Natalia Chueca celebró este miércoles tres años al frente del Ayuntamiento de Zaragoza con un acto marcado por los elogios a la gestión municipal, nuevos anuncios sobre asfaltado y luces, y una valoración final que resumió el tono del acto: “Tras un balance de gestión histórico, poco más se puede hacer”. Sin embargo, el relato optimista de la alcaldesa encontró una rápida respuesta en la oposición municipal, que dibuja una ciudad muy distinta a la presentada por el Gobierno del PP.
Mientras Chueca reivindicaba los logros de su mandato y avanzaba nuevas actuaciones como el refuerzo de la Operación Asfalto, la creación de la Operación Baldosas, el proyecto ReluzYDos o la ampliación de la flota de Bizi Zaragoza, Zaragoza en Común y PSOE cargaban contra una gestión que consideran marcada por la propaganda, las polémicas urbanísticas y el abandono de las necesidades cotidianas de los barrios.
Lo que Chueca contó (y lo que no) en su balance de tres años de gobierno
Durante su intervención, la alcaldesa puso el foco en las inversiones realizadas durante el mandato y en los proyectos que, según defendió, están transformando la ciudad. Sin embargo, en su balance no hubo referencias a algunas de las principales controversias que han acompañado estos tres años de legislatura.
Entre ellas figuran los debates sobre la venta de suelo público para promociones residenciales privadas, las sucesivas modificaciones urbanísticas vinculadas a los terrenos de Alumalsa o del antiguo convento de Jerusalén, las críticas por la gestión económica y la falta de transparencia denunciadas en torno a La Romareda, la paralización de la segunda línea del tranvía o los conflictos relacionados con la movilidad y el caos por la concentración simultánea de obras en distintos puntos de la ciudad.
Tampoco estuvieron presentes cuestiones como los incendios recurrentes en el Parque Tecnológico de Reciclaje López Soriano de La Cartuja, que han provocado preocupación vecinal y reclamaciones de mayor control y transparencia, ni los debates sobre vivienda pública, servicios sociales o la creciente dependencia de Vox para sacar adelante iniciativas municipales.
ZeC: “Una ciudad más desigual y privatizada”
La crítica más dura llegó desde Zaragoza en Común. Su portavoz, Elena Tomás, sostuvo que los tres años de gobierno de Natalia Chueca han consolidado un modelo basado en “la política de amigos”, donde se priorizan los intereses privados frente a las necesidades de la mayoría social.
“Chueca ha gobernado a golpe de despacho, sin escuchar a los barrios, sin dialogar con el tejido vecinal y sin construir una ciudad para todos y todas. Ha preferido las fotos, los focos y los grandes anuncios a resolver los problemas cotidianos de la gente”, afirmó.
La formación denunció un “continuo trasvase de recursos públicos hacia intereses privados” y vinculó esa estrategia a operaciones urbanísticas y proyectos como Distrito 7, La Romareda o el Parque de Atracciones. También criticó la venta de suelo público para vivienda privada mientras, a su juicio, sigue sin impulsarse una ampliación significativa del parque municipal de vivienda asequible.
Tomás acusó además al Gobierno municipal de convertir Zaragoza en una ciudad “hipotecada a 30, 50 y 75 años” para favorecer negocios privados y reprochó la falta de avances en cuestiones como la segunda línea del tranvía, los equipamientos públicos o la inversión en los barrios.
“Han convertido el Ayuntamiento en una agencia de comunicación. Zaragoza necesita políticas públicas que mejoren la vida de la gente, no campañas permanentes de autopromoción”, señaló la portavoz de ZeC.
PSOE: “Más centrada en su promoción personal”
Desde el PSOE, Lola Ranera calificó el balance realizado por la alcaldesa como un ejercicio de “autocomplacencia alejado de la realidad que viven los vecinos y vecinas de la ciudad”. “Natalia Chueca está gobernando de espaldas a los barrios, en un mundo irreal, más centrada en su promoción personal que en resolver los problemas de los zaragozanos”, afirmó.
La portavoz socialista reprochó a la alcaldesa que utilizara parte de su comparecencia para cargar contra el Gobierno español y aseguró que Zaragoza carece actualmente de grandes proyectos transformadores comparables a iniciativas impulsadas en anteriores etapas municipales.
Ranera puso especial énfasis en la movilidad y la vivienda. Criticó la falta de avances en la segunda línea del tranvía, denunció problemas de planificación en las obras que afectan a distintos barrios y cuestionó la venta de suelo público para promociones privadas. “Zaragoza necesita soluciones habitacionales reales, no operaciones inmobiliarias que expulsan a quienes más necesitan apoyo”, sostuvo.
La dirigente socialista también aludió al abandono de barrios como Parque Venecia, a la preocupación existente en La Cartuja por los incendios en el PTR y a proyectos que calificó de “chapuzas”, como el Parque de Atracciones o Giesa.
Además, cuestionó decisiones como la eliminación de los Puntos Violeta, la situación del sistema Viogén, la Ordenanza Cívica o las protestas de las comunidades educativas por las altas temperaturas en las aulas.
La “ciudad de escaparate” que denuncia CHA
Las críticas de ZeC y PSOE coinciden con las realizadas esta misma semana por Chunta Aragonesista. Su portavoz municipal, Chuaquín Bernal, acusó al Gobierno de Chueca de convertir Zaragoza en “un inmenso atasco” mediante la concentración simultánea de obras en distintos puntos de la ciudad.
CHA considera que esta acumulación de actuaciones responde a una estrategia orientada a llegar a las próximas elecciones con una “ciudad de escaparate”, priorizando la imagen del Gobierno municipal frente al bienestar cotidiano de la ciudadanía.
Con el debate sobre el estado de la ciudad cada vez más cerca y a menos de un año de las próximas elecciones municipales, el balance de los tres años de mandato realizado por Chueca ha servido también para confrontar dos relatos opuestos sobre Zaragoza. Mientras la alcaldesa reivindica una gestión “histórica”, la oposición sostiene que tras los anuncios, las inauguraciones y los grandes proyectos siguen sin resolverse problemas estructurales relacionados con la vivienda, la movilidad, los servicios públicos o la situación de los barrios.
