El de Vantage en Villanueva de Galligo es el noveno proyecto de construcción de centros de datos que declara de Interés General el Gobierno de Aragón. Una figura legal por la que “la empresa queda libre del pago de impuestos y se acortan los plazos de tramitación y los controles públicos”, recuerdan desde Ecologistas en Acción (EeA), y añaden que además, la DGA “autoriza a la empresa promotora a expropiar los terrenos que la empresa ha decidido que le interesan más, sin necesidad de negociación de mercado para la compraventa. Es curioso que un gobierno neoliberal como el actual aragonés no dude en poner lo publico al servicio de grandes empresas extranjeras”.
29 los centros de datos autorizados por la DGA
Este proyecto se va a construir en cinco fases. La primera ya tiene concedida una potencia de 90 MW y pretende ampliarse hasta 520 MW. Su consumo de electricidad será tan brutal que equivaldrá a 1,5 veces el consumo eléctrico de toda la ciudad de Zaragoza y a la mitad del consumo de todo Aragón.
Con este proyecto son, ya, 29 los centros de datos autorizados para su construcción en Aragón, con una potencia de enganche de 5.300 MW y un consumo energético potencial que quintuplicaría el consumo total de Aragón, situando a nuestro país “en una situación extrema de estrés eléctrico con previsibles cortes de suministro para la población”, destacan desde EeA.
“Esta nueva declaración atenta contra la estrategia de desarrollo eléctrico del Gobierno del Estado español que cifra en 3.800 los MW disponibles para centros de datos en todo el Estado para 2030. Por tanto este acto institucional nace con presunción de ilegalidad pero habilita a la empresa a pedir indemnizaciones en caso de que no pueda ejecutar el proyecto. Esto es excesivamente temerario por parte del gobierno aragonés y puede acarrear consecuencias económicas para las familias y empresas aragonesas”, enfatizan desde la entidad ecologista.
Asimismo, aseguran que “también atenta contra los normativas de lucha contra el cambio climático y la desertificación, ya que este proyecto lleva aparejado un consumo brutal de energía que implica directa o indirectamente, el uso de centrales térmicas o la sobrexplotación de pantanos”, y explican que “la empresa NV Energy de Nevada estima que las emisiones de CO2 aumentarán un 53 % debido a la implantación de centros de datos. Como ejemplo, la instalación de grupos electrógenos de respaldo energético equivaldrán a 7.000 coches acelerando al mismo tiempo. Podemos imaginar la contaminación y afecciones para la salud que lleva aparejadas”.
“Además producen una emisión descomunal de calor a la atmósfera, que produce calentamiento global pero, también, isla de calor, que puede afectar a la población local y a la de Zaragoza, especialmente en verano. Esto, además, produce desertificación, ya de por sí grave en Aragón”, recalcan. “Incumple, así mismo, la normativa y el espíritu de las leyes de dinamización económica, usando la declaración de Interés General para un interés privado muy concreto, no para el interés general”, reiteran.
Destrucción de economía local, empobrecimiento y despoblación
Desde Ecologistas en Acción aseguran que “también contraviene las normativas contra la despoblación ya que estos proyectos, como ya se ha demostrado en EEUU, Irlanda, Países Bajos, etc. producen destrucción de economía local, empobrecimiento y despoblación. Sí, es justo lo contrario de lo que anuncian, pero la realidad no se atiene a los anuncios”.
La empresa Vantage gestiona 35 centros de datos en todo el mundo. Y tiene 1.700 trabajadores. “Si descontamos el personal administrativo, queda claro cuántos pueden trabajar en cada centro de datos. Según los estudios independientes del sector, este proyecto podría ocupar a poco más de 100 personas, frente a las 520 que anuncia la empresa y el Gobierno de Aragón. Pero esto ya se ha demostrado falso en Aragón, ya que el proyecto de Amazon” que ya opera en nuestro país “mantiene un empleo todavía menor. Son empleos, en general, de baja cualificación y remuneración”, destacan desde EeA.
“Para que veamos el sinsentido de este proyecto. Vantage tiene 12 centros de datos en Europa, con una potencia media de 54 MW, 10 veces menos que el proyecto que pretende colocarnos el Gobierno de Aragón”, destacan.
