El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) que defiende la fijeza para el personal público en condición de interinidad en fraude de ley, de acuerdo con la normativa y jurisprudencia europea, considera un “avance destacado hacia la fijeza” la rectificación de su doctrina que ha hecho pública hoy el Tribunal Supremo. Según se estima, son unas 17.000 en personas en la administración autonómica, el 28,5 % de la plantilla total, formada por casi 60.000 personas.
“Es clave para alcanzar la estabilización del personal temporal en fraude de ley de las Administraciones, ya que reconoce la situación de abuso a partir del tercer año de contrato o nombramiento”, destaca STEPA. La Sala Cuarta del Supremo ha asegurado este lunes que una duración superior “debe considerarse injustificadamente larga, lo que comportará que el trabajador interino pase a ostentar la condición de indefinido no fijo”. El problema, según STEPA, es que esta figura no está claramente regulada en la legislación española, y “debería asimilarse a la de trabajador fijo a extinguir”.
STEPA cree que la figura del indefinido no fijo no es la adecuada para sancionar el abuso, ya que según indica la sentencia de 19 de marzo de 2020 del Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE), en su punto 102, “el indefinido no fijo no es sanción adecuada porque no permite alcanzar la finalidad perseguida por la cláusula 5 del Acuerdo Marco, ya que esta figura no permite disfrutar de las mismas condiciones de trabajo que el personal fijo”, por lo que se sigue sancionando el abuso con más precariedad.
No obstante, tras el cambio de doctrina anunciado, habrá que esperar a la primera de las sentencias deliberadas y votadas en el pleno del Tribunal, que se dará a conocer en breve, según un comunicado difundido hoy por el Supremo.
STEPA considera que una reforma administrativa como la que impulsada por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública que dirige Miquel Iceta debe dejar claras todas estas cuestiones. “Todo lo contrario del decretazo que están negociando y pretenden aprobar con la aquiescencia de algunos sindicatos como CCOO, UGT Y CSIF, para castigar todavía más al trabajador en abuso de temporalidad en lugar de a las administraciones infractoras. Ahora más que nunca debe retrasarse esta reforma, para transponer de una vez por todas la Directiva Europea y las numerosas sentencias del TJUE, no solo de cara al futuro, sino para sancionar el abuso cometido con los trabajadores actuales, mediante su transformación en ‘fijos a extinguir’”, subrayan.
