El machismo contamina con su violencia, de menor o mayor intensidad (de los micromachismos al asesinato), todos los sectores y rincones de nuestra sociedad. Tan sólo los espacios, digitales o analógicos, creados por las propias mujeres, son pequeños oasis de seguridad para denunciar estos casos, para al menos compartir con las iguales un desahogo, puesto que ni el sistema judicial, ni el policial, ni siquiera el educativo escapan de la omnipresencia del machismo depredador y consentido. Los abusos, agresiones y acosos sexuales, y los delitos de violencia machista contra las mujeres, son cometidos por hombres sin distinción de credo, ideología, nacionalidad o clase social, y se sufren en el deporte, en la cultura, en el entorno familiar o más cercano, en el laboral, el espiritual, el tiempo libre o en la política, en cualquier espacio público o privado. Dejando a las mujeres desprotegidas y solas ante la lacra del terrorismo machista e incluso cuestionando, una y otra vez a las víctimas de los actos machistas y ofreciendo un sin fin de excusas para los agresores.
Por si esto no fuera lo suficientemente grave e indignante, en los últimos días asistimos atónitas a un cruce de acusaciones entre los partidos políticos del Régimen del 78 para dilucidar cual de ellos es más o menos machista. Déjenlo, no insistan, no se trata de saber quien es más machista, lo son casi todos ustedes, se trata de actuar con toda la contundencia para detener los crímenes del machismo, para que no campe a sus anchas por redacciones, juzgados, comisarias, tribunas, alcobas, canchas y sacristías. Se trata de creer a las mujeres cuando denuncian actos de machismo, de escucharlas, acompañarlas y protegerlas, sin paternalismo y sin cuestionarlas, del miso modo que, en una sociedad sana, a nadie se le ocurre cuestionar a las víctimas de cualquier otro tipo de terrorismo.
La información que sigue es sólo una muestra de actos machistas (graves, los micromachismos rara vez aparecen en los medios), recogidos en noticias publicadas únicamente durante los últimos meses.
El episodio, de lo que ojalá se convierta en un rebrote de la campaña #SeAcabó, protagonizado por Íñigo Errejón, es el arranque de esta incompleta lista a modo de ejemplo.
Como explicaba Zuriñe Rodriguez en su artículo “El silencio colectivo que sostuvo a Íñigo Errejón” publicado en El Salto “tenemos las tripas revueltas y los mensajes de whatsapp no dejan de llegar. Creo que no me equivoco si digo que la dimisión de Íñigo Errejón -Sumar- es la crónica de una muerte anunciada. Y es eso, lo que resulta profundamente doloroso: se ha esperado en silencio su adiós y, ahora, la noticia es el adiós, y no el silencio colectivo”, y recalcaba “para que las víctimas puedan hablar, el pacto de silencio patriarcal que opera en las altas esferas de la política se tiene que romper y no solamente fracturar”.
Pero no es sólo en ‘las altas esferas’, también entre ‘los mandos intermedios’ y ‘la militancia’ se repiten los casos de terror machista. Recientemente AraInfo publicaba el caso de un ex concejal del PP en Uesca: “El alumnado del IES Goya de Zaragoza contra la continuidad del profesor condenado por maltrato: solicitamos su inhabilitación inmediata”. La movilización estudiantil exigía el cese del profesor y exconcejal del Partido Popular de Uesca, Luis Antonio Irzo Bueno, que fue condenado a siete años de prisión por maltrato continuado a su mujer y a sus tres hijos. Sin embargo, el Juzgado de lo Penal número 1 de Uesca conmutó la condena por un curso de formación en violencia de género y 510 días de trabajos en beneficio de la comunidad, que tras negarse a cumplir, saldó abonando 1.530 euros de multa.
El inconmensurable trabajo de Cristina Fallarás, apoyada en sus redes sociales, recogiendo voces de mujeres víctimas del machismo no sólo ‘destapó’ el caso de Errejón, sino otros muchos, hace escasos días se conocía que un político del PSOE de Badajoz también sería responsable de una agresión sexual.
