La Plataforma en Defensa de la Huerta de Movera ha dado un nuevo paso en la defensa de la huerta y los suelos agrícolas de Zaragoza tras la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que anuló la Modificación Aislada número 214 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El colectivo, junto con la Asociación Vecinal del Lugarico de Cerdán, ha solicitado formalmente al Ayuntamiento de Zaragoza la adopción de una iniciativa institucional “para blindar de manera efectiva la huerta frente a la expansión de las macroplantas fotovoltaicas”, reclamando tanto un recurso de casación como la inmediata elaboración de una nueva modificación urbanística que subsane los defectos señalados por la justicia.
La petición llega apenas dos semanas después de que el TSJA dejara sin efecto la protección urbanística aprobada por el Ayuntamiento de la capital al considerar que “la Modificación Aislada 214 no había sido sometida a la preceptiva evaluación ambiental ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA)”. La sentencia anuló el procedimiento por razones formales, aunque reconocía la finalidad protectora de la norma, obligando al consistorio capitalino a iniciar nuevamente toda la tramitación.
Una respuesta ciudadana a la sentencia del TSJA
La iniciativa presentada por la Plataforma en Defensa de la Huerta de Movera nace precisamente como respuesta directa a esa resolución judicial. El colectivo subraya que la nulidad declarada por el TSJA responde exclusivamente a cuestiones procedimentales relacionadas con la tramitación ambiental y considera que ello “no resta urgencia ni vigencia” a la necesidad de proteger la huerta zaragozana frente a la proliferación de parques fotovoltaicos industriales.
Aunque, obviamente, la Plataforma respeta el fallo judicial, discrepa de la resolución judicial al entender que el problema era “meramente formal y no material”. Por lo que ya en un primer momento reclamó rehacer la modificación urbanística “con las debidas garantías medioambientales” y adoptar medidas cautelares para impedir que nuevos proyectos pudieran beneficiarse del ‘vacío normativo’.
Recurso de casación y nueva modificación del PGOU
Como consecuencia, en el escrito registrado por las entidades sociales ante el concejal de Urbanismo, solicitan dos actuaciones “inmediatas”. La primera consiste en que el Ayuntamiento de la capital del país interponga recurso de casación contra la sentencia del TSJA con el objetivo de defender “la potestad y soberanía” del consistorio en la ordenación de su territorio.
Paralelamente, reclama impulsar para el próximo Pleno municipal del 28 de julio una “nueva Modificación Aislada del PGOU que incorpore la evaluación ambiental exigida por la normativa” y establezca un “blindaje jurídico sólido para los regadíos históricos y los suelos agrícolas de Zaragoza”.
La Plataforma insiste además en que durante la elaboración del nuevo texto participen de manera efectiva las entidades vecinales, organizaciones agrarias y colectivos ecologistas, garantizando un proceso “abierto y participativo” desde el inicio de la tramitación.
La petición no se ha dirigido únicamente al gobierno municipal liderado por Natalia Chueca. El documento ha sido remitido también a todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Zaragoza “para buscar un respaldo institucional amplio”. La Plataforma sostiene que la defensa de la huerta “no debe ser una bandera partidista, sino un compromiso compartido por toda la corporación municipal” en defensa del patrimonio agrícola de la ciudad.
Renovables sí, pero no sobre la huerta
La entidad social vuelve a insistir en un mensaje que ha mantenido durante toda la controversia sobre la implantación de grandes plantas fotovoltaicas en Movera. Afirma que la transición energética y el desarrollo de las energías renovables constituyen objetivos “irrenunciables”, pero advierte de que no pueden desarrollarse “a costa de destruir nuestro patrimonio agrícola, la biodiversidad y la economía local de los barrios rurales”.
Esta posición enlaza con las movilizaciones desarrolladas durante los últimos años en la huerta de Movera contra diversos proyectos fotovoltaicos promovidos sobre terrenos de regadío, convirtiendo este espacio agrícola en uno de los principales símbolos del debate sobre el modelo de implantación de las energías renovables en Aragón.
La resolución del TSJA supone que el Ayuntamiento de Zaragoza tendrá que reiniciar el procedimiento de protección urbanística incorporando la evaluación ambiental que los magistrados consideran obligatoria.
En su sentencia, el tribunal concluyó que la modificación del PGOU tenía suficiente entidad como para requerir dicho trámite ambiental y rechazó la interpretación jurídica mantenida por el Ayuntamiento de Zaragoza durante la tramitación del expediente.
Con la iniciativa presentada, la Plataforma en Defensa de la Huerta de Movera pretende evitar que ese ‘vacío normativ’o se prolongue en el tiempo y reclama una respuesta institucional rápida que permita recuperar cuanto antes la protección urbanística de uno de los principales espacios agrícolas tradicionales del término municipal de Zaragoza, reforzándola además mediante una tramitación que resulte jurídicamente sólida y resistente a futuras impugnaciones con “un compromiso institucional transversal de toda la corporación municipal”.
