el marc del "deplegament de la República" com a alternativa a "la situació de pobresa generalitzada provocada per l'aparell judicial i polític del Règim del 78", que "avantposa els interessos de les elèctriques i d'altres multinacionals a les necessitats de la gent"