Esta anómala situación ya fue denunciada por SOS Ribagorza y asociaciones medioambientalistas sin éxito, que señalan que “el Ayuntamiento de Benás no actúa ante las denuncias presentadas por SOS Ribagorza sobre los incumplimientos de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por parte de la empresa constructora, asociada de Leitner”
Leitner está talando “miles de arbustos y centenares de árboles que se podrían podar, o incluso respetar, ya que lo que se pretende conseguir es que guarden una distancia de metro y medio al paso las cabinas”, aseveran. “Esto es lo razonable debido a que las pilonas tienen una altura que rondan los 20 metros de altura y es obvio que muchos árboles, incluso centenarios, se pueden respetar o podar”, pero “el ayuntamiento permite incumplir la DIA porque es más rápido y rentable cortar de forma indiscriminada a matarrasa en una longitud de 1.400 metros de bosque”, recalcan.
“Increíblemente este destrozo incontrolado está financiado con fondos europeos que deben cumplir obligatoriamente ‘no causar daño significativo al medio ambiente’, así, entendemos que habrá que devolver los fondos tras observarse su incumplimiento en Europa”, vaticinan.
“Fines especulativos: construcción de segundas residencias”
Desde SOS Ribagorza denuncian “que este es un episodio más de la política de hechos consumados en el diseño y construcción de esta telecabina mal planteada y que ampara el gobierno de Azcón con fines especulativos de construcción de segundas residencias. Desde que ‘cayó esta subvención venida del cielo’ todas las administraciones están siendo seguidistas de este proyecto que no cumple con los requisitos para ser asignada y que acabarán pagando los vecinos del municipio o, solidariamente, todos los aragoneses para beneficio particular de unos pocos”.
“Esta situación anómala de que el ayuntamiento sea ‘juez y parte en el proceso’ fue denunciada ante el INAGA que tiene la potestad de cambiar al órgano sustantivo que se encarga de vigilar que se cumplan las condiciones pactadas en la Declaración ambiental para el desarrollo de la obra. Igualmente ante las denuncias presentadas al Servicio de medioambiente y turismo de Uesca, pero nos quedamos atónitos cuando en vez de actuar ante los incumplimientos nos dicen que envían la denuncia al promotor de la telecabina”, relatan.
¿Paralización de las obras hasta que se cumplan las condiciones de respeto al medioambiente?
Desde SOS Ribagorza se preguntan “¿por qué no actúan ante las denuncias y paralizan las obras hasta que se cumplan las condiciones pactadas de respeto al medioambiente en la construcción de la telecabina y exista un plan de vigilancia ambiental que la respete?”, y explican que “de momento ni el INAGA, ni el servicio de medioambiente, ni el ayuntamiento de Benás, instituciones públicas que deben garantizar la vigilancia ambiental, se han interesado en hacerlo. Sólo el Seprona se hace eco del incumplimiento, pero mientras no actúe la fiscalía de medioambiente, Leitner va a seguir ahorrando mediante los incumplimientos de la Declaración de Impacto Ambiental”, enfatizan.
“El último incumplimiento es claro y como ciudadanos nos indigna que lo permitan: van a usar la traza para llevar maquinaria pesada aunque la DIA obliga a respetar matorrales y herbáceas de la misma. Pero claro, entre amigos, es mucho más económico incumplir la norma y destrozar la traza que llevar la máquina excavadora con helicóptero a la excavación como estaban obligados hacer”, recalcan.
“Expolio del Bosque de la Mosquera”
A juicio de SOS Ribagorza “es sorprendente que Leitner, Azcón y el alcalde de Benás, simultáneamente al expolio del Bosque de la Mosquera, estén saliendo en la prensa con las bondades del transporte público verde y sostenible que están realizando de forma conjunta”.
Finalmente, recuerdan que “la legalidad del proyecto está en los tribunales” y que esperan “una sentencia favorable en los próximos meses que defienda los intereses generales de los ciudadanos, haciendo cumplir a las administraciones con la legalidad vigente y realizando la restitución de los daños causados”.
Una futura “sentencia que esperamos sirva de lección para que las grandes empresas y la administración pública cumplan con sus obligaciones medioambientales y no se den más casos de impunidad contra el medioambiente entre instituciones públicas e intereses privados por la lentitud de la justicia”, concluyen.