Falta de credibilidad de las promotoras de centros de datos
Este último mes “ha sido demoledor para la credibilidad de los centros de datos, pues todas nuestras alegaciones se han visto respaldadas a nivel internacional. Si ya es dudoso que un centro de datos sea útil para Aragón, 29 aprobados o 35 que pretende promover este gobierno, son una ruina sin lugar a dudas”, aseveran desde Ecologistas en Acción.
Un reciente estudio de Harvard ha revelado que empresas eléctricas y administraciones “potencian la llegada de estas empresas y les permiten precios de la electricidad por debajo de coste, por lo que el resto de usuarios, familias y empresas, están subvencionando la electricidad que consumen los centros de datos”.
“Otros estudios han determinado cómo, sin lugar a error, el precio de la electricidad se ha multiplicado allí donde se instalan los centros de datos, hasta casi triplicar su precio en algunos estados norteamericanos, dejando en la indigencia energética a una importante franja poblacional. Tanto es así que Malasia acaba de aprobar tarifas más altas de la electricidad para los centros de datos, para que paguen los costes reales. Medidas similares es están estudiando en Irlanda y en 12 estados norteamericanos y así lo recomiendan varias asociaciones de consumidores, igual que la retirada de prerrogativas administrativas como la declaración de interés general aragonesa. Aragón debe actuar en la misma línea antes de que sea demasiado tarde”, advierten desde EeA.
Asimismo, señalan que a esto se suma “la monopolización de las conexiones por estas empresas, lo que supone una reprivatización de la privatización, es decir, familias y empresas debemos pagar la electricidad contando con el ‘beneficio empresarial’ de las eléctricas, que no es poco y, ahora, también, de los centros de datos, y que produce un efecto expulsión de las empresas realmente creadoras de empleo”.
El informe “El nexo entre el agua y la energía” del Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, pide una moratoria para los centros de datos “para evitar que su proliferación se produzca en circunstancias opacas, con falta de transparencia, participación, acceso a la información y rendición de cuentas”.
“Parece que ha estudiado el caso aragonés. Desde el punto de vista social, la prioridad que se da a estas empresas y las tarifas energéticas de que se benefician producen asimetrías injustas respecto a otros sectores que generan más puestos de trabajo y que merecen una atención preferente”, ironizan desde Ecologistas en Acción.
De una industria productiva y una logística afianzada a centros de datos con sede en paraísos fiscales
El Gobierno de Aragón está cambiando el modelo económico de nuestro país “de una economía basada en las industrias productiva y logística hacia otro basado en los centros de datos, mucho menos intensiva en generación de empleo. La pérdida de empleo empobrecerá Aragón hasta límites desconocidos”, recalcan desde Ecologistas en Acción.
En cuanto al agua “este proyecto no presenta datos, limitándose a decir que casi no consume agua. Si no refrigera con agua, debe hacerlo con energía (un 40 % más de consumo), que es mucho más cara, y estas empresas vienen a pagar lo mínimo. Habrá que ver, ya que el Gobierno de Aragón nos oculta la información. Sospechoso”, subrayan. En cuanto a la contaminación por gases tóxicos como los refrigerantes o químicos anticorrosivos o biocidas “el proyecto no explica nada, algo esencial para conocer las verdaderas afecciones medioambientales”, destacan desde EeA.
Por último, desde Ecologistas en Acción explican que el Gobierno de Aragón “concede la promoción de este proyecto a dos empresas de reciente creación y con un capital social exiguo, que hace imposible que puedan hacer frente a ninguna responsabilidad civil o penal. Además, su radicación en el paraíso fiscal de Luxemburgo ya nos anuncia que no tienen intención de pagar impuestos, ni en el Estado español, ni en Aragón. De hecho, el proyecto anuncia el pago de 5,65 millones de euros anuales en impuestos, un 0,17 % de la inversión a realizar, unas 100 veces menos que lo que paga una familia media aragonesa”, enfatiza la entidad ecologista.
“Todo esto que ya se está viendo por todo el mundo, también se ve en Aragón. Los propios vecinos de Villanueva no notan ningún beneficio por la implantación de estas empresas que, como la de Amazon, ya lleva varios años funcionando. De la prometida riqueza no ven nada. No hay más empleo, ni mejores salarios, ni mejores servicios. A cambio consumen ingentes cantidades de energía y agua. Así lo explicaba una vecina en un reel que se ha hecho viral”, concluyen desde Ecologistas en Acción.
