El Gobierno de Aragón, presidido por Jorge Azcón, continúa rematando los proyectos heredados de anteriores gobiernos, añadiendo el conocido estilo liberal: rebajar impuestos a las más ricas e incrementarlos a la clase trabajadora aragonesa. Son ya 26 los centros de datos autorizados en nuestro país por la DGA, una auténtica burbuja, que como todas las infladas por la codicia capitalista, más pronto que tarde, explotará dejando deudas y despidos tras cobrar subvenciones de dinero público.
Desde Ecologistas en Acción Aragón explican que, una vez más, “el Proyecto Rhodes no cumple ninguno de los supuestos contemplados en la ley para declararlo de interés general y, por tanto, persistir y hacerlo sólo puede producirse en fraude de ley”, y recuerdan que “los 26 centros de datos ya aprobados en alguna fase por el Gobierno de Aragón consumirán el doble de energía” que toda la producción energética actual de nuestro país, cuatro veces el consumo actual de familias y empresas aragonesas, por lo que entienden que la DGA “aprueba un consumo eléctrico que no se sabe si podrá realizarse, poniendo en riesgo el suministro a la población, a los hospitales y a las industrias aragonesas”.
“Un atentado contra los intereses públicos y privados de Aragón”
A juicio de Ecologistas en Acción “Aragón no necesita la instalación de centros de datos en su territorio para tener servicios de datos. Estos centros se instalan para beneficio de otros territorios y otros países”, recalcan, y añaden que “este proyecto es una vuelta de tuerca más en el riesgo de desertificación de Aragón y un atentado contra los intereses públicos y privados de Aragón”.
El Gobierno de Aragón “está cambiando el modelo económico desde una economía basada en las industrias productiva y logística hacia otro basado en los centros de datos, mucho menos intensiva en generación de empleo”, por lo que “la pérdida de empleo empobrecerá Aragón hasta límites desconocidos”, además, desde Ecologistas en Acción subrayan que “la despoblación y la creación de empleo y de riqueza como justificación de este proyecto no tiene sustento en ningún caso a nivel mundial, pero tampoco en el que ya funciona en Aragón: AWS”.
“Los beneficios públicos que justifican la declaración como Inversión de Interés General de este centro de datos se conceden sin justificación documental alguna y, sin embargo, el Gobierno de Aragón no tiene en consideración la abundante información sobre los efectos perniciosos que le hemos presentado, cerca de una sesentena de estudios. Es una descarada posición a favor de un oligopolio privado ruinoso para Aragón”, denuncia la entidad social.
Alegaciones a la declaración como PIGA del Proyecto Rhodes de Blackstone en Calatorao
Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones “a la declaración de Proyecto de Interés General de Aragón” alegando “falta de justificación”, tratando así “de evitar su ejecución, que acarrearía graves problemas para el medioambiente, la población y la industria aragonesas”.
Las alegaciones se han presentado “contra la orden del consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial de la DGA por el que se aprueba inicialmente el Plan de Interés General de Aragón Proyecto Rhodes promovido por la mercantil Calanza Inmuebles S.L. para la construcción, en su primera fase, de ocho centros de datos en Calatorao. La segunda fase incluiría cinco más”, detallan desde la entidad ecologista.
Este proyecto “no cumple ninguno de los requisitos legales para ser declarado de interés general: no crea casi empleo, anuncia 200 empleos en su fase de operación para una potencia de 650 MW y un consumo potencial de electricidad del 58 % de lo que consume todo Aragón, más de 1.000 MW en la segunda fase con un consumo equivalente al de todo nuestro país, y no refleja los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo y en cómputo anual. Por ello no puede corregir los déficits de generación de renta, población, empleo y actividad productiva y, consecuentemente, no consigue desarrollo de ningún tipo y, menos, uniforme, como exige la ley y cómo ya hemos demostrado en reiteradas ocasiones”, enfatizan desde Ecologistas en Acción.
Asimismo, “este proyecto, igual que los siete anteriores, promete un aumento del PIB de Aragón del 50 %. Es decir, en 10 años, Aragón tendrá cinco veces el PIB actual, alcanzando el PIB de Madrid” y colocando a Aragón como el país más rico del Estado español en PIB per cápita “cuatro veces el madrileño. La mentira se desnuda sola”, aseveran.
Los estudios mundiales sobre el tema determinan que se produce un trasvase de riqueza desde los territorios donde se instalan los centros de datos hacia los polos tecnológicos “algo de lo que carece Aragón y seguirá careciendo porque no hay ningún plan público al respecto. Es decir, Aragón se empobrecerá”.
