El Pleno de la Comisión del Agua aprobó, este pasado miércoles, por 36 votos a favor, 12 en contra y 6 abstenciones, el Dictamen elaborado por la Mesa de Diálogo del Agua, en la sesión celebrada en la Sala Goya del Edificio Pignatelli en Zaragoza, que fue presidida por el consejero del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona.
El consejero Olona, sobre quien se mantienen peticiones de dimisión, se mostró satisfecho “por el acuerdo alcanzado desde posturas muy diferentes”, y ha explicado que el siguiente paso, de acuerdo a la normativa, es elevar el Dictamen al President d’Aragón, a las Cortz d’Aragón y al Chusticia. “Lo que hoy hemos aprobado es la reedición Pacto del Agua a través de este dictamen consensuado en la Comisión del Agua y que ahora será remitido a las Cortes”, sentenció Olona.
Las entidades de personas afectadas por la construcción de pantanos, así como las de defensa del agua como un bien público coinciden en “valorar positivamente la celebración de esta mesa como lugar de encuentro entre todos los sectores sociales afectados por la gestión del agua” en nuestro país, sin embargo, se muestran contrarios en el fondo y forma con el Dictamen aprobado, pues a su juicio, por un lado “en la evaluación del documento de 1992 que se pretende conservar con algunos matices, se echa a faltar una valoración real tanto de las obras ejecutadas como de las abortadas. Sin enumerar el largo listado de obras, pensadas en su momento como reservorio trasvasista”, y además, destacan que “se ha desaprovechado una oportunidad para abordar cuestiones como los conflictos del agua en Aragón, generados por los embalses de Mularroya y Yesa”, entre otros.
La Mesa de Diálogo del Agua se constituyó el 24 de noviembre de 2021 como una ponencia específica en el seno de la Comisión del Agua de Aragón -máximo órgano de participación de la nacionalidad histórica en materia de agua- con la intención de renovar el Pacto del Agua de 1992 “identificando las cuestiones críticas para su mejora y adaptación al contexto actual”, cuestiones puestas en duda por un tercio de la composición de la Mesa.
COAGRET considera que “queda un largo y arduo camino para llegar a resolver los conflictos del agua en Aragón”
La Coordinadora de Afectadas por Grandes Embalses y Trasvases -COAGRET-, manifiesta, en primer lugar, que sus cuatro representantes han votado en contra del Dictamen elaborado por la Mesa del diálogo del agua, al considerar “que se ha desaprovechado una oportunidad para abordar cuestiones como los conflictos del agua en Aragón, generados por los embalses de Mularroya y Yesa”.
“Es importante planificar cuidadosamente los futuros procesos de participación, dándoles espacio y tiempo, siendo encauzados dentro de un proceso de mediación profesional y al margen de los avatares políticos y por lo tanto al margen de la Comisión del Agua. Por las intervenciones escuchadas en la Comisión se deduce que queda un largo y arduo camino para llegar a resolver los conflictos del agua en Aragón. No solo de los territorios y generados por embalses, sino de todos los temas contemplados y no contemplados en el dictamen”, han enfatizado.
La RAPA ironiza con que el Pacto del Agua del 92 “debería ser objeto de estudio de la antropología social aragonesa”
Para la Red de Agua Pública de Aragón -RAPA- la sesión plenaria ha puesto de manifiesto “un evidente desequilibrio a la hora de valorar la duración de las intervenciones de los asistentes, así como una evidente capacidad reduccionista de buena parte de ellos que optan por una argumentación manida que abunda en un relato fácil, simplista y en buena medida, falso”, recalcando que “esta simplificación de la compleja realidad de la gestión del agua propicia el desconocimiento de la población que acaba por conformarse con eslóganes, tópicos y lugares comunes mientras se le merma el acceso sin apriorismos a su realidad cotidiana”.
“Lo cierto es que hay que valorar positivamente la celebración de esta mesa como lugar de encuentro entre todos los sectores sociales afectados por la gestión del agua” en nuestro país, señalan, pero recuerdan que “en las escasas ocasiones en que se ha recurrido a la mediación social para resolver conflictos, se ha demostrado que esa vía conduce a un mejor escenario. Este procedimiento de escucha y compromiso entre las partes requiere de una dedicación y capacidad técnica que pensamos es más complejo que el mero hecho de sentar alrededor de una mesa a unos cuantos representantes de colectivos”.
