La Asociación contra el recrecimiento de Yesa Río Aragón ha presentado una alegación dentro del Esquema de Temas Importantes del Plan Hidrológico de cuarto ciclo (2028-2033) en la que reclama al Gobierno del Estado español y a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) que asuman “la inviabilidad técnica y funcional” del recrecimiento del embalse de Yesa y renuncien definitivamente a elevar la cota actual de almacenamiento.
La entidad considera que la tramitación del Modificado nº4 del proyecto representa “la última oportunidad factible para poner fin a esta historia”, después de más de 30 años de obras, sucesivos retrasos, un incremento continuado del presupuesto y crecientes dudas sobre la seguridad de las laderas sobre las que se asienta la presa.
En su alegación, la asociación plantea cuatro demandas principales: detener cualquier aumento de capacidad del embalse, utilizar el Modificado nº4 para consolidar la infraestructura existente sin recrecerla, abrir un nuevo proceso participativo que analice las necesidades hídricas reales y desarrollar un plan de reparación para las poblaciones afectadas por décadas de obras y expropiaciones.
Un proyecto nacido al calor del trasvase del Ebro
La entidad recuerda que el recrecimiento de Yesa fue aprobado en 1992 en el contexto del denominado Pacto del Agua y de los proyectos asociados al trasvase del Ebro. El diseño inicial contemplaba convertir Yesa en el mayor embalse de toda la cuenca y el quinto del Estado español, con una capacidad equivalente a una vez y media la aportación anual del río Aragón.
Sin embargo, Yesa No sostiene que el contexto político, social y ambiental ha cambiado completamente desde entonces. La asociación enmarca el proyecto dentro de la “vieja política hidráulica” superada por los principios de la Nueva Cultura del Agua, que provocaron el abandono del trasvase del Ebro y de buena parte de los grandes embalses previstos.
Según denuncian, mantener el recrecimiento resulta “ambientalmente inconcebible” en una cuenca del Ebro que ya alcanza un 51% de regulación y que llegaría al 60% con la finalización de Yesa. A la oposición histórica desde Aragón y Nafarroa se suma también el rechazo desde Catalunya por las consecuencias sobre el Delta de l’Ebre.
Sobrecostes y críticas del Tribunal de Cuentas
La alegación pone también el foco en el incremento del coste económico de la obra. La asociación afirma que el recrecimiento se ha convertido en “la obra hidráulica con mayor desvío presupuestario del Estado”, superando el 400% respecto al presupuesto inicial.
Recuerdan además que el Tribunal de Cuentas dedicó en 2017 un duro informe al proyecto, cuestionando la planificación y la rentabilidad social de las actuaciones desarrolladas. Según citan desde Río Aragón, el órgano fiscalizador señaló que “la imprevisión acerca del resultado de las actuaciones en Yesa” había alterado el ritmo de ejecución, el coste final y “la rentabilidad social en términos de satisfacción del interés público”.
La asociación sostiene igualmente que el apoyo social al recrecimiento se ha reducido progresivamente y que actualmente se concentra casi exclusivamente en parte del sector agrario de las comarcas situadas al sur del embalse. En este sentido, critican que determinadas fuerzas políticas hayan mantenido “una campaña permanente en torno a una promesa incumplible”, impidiendo “un debate objetivo y sereno” sobre alternativas sostenibles.
La seguridad de las laderas, en el centro del conflicto
Uno de los ejes principales de la alegación es la cuestión de la seguridad geológica de la presa y de sus laderas. Río Aragón recuerda que los primeros grandes problemas aparecieron durante la década de 2010, cuando comenzaron importantes movimientos en el estribo derecho de la presa.
La situación llegó a provocar el levantamiento de varios centímetros en una de las zonas de apoyo de la infraestructura y la declaración del nivel 2 de alarma, en un contexto en el que, según denuncian, el embalse carecía todavía de plan de emergencia. Aquellos problemas derivaron en la expropiación y demolición de 106 viviendas y en nuevas obras de estabilización con elevados sobrecostes.
Desde entonces, el debate público sobre el recrecimiento habría girado desde la oportunidad política del proyecto hacia la propia seguridad de las laderas. La asociación ha recopilado diversos informes técnicos elaborados durante la última década que cuestionan las garantías defendidas por la CHE.
