Exigen solucionar los “contratos en fraude de Ley de las Administraciones Públicas” del personal interino

Concentraciones en diferentes localidades de Aragón durante este pasado viernes 18, han exigido al ministro Iceta, al presidente Lambán, al alcalde de Zaragoza, y al resto de responsables de las diferentes administraciones aragonesas “la retirada del borrador donde se modifica el Estatuto Básico del Empleado Público” y “cumplir la legalidad como exige la directiva 1990/70 de la Unión Europea”.

Las Organizaciones Sindicales y plataformas que este pasado viernes, 18 de junio, se manifestaron en distintas localidades aragonesas, exigen al ministro español de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, “la retirada del borrador donde se modifica el Estatuto Básico del Empleado Público -EBEP-, que lejos de dar solución al problema de las personas empleadas públicas en abuso, las pone frente al despido libre y gratuito, y precariza aún más el empleo público”.

“Ministro y autoridades ¡señor Lamban! ¡señor Azcón! ¡alcaldes de municipios ¡presidentes de diputaciones y comarcas! tenéis que sentaros a negociar con todas las organizaciones sindicales y también con las plataformas del personal interino, porque representamos a la clase trabajadora empleada pública y tenemos mucho que decir. Seguir con la aceleración de los falsos procesos de consolidación como con el ‘Icetazo’, provocará, como ya se está produciendo, el despido de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras del sector público que han estado contratados en fraude de Ley por las administraciones públicas, sin ningún tipo de compensación ni indemnización”, enfatizan de los sindicatos convocantes.

30.000 trabajadores y trabajadoras de la administración en Aragón con contratos temporales

Los sindicatos estiman que alrededor de 30.000 trabajadores y trabajadoras en Aragón “llevan contratados como temporales más de 20 años, cuando Europa -directiva 1990/70 de la Unión Europea- tan solo permite un máximo de tres años”.

La administración nacional aragonesa cuenta con poco menos de 60.000 trabajadores y trabajadoras, y, de entre ellas, 28.800, el 48,4%, son temporales. A esta cifra, hay que sumar otros 10.000 más de la administración estatal en Aragón, o de organismos autónomos como la Universidad de Zaragoza.

El Departamento de Sanidad de la DGA es el que más temporales suma, con el 53,4%, que alcanza un 47% en el caso de la administración general, un 43% en Educación, o un 40% en entidades de derecho público, como el Instituto del Agua o la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.

Concentración en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza

“No existe ninguna inspección, ni ninguna sanción que determine cuando una trabajadora o un trabajador está en abuso. Estamos totalmente indefensos. Cuando nos echan a la calle, no hay ningún tipo de indemnización por despido, ni por supuesto, ningún tipo de sanción”, denunciaba Pilar Remírez, portavoz del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón -Stepa-.

Los sindicatos Ista, Cata, Stepa, Stea, Somos, Stopel, y SF denuncian que “es una vergüenza que sean las administraciones públicas las que tratan peor a sus empleados y empleadas, quienes proponen precarizar, emplear y despedir a su antojo y dejar a las personas afectadas en la más absoluta indefensión. Las administraciones públicas, en vez de cumplir la ley, han mantenido a este personal en sus puestos durante años y, en muchos casos, décadas, sin convocar procesos selectivos o convocando un porcentaje de plazas ridículo, aprovechándose de estos trabajadores con menos derechos, mayor disponibilidad y flexibilidad”.

“Hemos pasado procesos de selección y demostrado en el día a día nuestro mérito y capacidad. Ahora arguyen cuestiones legales después de haber incumplido sus propias normas y las directivas europeas de obligado cumplimiento. Es una afrenta para los sindicatos que de verdad velan por los derechos de la clase trabajadora, que las administraciones vayan mucho más allá en recortes de derechos laborales que lo que marca el propio Estatuto de los Trabajadores para el sector privado, al que inspeccionan y sancionan”, recalcan.

Concentración en la plaza San Juan de Teruel

Asimismo, denuncian que “mientras , los ‘otros’, los sindicatos del acuerdazo, CCOO, UGT y CSIF, dejan en el más absoluto desamparo y desprotección a más de 800.000 empleadas y empleados públicos -en el conjunto del Estado español-. Pues no tienen razón y así lo ratifican las sentencias y autos del tribunal de justicia europeo. Los trabajadores temporales de más de tres años de antigüedad somos, sin duda, las víctimas de estas prácticas fraudulentas, por incumplir lo dispuesto en el propio EBEP y en las directivas. En ningún modo somos responsables, como quieren hacernos creer, de la actual situación”.

Los sindicatos convocantes demandan que:

  • La administración determine las personas que se encuentran en abuso de temporalidad de las administraciones y que no se produzca ningún cese hasta que se establezcan los mecanismos necesarios para su consolidación real.
  • Se establezca una sanción al abuso conforme a la Directiva Europea 1999/70/CE.
  • Se retire el ICETAZO y se planteen soluciones que tengan en cuenta la voz de los afectados.
  • Se potencien y refuercen los servicios públicos recuperando todo el empleo perdido por los recortes y las privatizaciones.

“Si el ministro, Lambán, Azcón y resto de dirigentes no nos quiere escuchar, nos van a tener enfrente, lucharemos por el cumplimiento de la directiva 1990/70 de la Unión Europea que exige al Estado español que acabe con este abuso de temporalidad. ¡Este otoño va a ser caliente!”, concluyen.

Concentración en la plaza Cervantes de Uesca

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