La sentencia del juzgado de Uesca “pone de relieve la incompetencia de su promotor, el Ayuntamiento de Benasque/Benás. El consistorio hizo oídos sordos a alegaciones y recursos que advertían del carácter ilegal del proyecto. Esta denuncia se hace extensiva al Gobierno de Aragón y a sus ‘institutos’ implicados en el caso, sabedores de los incumplimientos legales reflejados en la sentencia”, recuerdan desde la lataforma en Defensa de las Montañas de Aragón (PDMA).
“Construir una telecabina en lugar de construir viviendas sociales confirman el desprecio de los gobiernos municipal y autonómico por el futuro de la juventud de Benás”, subraya la entidad ecologista.
Las obras de la telecabina Benás – Sarllé “deben paralizarse inmediatamente por el impacto absurdo sobre el paisaje que ocasiona y por los graves riesgos que comporta para la Hacienda Aragonesa. un proyecto de imposible ejecución”, reiteran desde la PDMA, que asegura que “seguir invirtiendo dinero en un proyecto desechado por la justicia es una temeridad. Invertir millones de euros en este capricho -a la medida de poderosos intereses locales- cuando la juventud de la zona debe emigrar por la falta de vivienda social es una injusticia imperdonable”.
“¿Quién pagará el roto financiero que ocasionará este proyecto fallido?”
Con el dictamen de la sentencia declarando ilegal la obra en zona inundable “se incumplen los protocolos determinados por Europa para asignación de Fondos Next Generation”, destacan desde la PDMA, y añaden que “esto implica que se perderán 16 millones de euros que hubieran alimentado otros proyectos más modestos promovidos por otros ayuntamientos de Aragón ¿Por qué no se invirtieron los fondos europeos en la restauración de los Baños de Benás ahora que el ayuntamiento promete recuperarlos?”.
“El hipotético traslado de la base de la telecabina fuera de zona inundable y la prohibición de construcción de un gran parking en esta zona pulveriza toda la inversión ya realizada. ¿Quién pagará el dinero invertido en una obra ilegal tras la devolución de los fondos Next Generation a Bruselas? Sumen ustedes el incremento con los intereses devengados”, se cuestionan desde la PDMA.
Asimismo, la sentencia aboca al promotor del proyecto “a realizar costosos trabajos de renaturalización de la zona afectada, no solo para recuperar su aspecto anterior sino y ante todo para garantizar la seguridad ante posibles avenidas. Esto suma nuevos costos al proyecto”, detalla la entidad ecologista.
Por si esto fuera poco, “las talas masivas en el Bosque de la Mosquera (no contempladas en la DIA) y la apertura de pistas en su interior para ejecutar los trabajos de implantación de las torres de tracción del cable deberán ser sometidas a un programa de renaturalización tras los destrozos allí generados. Nuevo incremento de gasto ocasionado por los errores del proyecto”, aseveran desde la PDMA.
En estas condiciones es “imposible” que el Ayuntamiento de Benás “pueda hacerse cargo del destrozo económico que ha generado. La gente de Benás y Sarllé no soportarán ver como su ayuntamiento va a la ruina más absoluta. Las consecuencias para la gente serían muy negativas”, vaticinan desde la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón.
Por todo ello, aseguran que “aquí surge la pregunta inevitable ¿quién pagará los platos rotos de tanta incompetencia e impunidad? Las responsabilidades políticas se hacen extensivas al gobierno local pero también al aragonés. Las responsabilidades penales son harina de otro costal”.
DGA y Ayuntamiento de Benás: “Patada adelante para continuar las obras”
El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Benás “en lugar de reconocer su incompetencia, dan una ‘patada adelante’ y continúan las obras”, sin embargo, la organización SOS Ribagorza ya alegó, advirtió y luego denunció ante el ayuntamiento “todos los fallos legales y ambientales que comportaba la obra. Pero el Gobierno de Aragón, que adjudicó los fondos europeos a este proyecto, tenía la responsabilidad ineludible de supervisar su formato y ejecución y no lo hizo”.
Además, “el Instituto de gestión Ambiental (INAGA) dio el visto bueno a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de este proyecto siendo condescendiente con las graves irregularidades que contenía”, aseguran desde la PDMA. Y, por su parte, el Instituto Aragonés del Agua “autorizó, financió con un millón quinientos mil euros y ejecutó unas obras en el cauce del Ésera para extraer cientos de toneladas de gravas con las que rellenar la zona inundable de la telecabina en Benasque. Obras que han motivado la apertura de un expediente sancionador por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)”, recuerdan desde la Plataforma de Defensa de las Montañas.
“La propia Confederación debió desempeñar un papel preventivo ante la presentación del proyecto de dragado del Ésera en el organismo de cuenca. Son demasiadas irregularidades, incompetencias y uso temerario de los fondos públicos para que en todo este embrollo no se determinen las responsabilidades políticas y penales que correspondan a cada desgraciado actor interviniente”, concluyen desde la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón.