Entre ellos citan el estudio encargado en 2015 por el Ayuntamiento de Zangoza/Sangüesa a la Universidad de Nafarroa, que concluía que “los modelos analíticos” no se correspondían con lo observado en la realidad, el informe elaborado en 2017 por los geólogos Antonio Casas y Antonio Aretxabala para asociaciones de afectados, que señalaba que no podían alcanzarse “valores generosos del factor de seguridad”, o el documento elaborado en 2020 por Geoconsult para el Gobierno de Nafarroa, donde se afirmaba que la ladera derecha se encontraba “en equilibrio estricto”.
Ese mismo año, otro informe realizado por Ingeotyc para el Ayuntamiento de Zangoza advertía de “muchas incertidumbres” en los cálculos de estabilidad y recomendaba “que no se proceda al llenado del recrecimiento”.
El dictamen del CICCP y las dudas sin resolver
La alegación recuerda también el anuncio realizado en 2018 por la entonces ministra Teresa Ribera, quien aseguró que no se avanzaría “ni un paso más” sin disponer de un dictamen definitivo sobre la seguridad del proyecto.
El informe fue encargado al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP) y finalmente se hizo público en 2021, después de permanecer un año y medio sin difundirse oficialmente.
Según resume Río Aragón, el dictamen avalaba continuar las obras pero admitía simultáneamente que era “prácticamente imposible determinar un factor de seguridad para la ladera” y que no existía “ningún modelo predictivo”. También advertía de posibles levantamientos de la presa durante el llenado y de la necesidad de desembalses preventivos de emergencia en caso de incidentes.
La asociación subraya además que los autores del estudio limitaron expresamente el alcance de sus conclusiones a las laderas, dejando fuera los riesgos asociados a las propias presas.
El Modificado nº4 y nuevos retrasos hasta 2031
El documento presentado por Río Aragón reconstruye igualmente la cronología más reciente del proyecto y del llamado Modificado nº4, cuya tramitación sigue pendiente.
En junio de 2023, la CHE anunció oficialmente la suspensión de las obras del recrecimiento hasta la aprobación de ese nuevo modificado. Desde entonces, las previsiones de finalización han ido acumulando retrasos.
En marzo de 2024 la CHE situó el horizonte en 2027, aunque apenas dos meses después el propio organismo reconocía que difícilmente podrían concluir en esa fecha. Ya en 2025 se reveló la necesidad de nuevas actuaciones de consolidación en la ladera derecha, con una inversión añadida de 47 millones de euros y un plazo de ejecución de 36 meses.
El proyecto contempla además nuevos trabajos sobre aliviaderos, drenajes, anclajes y estructuras de impermeabilización. En abril de 2026, el presidente de la CHE reconoció públicamente que el recrecimiento no culminaría antes de 2030 y, el pasado 18 de mayo, afirmó que incluso en el escenario más favorable las obras no finalizarían antes de enero de 2031.
Para Río Aragón, estos anuncios demuestran una “huida técnica hacia adelante” y evidencian que las obras siguen acumulando incertidumbres estructurales.
Las cuatro demandas básicas de Río Aragón
Ante esta situación, la asociación plantea cuatro peticiones concretas a las administraciones responsables. En primer lugar, reclama asumir “la inviabilidad técnica y funcional” del recrecimiento y reconocer que elevar la capacidad actual del embalse supondría “un riesgo inasumible para personas, poblaciones y bienes”.
En segundo lugar, pide utilizar el Modificado nº4 para cerrar definitivamente el proyecto sin aumentar la cota de embalsado, limitando las actuaciones a consolidar la infraestructura existente. Asimismo, exige que dicho modificado salga a información pública dada su trascendencia.
La tercera demanda apuesta por abrir “un nuevo proceso, riguroso y participativo” para determinar las necesidades reales que se pretendían cubrir con el recrecimiento y estudiar alternativas “racionales y sostenibles”.
Finalmente, Río Aragón reclama un plan específico para reparar los daños causados durante décadas de obras en las localidades afectadas, reforzar sus infraestructuras y blindar su seguridad futura frente a posibles nuevos intentos de recrecimiento.
La asociación considera que, después de más de tres décadas de conflictos, retrasos y problemas geológicos, mantener el proyecto en los términos actuales no responde “al verdadero interés general”.
