El miércoles, 30 de julio, se celebró una rueda de prensa organizada por la asociación SOS Ribagorza “para denunciar públicamente las ilegalidades e inconsistencias de la telecabina Benasque-Cerler”, en castellano, Benás-Sarllé, en aragonés. A la misma acudieron, además de la propia asociación SOS Ribagorza, organizaciones ecologistas y representantes de distintos partidos políticos.
De entre las organizaciones ecologistas presentes junto a las obras de la estación de llegada de la telecabina, participaron representantes de Ecologistas en Acción, de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón (PDMA) y de la Fundación para la protección del Quebrantahuesos (FCG), respecto a la representación de partidos políticos participaron, el diputado en el Congreso por CHA-Sumar Aragón, Jorge Pueyo, el diputado de IU en las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz, así como el responsable de organización de Podemos Aragón, Ricard Mitjana y el secretario de organización de Chunta Aragonesista, José Ramón Ceresuela.
El acto tuvo lugar junto al aparcamiento del Molino de la estación de esquí de Cerler/Sarllé “al lado de donde está iniciada la construcción de la estación de llegada de la telecabina. Tras la rueda de prensa y debate sobre la situación, se han visitado las obras dónde se ha podido apreciar la tala a matarrasa de arbolado y desmonte que se está realizando para abrir la traza de la telecabina”, destacan desde SOS Ribagorza, y añaden que “se ha constatado que estos trabajos no cumplen los requisitos que estableció la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto, que exigía que el corte de arbolado debía ser el mínimo necesario para mantener el gálibo de las cabinas a lo largo del recorrido y que se debía respetar la vegetación de arbustos y herbáceas bajo la traza”.
“De acuerdo con el proyecto y la DIA, para las excavaciones de las pilonas en las zonas de bosque inaccesibles se hacía imprescindible emplear helicópteros para el transporte de la maquinaria y materiales, de manera que se ha incumplido la DIA al acceder por la traza donde ya se ha eliminado toda la masa de vegetación y cobertura del suelo en varios cientos de metros”, subrayan.

Leitner desoye las denuncias
Estos hechos, a pesar de haber sido denunciados por entidades ecologistas y sociales al Seprona de la Guardia Civil “e informados por los Agentes de Protección de la Naturaleza, no han tenido efecto en la empresa constructora Leitner, que ha desoído las denuncias y ha hecho lo más conveniente para facilitar y economizar la obra en vez de respetar el medioambiente. Tanto es así, que el Seprona comunicó que presentaba una denuncia ante la fiscalía de medioambiente de Uesca por estas actuaciones”, aseveran desde SOS Ribagorza.
Largo listado de irregularidades
Desde la entidad cívica ribagorzana destacan “el incumplimiento de las condiciones de no causar un daño significativo al medioambiente (Do No Significant Harm) requeridas por la Unión Europea para la concesión de la subvención de 16 millones de euros con la que se está sufragando el proyecto”. “Como ya se ha indicado, en este momento ya ha quedado probado el incumplimiento de esta premisa, motivo por el que la Comisión Europea puede reclamar la devolución de los fondos así como los correspondientes intereses. Estos hechos han sido también denunciados en Madrid por el 5G ( que engloba a Ecologistas en Acción, WWF, SEO birdlife, Amigos de la Tierra y Greempeace) ante el Ministerio de Industria y Turismo mediador de la subvención Europea”, recuerdan.
También se ha recordado “la incongruencia que supone el hecho de que, con el beneplácito del INAGA, el Ayuntamiento de Benás sea en esta obra a la vez el promotor y el encargado de realizar la vigilancia ambiental, lo que le sitúa en una posición de conflicto de intereses al ser el mismo órgano el interesado en la ejecución de la obra y el encargado de sancionarla o paralizarla cuando se incumplan los requerimientos de la DIA, constatándose con claridad que no ha ejercido sus obligaciones hasta la fecha”.
Por todo ello, desde SOS Ribagorza, se ha instado a que “de forma urgente, se pare la obra, se cambie el órgano de control y se depuren responsabilidades ante los responsables que han permitido cometer estos destrozos a pesar de haber sido denunciados y advertidos con anterioridad y, se repare con urgencia el medio natural conforme lo que establecían las prescripciones de la DIA”.

Incongruencia y falta de viabilidad del Plan Pirineos
Por su parte, las entidades participantes también han hecho hincapié en otros aspectos relevantes. Se han referido “a las incongruencias y falta de viabilidad del Plan Pirineos en el que se engloba este proyecto que fomenta más la especulación inmobiliaria que el asentar población”, y han recordado “las reclamaciones que se han efectuado a la administración por no respetarse las distintas figuras de protección con que cuenta el paraje dónde se ha realizado la actuación”. Igualmente, se ha hecho mención a que este proyecto “no cubre las necesidades de transporte y movilidad sostenible de los vecinos entre Benás y Sarllé en base a las cuales se había justificado el proyecto para poder obtener la subvención dentro del plan de Resilencia promovido por el Ministerio de industria y Turismo junto con la DGA”. “Este hecho también está denunciado y se espera una respuesta urgente dada la gravedad de los hechos ya consumados al iniciarse la obra”, enfatizan.
“Se ha constatado la falta de decisión de las distintas administraciones que han dejado de lado el interés general a favor de intereses particulares durante la elaboración de este proyecto y su vigilancia ambiental” y recuerdan desde SOS Ribagorza que “el proyecto está judicializado” y esperan “una resolución contra el mismo en fechas próximas”. “Presidente Azcón, en vez de venir a Benasque a poner la primera piedra de la telecabina, paralice la obra y asuma responsabilidades en su administración”, recalcaban.
Finalmente, las formaciones políticas participantes “se han comprometido a poner en conocimiento ante la Unión Europa los incumplimientos observados para que se investigue si es necesario poner fin a la financiación irregular de este proyecto que incumple los principios medioambientales exigidos”, concluyen desde SOS Ribagorza.