Destacado también es el caso de Carlos Flores, diputado de Vox y candidato de la formación ultraderechista a la presidencia de la Generalitat valenciana en las pasadas elecciones. Flores fue condenado en 2002 por un delito de violencia contra su exmujer, acompañado de múltiples episodios de coacciones, vejaciones e injurias. Según la sentencia, acosó a su expareja durante meses, incluso en presencia de sus hijos, llegando a proferir insultos y amenazas en repetidas ocasiones. Flores no solo acosaba verbalmente a su exesposa bajo el balcón de su vivienda y en la entrada del colegio de sus hijos, sino que también la intimidaba siguiendo a la familia por la calle y dirigiendo insultos al abuelo materno de los menores. El relato de los hechos probados en el fallo judicial destaca el uso reiterado de amenazas y descalificaciones como “ladrona”, “puta” o “secuestradora de niños”, así como la afirmación de que la perseguiría “hasta la muerte”. La conducta machista de Flores generó un impacto profundo en la salud mental de su exmujer, quien desarrolló ansiedad, insomnio y episodios de pánico que le llevaron a mudarse a Barcelona en busca de un entorno más seguro y alejado del terror machista.
Los actos de terror machista de Flores tuvieron consecuencias, pero no las esperadas, pues este pasado septiembre el Ayuntamiento de València otorgaba un premio de igualdad al diputado ultra de Vox condenado por maltrato. Una macabra burla a todas las mujeres y a la sociedad en su conjunto.
Otros casos de ejemplo, son el de Juan Carlos Fernández, concejal del PP en Ribadavia (Ourense), que el pasado mes de septiembre fue detenido por violencia machista y puesto a disposición judicial, quedando en libertad con medidas cautelares que le impiden acercarse a menos de 300 metros o comunicarse con la víctima y denunciante. Presentó su dimisión al alcalde y registró formalmente su salida argumentando que ese era “el mejor paso para evitar dañar la imagen del consistorio y del gobierno municipal”. También el de Javier Liso Salesa, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Badajoz, que fue condenado por violencia de género tras la denuncia de su pareja. Fue sentenciado a 22 días de trabajos comunitarios, se le retiró el permiso de armas por dos años y debe guardar una orden de alejamiento de su pareja. O el de Ángel Hernández, exprocurador del PSOE en las Cortes de Castilla y León, que renunció a todos sus cargos políticos y públicos después de ser detenido por presuntos delitos de violencia machista, entre los que figuraban amenazas, acoso, coacciones y maltrato. Fue arrestado el pasado mes de febrero tras gritar y golpear repetidamente la puerta de la vivienda de su pareja, y posteriormente fue puesto en libertad con medidas cautelares por la cuales se le prohibía acercarse a menos de 300 metros de la víctima o comunicarse con ella.
También hace escasos días se republicaba el caso de Josep Barberà, elegido presidente de la federación valenciana de ERC e investigado por presunto acoso laboral y sexual tras la denuncia interna de la que fuera su número dos, María Pérez Company. En octubre de 2023, la entonces secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la responsable del área de Feminismos, Raquel Sans, formalizaron la denuncia en el canal ético del partido. Sin embargo, la investigación interna, tras recibir un informe de parte de la presunta víctima, fue cerrada al entender que no existían suficientes pruebas contra Josep Barberá.
Otros dos casos de ejemplo, también de los últimos días son los de los alcaldes del PP en Algeciras (Cádiz) y Estepona (Málaga). El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona ha iniciado diligencias previas por una denuncia de un funcionario del Ayuntamiento contra el alcalde de la localidad, José María García Urbano. Se le acusa de un presunto delito de acoso sexual. Por su parte, el alcalde de Algeciras y senador del Partido Popular, José Ignacio Landaluce, está siendo investigado por un presunto caso de acoso sexual hacia dos concejalas de su Ayuntamiento.
Finalmente, retomamos el hilo de lo que explica Belén Sánchez en su artículo “El látigo de la indiferencia” publicado en AraInfo | Dairio Libre d’Aragón, para hacer nuestra su reflexión animando a que sea colectiva “estos días, tras mucho pensar y, sobre todo, tras muchas dudas por la complejidad que pone sobre la mesa ‘el caso de Íñigo Errejón’, escribo pensando en redirigir la atención mediática de los últimos días centrada en lo sexual y lo penal, para poner el foco sobre los mecanismos previos de manipulación y abuso de poder que se dan en las relaciones humanas”.
