La empresa filial de Leitner “sigue incumpliendo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en la construcción” de la telecabina Benás-Sarllé “con el apoyo incondicional del Ayuntamiento que es el promotor y vigilante del proyecto a la vez, por decisión del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA)”. Por ello, SOS Ribagorza ha presentado una nueva denuncia “ante el Ayuntamiento de Benasque y el Seprona”.
A pesar de que una sentencia ha declarado nula la aprobación del proyecto de la telecabina Benás-Sarllé “el Ayuntamiento de Benasque, promotor y vigilante del mismo, no hace cumplir a la empresa constructora, las prescripciones y condicionantes aprobados en la Declaración de Impacto Ambiental”, reiteran desde SOS Ribagorza.
“Desde el Seprona, Agentes de Protección de la Naturaleza, entidades sociales y SOS Ribagorza, hasta en seis ocasiones sin ningún efecto, se han denunciado los incumplimientos medioambientales ante el órgano sustantivo, el ayuntamiento, que es el encargado de vigilar su cumplimiento pero, también ante el INAGA que tiene la capacidad de nombrar otro órgano sustantivo que cumpliera con su cometido de control”, recuerdan.
Sin embargo, “de nada ha servido que el Seprona llevara la denuncia hasta la fiscalía y los informes de personal ligado a la Dirección de Medioambiente y Turismo de Uesca. que tiene capacidad de sancionar. La administración con el principio de hechos consumados, junto con la lentitud de la justicia, va dando pasos contrarios a la ley. Mientras Leitner ‘hace de su capa un sayo’ y sigue acometiendo la obra sin cumplir con sus obligaciones ambientales por permitírselo de forma consciente los tres teóricos vigilantes: Ayuntamiento de Benás, y el INAGA que podría sustituirlo como vigilante, y la Dirección General de Medioambiente que podría haber puesto multas coercitivas ante tanto incumplimiento”, enfatiza la entidad ribagorzana.
Además, SOS Ribagorza desconoce si el Servicio de Medioambiente y Turismo de Uesca, tras las denuncias “ha propuesto alguna sanción a la empresa licitada y al ayuntamiento de Benás por permitirlo a sabiendas en reiteradas ocasiones. Ya van seis denuncias y sólo se ha recibido contestación sobre la primera por parte del ayuntamiento. Lo que está claro es que el alcalde de Benasque ejerce sólo como promotor y con prisas por acabar la chapuza que han iniciado y se ha declarado nula por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Uesca. Y las prisas, son malas consejeras para el cumplimiento de la normativa medioambiental pero lo que les interesa al equipo de gobierno del ayuntamiento es seguir especulando con segundas residencias al abrigo de los fondos públicos que construyen una telecabina de cualquier forma”, subrayan.
SOS Ribagorza recuerda que “ya denunciamos al INAGA esta situación, sin éxito, y le instamos a que cambiara al Ayuntamiento como vigilante de la DIA antes de iniciarse la construcción, porque no tenía sentido que ‘el lobo guardara el gallinero’ y porque aceptó un plan de vigilancia ambiental contrario a la DIA. Así, desde el primer momento y hasta ahora, ha sido cómplice del Ayuntamiento de Benasque. Baste, como ejemplo, que de una semana para otra, a petición del ayuntamiento, el INAGA fue capaz de cambiar la DIA y lo notificó, pero se le olvidó que sólo se podría modificar de forma razonada y con exposición pública”, recalcan.
“La connivencia de las administraciones y políticos en este despropósito de la telecabina es flagrante y sólo entendible por el hecho de ser una propuesta impulsada por un ayuntamiento con contactos e intereses particulares. Pero la discrecionalidad no está por encima de la ley. Hasta el presidente Azcón vino a apoyarla para poner la primera piedra sin conocer el proyecto, pero ahora que desde el juzgado se anula por cuestiones de seguridad económica, ilegal en una administración y que explotará con consecuencias imprevisibles para la ciudadanía de Benás, y por el principio de seguridad frente a los usuarios de la telecabina, ya que, no se hicieron los estudios geológicos necesarios en un proyecto capaz de colgar en un cable por el aire a 530 personas de vez y por ser zona inundable la salida de la telecabina y el parking proyectado, nos olvidamos pronto de las catástrofes y amenazas del cambio climático”, reiteran desde SOS Ribagorza.
¿Apoyo incondicional del presidente Azcón al proyecto?
Desde la entidad se preguntan, al tiempo que denuncian “¿Cómo puede, en estos momentos, seguir apoyando el proyecto el presidente Azcón en las Cortes de Aragón? Efectivamente, la sentencia que anula el proyecto se puede recurrir, con el dinero de todos y prácticamente sin posibilidades, al Tribunal Superior de Justicia de Aragón y retrasar la metedura de pata cerca de dos años y, entonces, la sentencia será firme, no sabemos si el presidente Azcón continuará en su cargo pero, que se asesore y sepa que en ese momento se acabarán ‘la patadas hacia delante’ y que tendrán muy difícil que se tenga en consideración el recurso de casación ante el Tribunal Supremo por ser un recurso extraordinario cuyos motivos están legalmente tasados y normalmente se inadmiten por no ajustarse a los motivos oficiales del interés casacional. Mientras, habremos gastado más recursos públicos y perdido dos años”.
“Y nos preguntamos también: vale que se han equivocado, que ha sido una chapuza, que no tenía interés la instalación como se planteó en el proyecto, que es inviable económicamente, que no es un servicio público de transporte verde entre Benás y Sarllé, que no cumple con los requisitos medioambientales para recibir la subvención europea y habrá que devolverla con intereses, que tiene riesgo de inundación la estación de salida y el parquin pudiendo haberse hecho en otro lugar, etc. Pero, tras la sentencia, presidente Azcón y alcalde de Benás ¿no creen que ya es momento de asumir la locura colectiva de las distintas administraciones con múltiples prescripciones imposibles de cumplir y acatar lo que ha resuelto con garantías un juez?”, se cuestionan con indignación desde la entidad ribagorzana.
Finalmente, SOS Ribagorza anuncia que va a presentar “en breves fechas la solicitud de ejecución provisional de la sentencia. Esperamos que por lo dictado en la sentencia, por la seguridad de las personas y para no seguir lapidando fondos públicos, se atienda por el juez la paralización del proyecto hasta que la sentencia sea firme”, concluyen.