“La realidad es que no crean casi empleo, el que crean no es de calidad y está relacionado con limpieza, seguridad y administración, de baja cualificación. Por cada KW consumido, Stellantis crea 106 veces más empleo que este proyecto y Pla-Za, 354 veces más, incluso aunque lleguen a cumplirse las previsiones de la empresa que, hasta ahora, no se han cumplido en ningún caso. Este proyecto no atrae ningún talento, excepto el de querer engañarnos con esta ruina”, enfatizan desde Ecologistas en Acción.
Inversiones públicas en infraestructuras: chantaje de las multinacionales a la DGA
El Proyecto Rhodes de Blackstone lleva aparejada la construcción de una nueva subestación eléctrica de casi nueve millones de euros y de la ampliación del sistema municipal de potabilización y depuración de agua. “Este coste se repercutirá en la factura eléctrica de familias y empresas y de la vecindad de Calatorao. Creando poco empleo, pagando pocos impuestos y disfrutando de una mejora de instalaciones que pagamos el resto de usuarios de energía eléctrica y agua potable, no sólo no crea riqueza a largo plazo en Aragón, sino que la contrae, como denuncia el senador republicano por Virginia, Richard Stuart: ojalá alguien me explicara cómo un centro de datos contribuye al desarrollo económico de Virginia, ya que no genera empleos”.
La empresa concesionaria de este proyecto tiene un capital social de 3.000 euros, “totalmente insuficiente para hacer frente a ningún tipo de responsabilidad civil o penal. Es una empresa interpuesta ante Blackstone, un gigante forano de la especulación con un beneficio bruto en 2024 de 13.230 millones de euros. Tiene capital suficiente para acometer este proyecto sin ayudas públicas”, pero no sucede así.
“Quintuplicarán el consumo eléctrico de nuestro país”
“Este es el octavo proyecto de megacentros de datos que aprueba el Gobierno de Aragón para la construcción de 26 centros de datos. En total concede 5.000 MW de conexión eléctrica para estas empresas, lo que equivaldría al doble de la producción eléctrica actual de Aragón y a cuatro veces el consumo de todas las familias y empresas. Si le unimos el consumo familiar e industrial, el sector del hidrógeno que promueve este gobierno y la electrificación de la industria, de la movilidad y de la climatización en línea con los programas de descarbonización, Aragón necesitaría, al menos, tres veces la energía que produce hoy. Y si le sumamos los otros 15 centros de datos que tiene intención de aprobar, el consumo superaría cinco veces la producción eléctrica actual”, denuncian desde Ecologistas en Acción.
“Menos mal que queda alguien con cabeza aún. Esta semana el gobierno del Estado español ha anunciado que la potencia instalada de centros de datos no podrá superar los 3.800 MW en todo el Estado. Por lo que parece que el Gobierno de Aragón ha creado un problema serio”, subraya la entidad ecologista.
“Además, estas empresas, firman contratos de suministro preferente (PPA) por los que pagan la electricidad a la mitad que los hogares y, en caso de escasez, los apagones serán para las familias y las empresas aragonesas. Esto contradice lo que debe hacer un gobierno: garantizar la seguridad y calidad de vida de su población. En este sentido, el informe ‘El nexo entre el agua y la energía’ del Relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, el aragonés Pedro Arrojo, hace un llamamiento mundial para declarar la energía, limpia y sostenible, como derecho humano, por su relación directa con el derecho humano al agua y saneamiento y con la calidad de vida humana”, destacan.
El informe de la ONU solicita que la gestión de agua y energía “pase a centrarse en la demanda, limitando los usos intensivos por industria y agricultura. La inteligencia artificial y el rápido aumento de megacentros de datos, por su consumo de agua y electricidad, entraña graves riesgos para los ecosistemas acuáticos y presentan expectativas insostenibles para el futuro. Además, se hace de modo opaco, con falta de transparencia, participación, acceso a la información y rendición de cuentas”. Justo como funciona el Gobierno de Aragón”, aseguran desde Ecologistas en Acción.
La mayor demanda de electricidad, junto con el pago de las infraestructuras nuevas en las facturas eléctricas domésticas y el uso de energías caras al tener este sector contratadas todas las renovables, hará que la factura eléctrica de las familias se duplique. Y la culpa del aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, también será suya, ya que estas empresas son muy ecológicas.
