En la tarde de este martes, 3 de febrero, a pocos días de celebrarse las elecciones aragonesas, Chaca ha sido escenario de una nueva movilización para apoyar a las vecinas de un bloque de vivienda protegida de Aragón (VPA) de alquiler de la localidad que "se encuentran en situación de irregularidad por la falta de acción de la administración pública y el ánimo de especulación de la promotora privada y gestora del alquiler".
El detonante de la situación, que afectó a casi una veintena de familias de este edificio situado en la calle Luis Buñuel, fue la terminación de contratos en noviembre del año pasado y la pretensión de Pronisa, la empresa propietaria del inmueble, de subir los alquileres más de un 70%. Las algo más de 100 personas concentradas a las puertas del Ayuntamiento de Chaca, respondiendo al llamamiento de la plataforma Vivienda Digna Viello Aragón, corearon consignas como "Pronisa especula, DGA disimula" o "viviendas para vivir, y no para invertir".
Fracaso del modelo de VPA para atender a las necesidades sociales
La subida de precios planteada por Pronisa está amparada por un modelo de vivienda protegida que, pese a los prejuicios, no es sinónimo de vivienda "asequible" para la mayoría de la población, ni tampoco tiene nada que ver con la vivienda pública de alquiler. Poniendo el foco en esta dicotomía entre discurso y práctica, la plataforma afirma en un comunicado remitido a AraInfo que "mientras no se para de hablar de vivienda en términos teóricos, en la práctica hay vecinas que, aun con un contrato de alquiler de una VPO, se están quedando en la calle". Y es que las subidas propuestas por la empresa, para las familias que habitan esta promoción en la localidad altoaragonesa, significaban pasar de alquileres situados hasta ahora entre 350 y 450 euros mensuales a cantidades superiores a 650 euros, pudiendo rebasar los 750 euros. Una barbaridad, sí, pero amparada, como decíamos, en una legislación de vivienda protegida muy alejada de las necesidades sociales.
"Cuando piensas que tienes una seguridad en un mercado salvaje, como es actualmente el de la vivienda, especialmente en municipios de nuestro territorio, de repente te llega una carta en la que las dos únicas opciones son: o dejar tu hogar, o aceptar una subida de más del 75 % del alquiler", reflexiona la plataforma. "Ambas opciones son inasumibles por las vecinas, y lo serían por la mayoría de ciudadanos y ciudadanas de este territorio, con sueldos cercanos al salario mínimo interprofesional y con la absoluta falta de oferta de alquileres o venta de pisos a precios justos", añaden, reflejando la realidad que enfrentan las inquilinas del inmueble.
La inacción del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento
La dejación de funciones respecto al derecho a la vivienda por parte del Gobierno de Aragón es doble. Por un lado, promueve un modelo de vivienda protegida, y ahora también de la llamada "vivienda dotacional", muy alejada de las necesidades sociales de la población aragonesa. Por otro, no garantiza una alternativa habitacional cuando las familias son expulsadas de estos modelos de vivienda.
Como hemos explicado, los precios de una vivienda de régimen general de VPA superan la mitad de un salario mínimo interprofesional, sin contar con otros gastos asociados como suministros de agua caliente, calefacción o electricidad. Además, tanto en un caso (VPA) como en el otro (viviendas dotacionales), las viviendas puestas en marcha en la actualidad terminarán finalmente en el mercado libre y ajenas al parque público de vivienda, desperdiciando las oportunidades y los recursos públicos invertidos.
Denunciando esta inacción por parte de la administración aragonesa, la plataforma se pregunta: "¿qué tiene que pasar para que algo cambie, para que se ofrezca una alternativa habitacional a estas vecinas que se encuentran en una situación irregular desde diciembre?". Lamentan que "ni tan siquiera teniendo un contrato de alquiler en una vivienda de protección oficial y demostrando estar en situación de vulnerabilidad es suficiente para tener acceso a una vivienda digna".
Tampoco el Ayuntamiento de Chaca parece dar respuesta a la situación que sufren sus vecinos y vecinas en medio de una creciente presión inmobiliaria. Si bien las competencias de vivienda residen en la administración dirigida por Jorge Azcón, no es menos cierto que las administraciones locales pueden actuar en materia de vivienda y, en concreto, en la gestión social de la misma.
En este sentido, desde Vivienda Digna Viello Aragón explican que "han sido varias las manifestaciones, las concentraciones, las reivindicaciones, las conversaciones con la Delegación del Gobierno, con la propietaria del bloque de pisos VPO de Jaca, con el Ayuntamiento... pero ninguna de todas las semillas que las vecinas y la plataforma hemos plantado ha llegado a germinar".