Para la RAPA, aunque es cierto que el dictamen contiene algunos aspectos positivos, “en conjunto aun queda lejos de satisfacer los planteamientos del Ecologismo Social y define un escenario en el que se mantienen vivos elementos que después de más de 30 años, siguen siendo inasumibles”.
En ese plazo de tiempo, muchas cosas en lo social, lo político, lo económico y lo medioambiental han cambiado lo suficiente “como para asumir sin más, la resignificación de un documento y un modelo de gestión hidráulica que se debería dar por superado”.
La entidad de defensa del bien público considera que “es difícil asumir que el Pacto del Agua, ‘... no debe verse afectado, en lo que al principio conceptual de las reservas de recurso por él establecidas se refiere ...’, pues en la evaluación del documento de 1992 que se pretende conservar con algunos matices, se echa a faltar una valoración real tanto de las obras ejecutadas como de las abortadas. Sin enumerar el largo listado de obras, pensadas en su momento como reservorio trasvasista”.
Para su argumentación creen adecuado poner dos ejemplos. “Merece la pena valorar el embalse de El Val que hoy en día no cumple con las demandas y acumula en sus lodos la contaminación de Ólvega en una zona que el Dictamen valora muy benévolamente ya que el regadío y otros abastecimientos del sistema Queiles son deficitarios. Este embalse, primero del Pacto del Agua, no se llena ningún año y prevé una disminución de caudal de escorrentía de alrededor del 12 por ciento”.
Otro de los ejemplos argumentales es con el embalse de La Loteta “y del proyecto de abastecimiento de Zaragoza y su desmedida zona de influencia, desde el el embalse de Yesa, habría mucho que valorar y por nuestra parte, no es asumible desde ningún punto de vista, que se considere que ‘ … una vez puesto en explotación su recrecimiento, se suministren al 100% sus necesidades desde dicha fuente sin menoscabo de la garantía acordada para las hectáreas incluidas en los Planes Coordinados de la Zona Regable de Bardenas ...’, pues la experiencia de todo este tiempo ha demostrado que es posible un abastecimiento de agua de calidad a Zaragoza si la necesidad del recrecimiento de Yesa a la que parece se le sigue queriendo hacer rehén de una obra innecesaria y muy gravosa para el erario público”.
También destacan desde la RAPA que “cuando se habla de las obras hidráulicas pendientes: ‘… pudiendo ser necesarias para limitar el abandono territorial en sus respectivas áreas de influencia, no pueden soportar régimen económico-financiero establecido, por la legislación vigente, para la amortización de las inversiones por ellas requeridas ...’, se acierta en parte, en la visión económica pero se yerra de pleno al relacionar el asentamiento de la población y las obras hidráulicas. Mularroya es un ejemplo de desequilibrio social, económico y poblacional que tal como pasa con Yesa, embalsa y embalsará sobrecostes económicos mientras altera gravemente la vida de sus habitantes por mucho que se apunten en el documento algunos aspectos de compensación poco entendibles”.
“Sin entrar a valorar la visión, apenas esbozada, sobre la depuración y las cuestiones medioambientales que no pasan de las buenas intenciones, falta por definir y acometer el grave problema que, en ese aspecto, van a tener que hacer frente las administraciones aragonesas. En particular Zaragoza que lleva 4 años eludiendo el problema de la EDAR de La Cartuja, va a tener que hacer frente a un gran coste para depurar sus aguas residuales”, es otra de las críticas de la RAPA al Dictamen aprobado.
En ese sentido, destacan que “de ser necesaria la elaboración de un nuevo documento para definir las grandes líneas de la política hidráulica en Aragón, debiera ser más ambicioso, respetuoso con los territorios que han soportado las obras de regulación, en plena sintonía con la Directiva Marco del Agua y sobre todo, huyendo del continuismo con una decisión tomada en un lejano 1992”.
“No hay que ser muy avispado para comprender que el planeamiento de cuenca en vigor y las normativas de referencia han vaciado de contenido un pacto programático que ya debería ser objeto de estudio de la antropología social aragonesa”, ironizan.
“No obstante la crítica anterior, es de destacar y agradecer el trabajo desarrollado por la Mesa de Dialogo que, a pesar de haber realizado un documento muy lejos de lo deseable y de lo necesario, podría ser el comienzo de procesos de conciliación que pudieran abordar la difícil gestión del agua que comparte una dualidad de difícil digestión: recurso económico y bien común”, recalcan, para concluir afirmando que “desgraciadamente, por más que el pacto se pinte de verde, poco parece haber cambiado en 31 años en la política hidráulica aragonesa”.