“Consumo de agua alto e incierto”
Idéntico caso ocurre con el agua “con el añadido de que los cortes de agua pueden arruinar a los agricultores y hacer enfermar a la población. Riesgo excesivamente grande como para no tenerlo en cuenta. Aunque el proyecto habla de un sistema de refrigeración que no consume agua, ha solicitado el suministro de 20 millones de litros anuales en la fase de construcción y de casi cinco millones en la fase de operación. Falta comprobar si serán datos fiables, ya que las administraciones lo ocultan, al considerarlo dato confidencial, hurtando a la sociedad el derecho legal de conocer la información de un proyecto de interés general que elude el pago de impuestos”, denuncian la entidad social.
El Gobierno de Aragón “al servicio de las grandes multinacionales”
Al tener toda la producción eléctrica de Aragón “concedida a estas empresas que casi no crean empleo, las empresas aragonesas que sí lo crean no podrán crecer y deberán marchar y tampoco podrán venir otras empresas. El empleo en Aragón caerá en picado”, vaticinan desde Ecologistas en Acción.
Y lo hacen teniendo como ejemplo lo ya ocurrido en otros países como Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo, Texas o Singapur que “han puesto limitaciones a este sector al alcanzar el 17% del consumo eléctrico nacional. Pues el Gobierno de Aragón plantea llevarlo al 300 % ¿qué puede salir mal?”, somardean desde la entidad cívica.
“Este proyecto esconde la enorme contaminación térmica que produce y que los sistemas de climatización envían a la atmósfera y los vertidos a temperaturas elevadas. Pero, además, este proyecto no trae ningún efecto positivo para la población, la economía o el medioambiente aragonés”, reiteran.
“Consideramos totalmente insuficiente la justificación proporcionada, basada en datos erróneos o falsos que contradicen todos los estudios científicos y periodísticos y con argumentos extremadamente peregrinos, algo injustificable en una norma pública que pretende justificar un proyecto privado”, subrayan desde Ecologistas en Acción.
“No se tienen en cuenta los graves perjuicios, como el altísimo consumo de energía (hasta el 58 % de todo Aragón) y agua (más del doble de la que consume Calatorao), lo que pone en riesgo la seguridad del suministro para la ciudadanía, empresas y agricultura en los periodos de escasez, pudiendo llegar a cortes de suministro, algo que ya no nos es desconocido. Pero, también, el ruido generado, la contaminación química, el efecto isla de calor o la baja contribución en impuestos, al tratarse de servicios digitales que tributan allí donde se consumen. Por no hablar de que el PIGA le exime de solicitar licencia de obras y de pagar el ICIO en cada municipio afectado”, aseveran.
Desde Ecologistas en Acción continúan poniendo el espejo de los datos frente al rostro de la DGA. “Este proyecto pagará entre 739.000 y un millón de euros de impuestos en Aragón, un 0,0085 % de la inversión, que será de 11.800 millones de euros y un 0,07 % de los beneficios anuales esperados. Contando los impuestos que pagarán en otros sitios, no llegarán al 7 %. Muy dadivosos no son, especialmente con el pueblo aragonés”.
“Es sorprendente que cuando se habla de suelo urbanizable, la administración no interviene nunca y deja que sea el precio de mercado, y la especulación, el que determine el precio de la vivienda que pagarán las familias aragonesas. Pero cuando viene una gran empresa nos olvidamos del mercado y el Gobierno de Aragón interviene para garantizar un bajo precio del suelo para la empresa y, por tanto, una baja remuneración para el propietario de los terrenos, otra pérdida para Aragón. Esta medida, en un caso como el presente, que no produce riqueza, es contraria a los intereses de Aragón y, por tanto, debería impedir cualquier DIGA y PIGA para este proyecto”, reiteran con contundencia.
“En definitiva, no se justifica otorgar un trato de favor a este proyecto, lo que le permitiría acelerar los trámites para eludir controles e incluso no abonar impuestos locales. Todo lo contrario: el Gobierno de Aragón debería replantearse su estrategia de ‘convertir Aragón en la Virginia de Europa’ y considerar una moratoria a los centros de datos, como hacen ciudades como Dublín, Singapur o Amsterdam y como aconseja, entre otros muchos, la norteamericana Fundación Jack Kemp, para que no se produzca un trasvase de riqueza desde los entornos de los centros de datos hacia los polos tecnológicos, como Madrid, Barcelona u otras capitales del mundo”, concluyen desde Ecologistas en Acción.
