El Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Zaragoza, se ha concentrado durante la mañana de este jueves en las escaleras del Paraninfo, a las 8.30 horas coincidiendo con una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno.
A continuación, han celebrado una Asamblea en la Facultad de Economía y Empresa en la que han planteado la situación en la que se encuentra la negociación de la Alternativa a la Retribución por Jubilación que establece su convenio colectivo para personal laboral y el pacto para personal funcionario, y en la que los sindicatos han propuesto un Plan de Movilización.
Ha sido una movilización muy secundada por la plantilla que ha votado en Asamblea a favor de la huelga. En este sentido, la Asamblea ha decidido que durante el mes de mayo y las primeras semanas de junio se realizarán paros y huelgas, coincidiendo con procesos importantes para la Universidad de Zaragoza como son los exámenes de junio, la EvAU o el periodo de matriculación. La Junta de Personal se reunirá la próxima semana para formalizar la convocatoria.
El conflicto ha surgido, según denuncian, como consecuencia de la falta de voluntad del Rectorado para implementar una alternativa que respete el derecho adquirido a una retribución que se percibe en el momento de la jubilación, tras la sentencia del Tribunal Supremo que establece que para pagar esta retribución al personal funcionario no es suficiente que figure en un Pacto, sino que precisa de una norma de rango legal.
Mientras tanto el Personal Laboral de la Universidad podrá seguir percibiéndola pues el Tribunal Supremo no pone objeción a que se regule mediante el Convenio Colectivo.
El colectivo afectado se compone de 1.500 funcionarios y funcionarias, que tiene una media de edad de 58 años. Esta retribución se viene percibiendo desde hace más de 30 años y se perfecciona por tramos de cinco años de prestación de servicios, con un primer tramo de 10 años para acceder a ella.
La acumulación de los tramos formaliza una paga que cotiza a la Seguridad Social que percibe en el momento de la jubilación, por lo que la supresión además incide en una minoración de la base reguladora de la pensión de jubilación.
Mientras que en otras empresas o Administraciones Públicas se han ido negociando retribuciones o primas en materia de acción social, en la Universidad estos incrementos se han destinado a la retribución por jubilación que ahora el Rectorado no se compromete a abonar.
Los sindicatos han dado un plazo de un mes al rectorado para que se comprometa con una solución que garantice que ningún funcionario perderá parte de sus retribuciones actuales.
