La formación de Izquierda Unida (IU) ha presentado 210 enmiendas al proyecto de ley de Presupuestos de Aragón para 2023, 57 al articulado y 153 a las diferentes secciones, algo más de 60 millones de euros.
El coordinador general y portavoz parlamentario de IU, Álvaro Sanz, ha declarado que “estas enmiendas pretenden impulsar modelos públicos en un momento decisivo y complejo, pero plagado de oportunidades, y que tienen un carácter más político que estrictamente presupuestario, ya que se centran en los procedimientos para hacer política a la hora de invertir las partidas que en la cuantía que se les asigna”.
En cuanto a las enmiendas al articulado, las brechas de desigualdad han sido agravadas por esta crisis que puede solventarse con una reforma fiscal socialmente justa y progresiva. Se propone no mermar los recursos públicos, de forma que los beneficios tributarios a las rentas bajas se compensen con la recaudación de rentas y patrimonios más altos e impuestos ambientales.
IU plantea mecanismos que cuestionan la viabilidad ecológica del modelo productivo, con una apuesta clara por el autoconsumo y las comunidades energéticas y la clarificación de los macroparques de energías renovables. “Son necesarias para que estos presupuestos garanticen la sostenibilidad y viabilidad del territorio para hacer frente a la crisis climática y no poner alfombra roja a las grandes empresas ni replicar modelos antiguos”, responden.
Las enmiendas a estos presupuestos pretenden poner en funcionamiento servicios públicos fuertes que enfrenten las brechas de desigualdad, reforzando los programas propios y los que se llevan a cabo con las corporaciones locales, como la atención a la violencia machista desde las comarcas, las oficinas municipales de información al consumidor y consumidora y la ayuda a domicilio, que sugieren incrementar con 4 millones de euros.
En sanidad, están enfocadas a una visión integral de salud, que va a las unidades de base y cumple una labor preventiva. Desde Izquierda Unida proponen otro modelo sanitario que no se fundamente en la hospitalización y la farmacología, en favor del fortalecimiento de las redes básicas de atención: la salud mental, la unidad de atención y seguimiento de adicciones y el aumento y actualización de personal del equipo básico de atención primaria, con más de 8,5 millones y medio de euros.
En materia social, se centran en mejorar la cobertura de las personas vulnerables, incrementando la cuantía de la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital (PACIMV) a 600 euros. Proponen modificar la ley, corrigiendo “la injusticia que transformó el IMV en el techo de nuestra prestación cuando debería ser el suelo en el que apoyarnos e incrementar la cuantía máxima anual de las ayudas de pobreza energética hasta 450 euros, avanzando así en políticas de prevención de la pobreza”. Mientras en vivienda se busca la consolidación de un derecho con la dotación de recursos propios para el parque de vivienda social.
En cuanto a cooperación, y en línea con las demandas de la Federación Aragonesa de la Solidaridad (FAS), IU plantea el cumplimiento del Pacto por la Cooperación destinando un 0,2% del presupuesto propio al final de la legislatura, de forma transversal al conjunto de los departamentos, ya que debe considerarse política de gobierno. Esto supone un incremento de 7 millones de euros.
En materia educativa refuerzan su compromiso con la educación pública. Y se propone mejorar las condiciones financieras de los centros, una apuesta por la mejora de la red de orientadores y la gestión directa de las auxiliares de educación infantil. Se recuperan las subvenciones para las escuelas municipales de música y se habilitan dos partidas para el plan de cocinas in situ y un plan de recreos inclusivos.
También se han registrado enmiendas para el desarrollo de la Ley de Memoria Democrática en Aragón, el apoyo a los parques culturales, el fomento de actividades didácticas y de dinamización en museos y bibliotecas y actuaciones relacionadas con la preservación del archivo histórico provincial de Zaragoza.
En agricultura y ganadería, la formación refuerza los instrumentos de apoyo al modelo social y familiar, con enmiendas que pretenden incrementar el patrimonio agrario (banco de tierras) que será protagonista de la nueva ley, la modernización de explotaciones, la incorporación de jóvenes al campo, la promoción de la venta directa, la transformación agroalimentaria más artesanal y el control de la cadena alimentaria.
En el ámbito económico, las enmiendas de IU inciden en el impulso de la prevención de riesgos laborales y la economía social.
Las enmiendas asimismo responden a las demandas de los colectivos sociales que llevan tiempo exigiendo recursos, como por ejemplo, el impulso decidido de un centro integrado de servicios sociales en el ACTUR, el tratamiento de las personas afectadas por Idental, la garantía de inversión en cultura en 25 euros/habitante, la defensa del ferrocarril como eje vertebrador de la movilidad y la gestión pública de las carreteras territoriales, así como la reindustrialización de las comarcas aragonesas.
“Si no hay voluntad para considerar estas enmiendas IU no votará a favor”, ha declarado Sanz. El portavoz afirma también que hay que elegir cómo queremos salir de esta crisis y, para la formación de izquierdas es garantizando servicios públicos y políticas de sostenibilidad, de igualdad y de descentralización económica que permita avanzar hacia un nuevo modelo productivo.
