El agua de Zaragoza, independientemente venga del Canal Imperial o del río Aragón presenta, en un sentido metafórico, una alta concentración en dudas. Unas dudas tanto en lo referente a la gestión del abastecimiento cuanto (y en mayor medida) referente a la depuración, generadas por la dilación en la toma de decisiones y por una tradicional falta de información y participación de la ciudadanía que, después de tantos años de pagar, puede que no sepa muy bien qué está pagando.
Denuncian que este pasado jueves, en el Consejo de Ecociudad, se aprobó “de manera unilateral, la ampliación de la concesión de la gestión de la depuradora de la Cartuja a la empresa Veolia por seis años más a cambio de que lleve a cabo inversiones para subsanar las deficiencias”, mientras ZeC ha exigido “el sellado del colector y una inspección con el fin de certificar, tal y como exige la CHE, que no se ha usado éste para verter directamente al río desde una de las empresas más contaminantes de Malpica”
La concesión para la explotación privada de esta depuradora finaliza en 2024, tras un gasto de 494 millones de euros, y unos costes de explotación que doblan a los de la depuradora pública de l’Almozara. Por ello, la Red de Agua Pública de Aragón plantea la necesidad de “un diálogo con la alcaldía y los grupos municipales, en el que será indispensable que se escuche la voz de los colectivos vecinales y ciudadanos”.