IU Aragón presenta 108 enmiendas a la ley de la contratación pública para que apoye a las administraciones pequeñas

Álvaro Sanz, Coordinador de IU Aragón y portavoz parlamentario, ha hecho hincapié en que prime la calidad del servicio y el precio no sea el único criterio ponderable

Álvaro Sanz en el debate de una ley
Álvaro Sanz. Foto: Cortes de Aragón.

Sanz ha expresado que exigirán más ambición ante la propuesta de ley del uso estratégico de la contratación pública. La considera una ley pertinente que se expone en un lenguaje accesible en un tema tan denso como es el de la contratación pública y piden que haya un debate importante que sirva para mejorar las condiciones y facilitar los procesos.

Destaca el hecho de que esta ley avanza en aspectos como el compromiso social y medioambiental, dentro de la cooperación y el respeto a la legislación básica y al derecho de la Unión Europea, con novedades beneficiosas para la ciudadanía aragonesa.

Especialmente por la refundición de normativa dispersa moderna que genera seguridad jurídica y está en los nuevos marcos legislativos europeos y estatales, con sentencias que clarifican, como la resolución de conflictos de contratación por parte de las entidades locales.

Se adapta y toma conciencia de los nuevos retos, más allá del estrictamente economicista, contemplando compromisos sociales, medioambientales, de género, de integración con la diversidad, territorial y de corresponsabilidad de la administración con las subcontratas. Además de poner las nuevas tecnologías al servicio de la simplificación y la transparencia.

Sin embargo, para IU Aragón en la redacción de los principios rectores, los compromisos sociales y ambientales están en segundo plano frente a dos prioridades: la libre competencia y el funcionamiento competitivo de los mercados, con fórmulas de contratación y de subasta que siguen apostando por el precio como único criterio.

El norte sigue estando en la competitividad de los mercados, y no en la calidad de los servicios y el resto de valores”, proponen desde Izquierda Unida utilizar el objeto del contrato para incidir en una contratación pública ecológica, socialmente responsable y de innovación. Y que se incluyan unidades de asesoramiento para las administraciones más pequeñas, con el objetivo de que desarrollen el potencial estratégico que les brinda esta ley, además de su cumplimiento normativo.

La formación de izquierda incide con sus enmiendas en el desarrollo de catálogos de cláusulas y directrices de contratación para sacar el mayor partido posible al uso estratégico con una clara función social y sostenible de la contratación pública.

Entre las principales enmiendas que llevarán a debate está la incorporación de estudios de internalización total o parcial de los servicios que, por inercia de años pasados, se contratan con empresas externas por defecto y con carácter preferente, y que hoy deben evaluarse y ver si la prestación resulta más conveniente de manera directa.

Demandan igualmente que se trate de resolver en parte el problema de liquidez de las pequeñas y medianas empresas y de personas autónomas que se encuentran constreñidas por el incumplimiento de la ley de morosidad por parte de las grandes empresas, generalmente las adjudicatarias de los contratos más relevantes de la administración.

El periodo medio de pago está en 191 días, cuando la ley establece 30. El cumplimiento de los plazos de pago establecidos debe ser una obligación esencial en los contratos e introducir como incumplidoras a las empresas morosas llegando incluso a prohibirles licitaciones futuras.

Además se pedirá reforzar los mecanismos de resolución de los contratos, para evitar los abusos e incumplimientos por parte de las contratistas, y perseguir algunos fraudes como las UTE instrumentales que sirvan para presentar una solvencia técnica ficticia.

Igualmente se reclaman buenas prácticas como reunir al órgano gestor junto al comité de empresa y la empresa para definir las dificultades y carencias de los pliegos de contratación. Una práctica que va más allá del estudio de mercado y permite también la mejora continua de dichos servicios y su racionalización. Se echa en falta desde Izquierda Unida la presencia de los comités de empresa en el observatorio de la contratación pública como garantes de la calidad de los servicios.

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