Hasta el consejero de Hacienda del gobierno de coalición PP-Vox-PAR, Roberto Bermúdez de Castro Mur, a priori nada sospechoso pues de mantener tesis independentistas, ni para Aragón, su país, ni para Catalunya, uno de sus países vecinos (fue el encargado de aplicar in situ el 155 con el que el PP desde el Estado español castigo a nuestras vecinas), dice que “defenderemos la singularidad financiera de Aragón, pero siempre en la mesa común”.
Así pues, el dirigente del PP, Bermúdez de Castro, no dice sino una obviedad: que como ciudadano, y aún más como gobernante, tiene la obligación de cumplir la ley. Aunque hasta ahora no lo haya hecho. Pero más allá de cuestiones federal-gastronómicas y ya sea en una “mesa común” o en coquetas mesas separadas, el jefe de sala de la Hacienda aragonesa -aká consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón- debe cumplir la ley en su integridad, y no sólo aquellos apartados de su conveniencia, ideológica o personal.
Por su parte, otro de los socios del gobierno de coalición, el PAR, ha reiterado que “nuestros derechos históricos y el Estatuto de Autonomía nos hace diferentes”, y por ello “Aragón debería tener una financiación propia porque nuestros derechos históricos permiten una Hacienda Foral”, recordando “el Derecho Foral de Aragón y el Estatuto de Autonomía, que en su artículo 108 mandata la suscripción con el Estado de un acuerdo bilateral de financiación”.
Desde la oposición, y también recientemente, Jorge Pueyo, de CHA-Sumar Aragón, emplazaba al Gobierno español a “cumplir con la singularidad financiera” recogida en el Estatuto de Autonomía de Aragón, recordando a sus socios en el gobierno español que “cualquier nueva reforma del sistema de financiación que emprenda el Gobierno deberá tener en cuenta las demandas y necesidades de Aragón. Esto es una línea roja que marca el límite a cualquier apoyo parlamentario de CHA”.
La Hacienda Foral aragonesa
Ya en 2018 las Cortes de Aragón aprobaban dotar a Aragón de una Hacienda foral propia. El Pleno de las Cortes apelaba a la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía para reservarse la posibilidad de dotar a Aragón de una Hacienda foral propia, al tiempo que ya reclamaba la aplicación, "a la mayor brevedad posible", del artículo 108 de la norma institucional básica, que permite firmar un convenio de financiación singular dentro del régimen común de financiación territorial entre Aragón y España.
La Deuda Histórica del Estado español con Aragón supera los 20.000 millones de euros
Antes, en 2016 el Pleno de las Cortz d’Aragón aprobaba por unanimidad la creación de una Comisión Especial de estudio sobre la Deuda Histórica con el objetivo de concretar “el cálculo estimado al que asciende la deuda histórica que el Estado tiene contraída con Aragón por las decisiones tomadas en los últimos treinta años,…, y del incremento que día a día la misma pueda sufrir, en tanto que no se dé por saldada”. Así, que a esos 20.000 millones habría que sumar el cálculo de la deuda del Estado español con Aragón en los últimos ocho años.
La Ley de Derechos Históricos de Aragón
Una de las naciones europeas con más peso histórico y mayor influencia en el pasado político del continente, Aragón, se ve sometida a la presión de nacionalismos fuertes que la rodean por los cuatro puntos cardinales (francés, vasco, español, y catalán), lo que habitualmente implica la manipulación interesada de nuestra rica y larga historia en beneficio de alguno de estos cuatro nacionalismos. Con Ley de Derechos Históricos de Aragón, nuestro país le explicaba brevemente al mundo, y así mismo, cual ha sido su historia, sin fantasías ni alardes, pero parece que cuando nuestro pequeño país escribe su historia la histeria cunde entre los más fuertes.
