El principal argumento es el incumplimiento manifiesto de los objetivos que justificaron la asignación de la subvención tanto en la convocatoria estatal como en la europea. En un escrito dirigido al Ministro de Industria y Turismo y a la Ministra de Transición Ecológica, las principales organizaciones ecologistas del país expresan su profunda preocupación por los graves incumplimientos en la tramitación del proyecto, que cuenta con el apoyo del Ministerio.
Las organizaciones ecologistas suscriben las alegaciones enviadas por SOS Ribagorza a la Secretaría de Estado de Turismo, donde se detallan las irregularidades cometidas por el Ayuntamiento. Entre los puntos denunciados destaca que la telecabina no cumple con los objetivos para los que se solicitó y concedió la subvención: mejorar la comunicación entre Benás y Sarllé mediante un transporte público verde y sostenible, y fortalecer la competitividad turística. Sin embargo, la solución adoptada (una telecabina que atraviesa un bosque entre Benás y la estación de esquí de Aramón Cerler) no responde a estos objetivos. "Además, resulta difícil justificar que aumentará el atractivo turístico durante las temporadas sin nieve, dado que conecta Benás con un aparcamiento de una estación de esquí cerrada, accesible gratuitamente en diez minutos por carretera", señalan en la nota de prensa remitida a AraInfo.
La denuncia también pone de manifiesto que el acceso a los fondos Next Generation no cumple con los principios medioambientales, que exigen no causar un daño significativo al medio ambiente. Desde el momento en que se opta por un trazado que atraviesa un bosque, deteriora el paisaje, afecta a un Lugar de Interés Comunitario y a una zona de campeo y protección del quebrantahuesos, estos principios dejan de cumplirse. La instalación de pilonas de 20 metros de altura y la construcción de kilómetros de pistas de acceso para el plan de salvamento comprometen seriamente el respeto al entorno.
Otro aspecto preocupante es la falta de aplicación del principio de precaución, dado que "el proyecto prevé transportar hasta 500 personas a la vez sin que existan medidas adecuadas para abordar los riesgos identificados". Las entidades ecologistas apuntan que no han sido elaborados "planes de evacuación y salvamento ante posibles inundaciones, vientos fuertes, incendios forestales, riesgos geológicos ni ante una posible detención prolongada de la instalación. La inexistencia de estas medidas hace imposible cuantificar ni las afecciones ambientales globales ni la justificación económica de la obra".
Asimismo, se ha señalado un incumplimiento administrativo clave: la subvención exigía que, a fecha 31 de diciembre de 2024, se realizara un gasto intermedio del 50%. No obstante, el contrato para la ejecución de la obra se firmó el 7 de enero de 2025,
incumpliendo claramente esta condición indispensable para la justificación de la subvención.
Por todo ello, los grupos ecologistas instan al Ministerio de Industria y Turismo a "considerar el documento elaborado por SOS Ribagorza y a impedir con urgencia que las obras ocasionen un daño ecológico irreversible, incompatible con los principios que guían los fondos Next Generation de la UE". La asociación solicita al Ministerio que exija la devolución de la subvención por incumplimiento de sus bases, evitando así un grave perjuicio social y medioambiental en Benás.
Finalmente, SOS Ribagorza insta al Ayuntamiento de Benás a "paralizar la construcción de la telecabina hasta que se disponga de un proyecto que cumpla con los objetivos de la subvención y respete la declaración de impacto ambiental aprobada". También recuerda que el proyecto está pendiente de resolución judicial y que el juez no estimó la paralización cautelar que se solicitó, dado que, si se respetan las condiciones establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental, y si en sentencia firme se estimara la demanda, cualquier afección al bosque sería reversible mediante la retirada de las pilonas y la repoblación con especies similares. Por ese motivo el juez estima que no se puede ejecutar la paralización cautelar de la obra y que el promotor sería quien debería decidir si espera a la sentencia o se arriesga a su construcción.
