Puyalón lanza una campaña "en defensa de la soberanía económica" y "una Hacienda propia para Aragón"

Para la formación soberanista, "ni un nuevo sistema de reparto autonómico, ni un nuevo Gobierno, ni las inversiones en partidas generales, como pantanos o cuarteles militares, conseguirán suplir la falta de financiación y el agravio histórico, con una de las comunidades que más aporta a la Hacienda Tributaria Española"

Cartel de la campaña de Puyalón de Cuchas.

Puyalón de Cuchas ha lanzado una campaña en favor de la soberanía económica aragonesa, "un factor indispensable para conseguir unos servicios públicos, de acuerdo al siglo XXI" y que "España niega de una manera deliberada".

En una nota de prensa, la organización política soberanista recuerda que "según el mandato de un Estatuto firmado a la baja, Aragón es reconocida como nacionalidad histórica y tiene el mandato de estudiar un sistema fiscal autónomo". La disposición adicional tercera "abre la puerta a un sistema foral en virtud de los derechos que le corresponden por este reconocimiento".

"Y es que -denuncia Puyalón- el sistema económico que rige actualmente en el Estado español incumple los artículos en materia de financiación del Estatuto aragonés. No se suscribe el convenio bilateral económico financiero entre Estado y Aragón, explícito en el artículo 108, y apenas tiene peso en el reparto estatal las especificidades aragonesas, tal y como aparece en el artículo 107".

La comisión mixta económica-financiera Estado-Aragón, "vigente y primordial en comunidades como la navarra y la vasca", donde "se deberían consensuar los temas económicos entre ambas administraciones", y que "según el artículo 109 se deberían encargar del seguimiento del cumplimiento del acuerdo bilateral", se reunió por primera y única vez hace doce años - el 21 de diciembre de 2009-, y "sólo ratificó el modelo vigente", recuerda la formación soberanista.

En Economía el mensaje de Puyalón es claro. "Una Hacienda propia debe ser el mayor objetivo para Aragón, símbolo de nuestro autogobierno y soberanía. La dependencia de la economía española no nos lleva a ningún lado. La Economía ha de ser una herramienta de transformación social, para traer otro modelo. Para ello necesitamos más recursos (los propios), identidad en sus bases y confianza".

Para Puyalón, este modelo "nos ha de traer empleo y una redistribución equitativa de la riqueza. Con unas políticas fiscales acordes. El empleo deberá ser de calidad y los recursos públicos deberán cobrar importancia en el camino para conseguir nuevos retos; justicia social, un sistema adecuado bajo el principio de Igualdad, una renovación progresiva de los impuestos y penalizar firmemente a los defraudadores fiscales".

Así, Puyalón sostiene que "un año más, un gobierno más, una inversión claramente insuficiente para las necesidades económicas de Aragón en los PGE 2022, donde Aragón recibirá el 3,3% de la Inversión Total del Estado". Unos presupuestos "necesarios para el cambio social, medioambiental y de cuidados".

"No destapamos ninguna sorpresa cuando recordamos que los traspasos en Educación y Sanidad se hicieron infravalorándolos económicamente, y el dinero transferido en su día por el Estado para las nuevas transferencias en la DGA fue sobradamente insuficiente, para sufragar unos gastos enormes. Las contraprestaciones demandadas largamente por la DGA son ampliamente conocidas, reclamar que el modelo de financiación autonómica asuma la especificidad aragonesa (dispersión, envejecimiento y despoblación), los desequilibrios territoriales y el esfuerzo fiscal aragonés, que a pesar de todo lleva a cabo en la caja común", añade en la nota de prensa.

Puyalón recuerda que Aragón "sigue siendo la quinta comunidad que más aporta a la Caja del Estado por habitante", y "toda esta aportación no es revertida". "Cifras que suelen hablar de reversión por número de habitantes, donde Aragón es de las comunidades más despobladas", continúa la nota. Parte de esas reversiones, según Puyalón, "son desviadas en inversiones indirectas como los PGE, Fondo de Suficiencia, Fondo de Compensación Interterritorial o Servicios mal transferidos". En Aragón "se calcula que el Estado debe a la Hacienda aragonesa ocho mil millones de euros en concepto de impagos, transferencias incorrectas y agravios".

Para Puyalón, "ni un nuevo sistema de reparto autonómico, ni un nuevo Gobierno, ni las inversiones en partidas generales, como pantanos o cuarteles militares, conseguirán suplir la falta de financiación y el agravio histórico, con una de las comunidades que más aporta a la Hacienda Tributaria Española".

Por eso, demandan una Hacienda propia que "permita financiar unos servicios públicos de calidad", que "luche de cerca contra el fraude fiscal", y una política fiscal que "grave las riquezas y garantice la progresividad y equidad en su política fiscal".

Además, piden la revisión de los impuestos propios y las "deficientes transferencias ejecutadas con el traspaso en salud y sanidad", donde "la sanidad privada en las grandes ciudades se sigue beneficiando, y la asistencia en el medio rural o en el aborto sigue siendo un punto pendiente".

El transporte público es otra de las asignaturas pendientes para Puyalón, "con una dependencia total del Estado para poder financiar trenes, tranvía o transporte rural", y situar a Aragón "al mismo nivel que poblaciones similares lo están haciendo en Europa".

Respecto al "impacto de las energías renovables o la recaudación a las eléctricas en las arcas aragonesas", Puyalón creé que "debería revertirse directamente en nuestros servicios públicos una vez aprobados los impactos medioambientales".

Asimismo, critican que "la tributación en Madrid de las empresas nacionales o internacionales instaladas en Aragón, o su tributación transferida directamente a las arcas del Estado por la falta de fiscalidad y Hacienda propia, sigue suponiendo un agravio hacia nuestros servicios y posibilidades económicas".

También advierten de la "falta de músculo financiero". "Esta falta de Hacienda propia hace que la corporación pública empresarial aragonesa sea incapaz de crear nuevas empresas públicas o participaciones. Mientras otras empresas públicas como la italiana Enel siguen controlando las eléctricas en Aragón".

Por último, exigen "soberanía en la deuda municipal y autonómica, en la que el Estado español no ahogue nuestros servicios públicos con límites impuestos, que ni las empresas privadas padecen, ni las comunidades con Hacienda propia y ni siquiera Europa avala en tiempos de pandemia".

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