Ante las declaraciones del Rectorado de la Universidad de Zaragoza relacionadas con el conflicto relativo a la acción social de la Universidad, la Junta de Personal de Administración y Servicios se ha concentrado durante la mañana de este jueves.
Desde la Junta de Personal, integrada por los sindicatos SOMOS, CGT, CCOO, UGT y CSIF- indican que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha explicado que el llamado “premio” de jubilación es una retribución. Se trata de un cambio de criterio muy reciente, puesto que la misma Sala, como el pacto vigente desde hace más de 20 años, lo conceptuaba como acción social hasta hace bien poco.
En realidad, se trata de una mejora de las prestaciones de la Seguridad Social cuando el trabajador finaliza su relación laboral. Nada de lo que se firmó el año 2000 era ilegal. De hecho, el personal laboral de la Universidad de Zaragoza puede seguir cobrando dicha cantidad al amparo de su convenio colectivo.
Por esa misma razón, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado sentencias que afirman su naturaleza de mejora de la jubilación y no la consideran una retribución. Por tanto, para Somos “no estamos ante un problema de ilegalidad radical y absoluta, sino meramente formal”.
La Junta de Personal de Administración y Servicios recuerda que esta retribución es fruto de un acuerdo con la Universidad, una modificación pactada de las condiciones de trabajo de su personal que tuvo lugar hace 23 años durante el proceso de funcionarización de la plantilla laboral y que conllevó también sus correspondientes ventajas económicas para la institución. Beneficios económicos que no ha dejado de percibir desde el inicio de la vigencia de este Pacto ni tampoco a día de hoy, tras la famosa sentencia del 28 de febrero pasado.
En consecuencia, la desaparición de esta retribución tiene que ser necesariamente compensada de alguna forma con el fin de preservar la equidad de dicho acuerdo: “Quien lleva más de 30 años trabajando en esta casa no puede quedarse sin nada de la noche a la mañana”, añaden.
El Rector de la Universidad de Zaragoza ha declarado que "se han presentado propuestas de negociación a los representantes sindicales, pero no han sido escuchadas ni acordadas y que la representación del personal no ha hecho propuestas para la sustitución del premio”.
Desde el sindicato rechazan tal afirmación por “su falsedad”, y le recuerdan que nuestra primera propuesta fue presentada a Gerencia mucho antes de la aparición de ninguna sentencia que la pusiera en entredicho, y fue rechazada por su parte.
La Junta de Personal, y la Comisión Negociadora del Pacto-Convenio, no ha dejado de proponer para su estudio numerosas ideas con el objeto de encontrar acomodo jurídico a esta prestación en el nuevo marco diseñado por el Tribunal Supremo.
La Junta niega también la afirmación que hace el Rectorado acerca de sus iniciativas. Hasta el momento, las ideas presentadas (plan de pensiones y suscripción de seguro) han sido retiradas por el equipo rectoral, al ser desaconsejadas por sus propios expertos. Seis meses antes de publicarse la sentencia del Tribunal Supremo la Universidad ya suspendió la concesión de oficio de esta prestación y, tras las movilizaciones del personal, anuló esa orden y siguió pagando la retribución hasta el momento de dictarse la misma.
El Personal de Administración y Servicios es un colectivo compuesto por 1.750 personas, sin las cuales la Universidad no podría funcionar. De ellas, unas 40 personas con derecho a percibir esta retribución, entre las recientemente jubiladas y las que lo harán en lo que resta de año, están afectadas por la suspensión.
La prestación tendría un importe aproximado de 19.000 euros por persona, pues acumulan una antigüedad media de 33 años de servicio.
El personal de la Universidad de Zaragoza ha perdido su confianza en el Rector. Desde la parte sindical le piden “un compromiso claro por el cual reconozca que el derecho a la prestación por jubilación sigue vigente y que se compromete a cumplirlo. Y nos ofrecemos a debatir y negociar la fórmula concreta que resulte más adecuada, pero sin merma de nuestros derechos. Todo ello con la vista puesta en el mejor interés de la Universidad y su plantilla”.
