La polémica en torno a la puesta en marcha de la Unidad Égida de la Policía Local de Zaragoza continúa creciendo. Apenas tres días después de que toda la representación sindical desmintiera públicamente al Ayuntamiento y negara la existencia de un acuerdo para la creación de la unidad integrada en el sistema VioGén, los sindicatos vuelven a la carga denunciando que el gobierno municipal ha dado por cerrada la negociación de forma unilateral. A las críticas se ha sumado ahora también la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza, que cuestiona la falta de recursos y los retrasos acumulados en un dispositivo destinado a la protección de mujeres víctimas de violencia machista.
La representación sindical municipal asegura que el pasado viernes, a las 14:00 horas, el Ayuntamiento remitió un documento comunicando el cierre de la negociación sin acuerdo y sin que la propuesta hubiera sido sometida a votación. Según denuncian, el Gobierno municipal fijó unilateralmente las condiciones económicas de la futura unidad después de haber anunciado el día anterior en los medios de comunicación un supuesto avance que ya fue desmentido por CCOO, CSIF, CSL, OSTA, Solidaridad con Forzapol, STAZ y UGT.
Negociación rota y amenaza de movilizaciones
Los sindicatos rechazan las acusaciones de retrasar la puesta en marcha de la Unidad Égida y recuerdan que han solicitado reiteradamente acelerar el proceso. De hecho, señalan que el propio Ayuntamiento informó de que la formación específica del personal no comenzará hasta después del verano, por lo que consideran que existe margen suficiente para continuar negociando cuestiones esenciales que siguen sin resolverse.
Entre ellas citan la elaboración de un protocolo de actuación y colaboración, la definición de funciones y responsabilidades o el sistema de selección del personal. La representación sindical rechaza especialmente que los puestos se cubran mediante libre designación y defiende que una unidad especializada de estas características debe regirse por los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Las organizaciones sindicales también critican la valoración económica prevista para quienes integren la unidad. Según denuncian, las condiciones impuestas por el Ayuntamiento sitúan las retribuciones de las y los agentes por debajo de la mitad de las que percibe el personal de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que desarrolla funciones similares.
“Resulta especialmente llamativo que el Gobierno municipal valore tres veces más la disponibilidad del personal municipal destinado a la recogida y rescate de animales abandonados que la de quienes deberán atender y proteger a mujeres víctimas de violencia de género”, señalan.
Los sindicatos recuerdan además que la pasada semana solicitaron formalmente a Natalia Chueca que asumiera personalmente la dirección de las negociaciones. Sin embargo, denuncian que no han recibido respuesta alguna. Ante esta situación anuncian el inicio de un calendario de movilizaciones si la alcaldesa no interviene para reconducir un proceso que consideran cerrado de manera unilateral y contrario al diálogo social.
“¿Es realmente una prioridad para el Ayuntamiento?”
A las críticas sindicales se ha sumado la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza, que cuestiona la gestión municipal de la incorporación al sistema VioGén y se pregunta si la protección de las mujeres frente a la violencia machista constituye realmente una prioridad para el Ayuntamiento.
La entidad recuerda que la adhesión de Zaragoza al sistema fue anunciada por primera vez en 2019 y denuncia que han tenido que transcurrir seis años para llegar a la situación actual. Durante ese tiempo, sostienen, el movimiento feminista reclamó reiteradamente la integración en una herramienta que permite mejorar la coordinación institucional y el seguimiento de los casos.
Aunque reconocen que la formalización de la adhesión a finales de 2025 supone un avance, consideran que existen motivos para cuestionar el alcance real de la medida. Entre ellos destacan que una ciudad de más de 700.000 habitantes y con más de un millar de casos activos de violencia machista cada año pretenda afrontar el dispositivo con únicamente nueve agentes.
“Nos preguntamos cómo podrá garantizarse una protección efectiva con unos recursos tan limitados y cuál será la capacidad real de respuesta ante una problemática de esta magnitud”, señalan.
La Coordinadora también expresa su preocupación por la falta de información sobre la puesta en marcha efectiva de la unidad. Tres meses después de aprobarse su creación, aseguran que sigue sin conocerse cuándo será seleccionado el personal, cuándo comenzará la formación especializada o cuándo estará plenamente operativa.
“Las mujeres merecen mucho más”
Las organizaciones feministas recuerdan además que las prioridades políticas se reflejan en los presupuestos, en los recursos humanos disponibles y en la capacidad real de los servicios públicos para responder a las necesidades de las víctimas.
“Cuando una medida tarda seis años en materializarse y lo hace con recursos claramente insuficientes, tenemos derecho a preguntarnos si la prioridad son realmente las mujeres o la construcción de un relato político en torno a la violencia de género”, advierten.
La Coordinadora de Organizaciones Feministas sostiene que las mujeres víctimas de violencia machista “merecen políticas públicas ambiciosas, sostenidas en el tiempo y dotadas de recursos suficientes”, así como profesionales especializados, coordinación institucional efectiva y sistemas de protección capaces de actuar con rapidez y eficacia.
“Las mujeres y criaturas víctimas de violencias machistas de Zaragoza parecen importarles poco o nada”, concluye el comunicado, que reclama que la protección frente a la violencia machista deje de convertirse en una cuestión de imagen, titulares o escenificación política y se traduzca en recursos reales y eficaces.
