Según explica Pilar al colectivo Vivienda Digna Viello Aragón, en la reunión celebrada este pasado miércoles, día 26 de noviembre, entre la promotora Pronisa y la propia Pilar, “la promotora le ha asegurado que no valía su certificado de vulnerabilidad porque la cantidad con la que lo había obtenido era diferente a la actual: tenía 22 euros de diferencia”.
“Recordamos que hasta la fecha, todos los vecinos y vecinas han estado pagando el IBI, sumado al precio del alquiler, algo ilegal según sus abogados. En el caso de Pilar ha estado pegándolo durante 17 años”, subrayan desde el colectivo ciudadano.
Este importe del IBI “estaba sumado en la primera cantidad que telefónicamente les ofrecieron para el nuevo contrato. Cantidad por la que Pilar solicitó el certificado de vulnerabilidad. Sin embargo, en la reunión, la promotora se ha aprovechado del uso de tecnicismos para hacerle entender a Pilar que con esa diferencia de 22 euros no le servía el certificado”, según detalla al colectivo Vivienda Digna Viello Aragón.
Como consecuencia de lo anterior “Pilar pasa de pagar 330 euros de alquiler a pagar 528 más 59 euros de comunidad. Una subida del 70% en un contrato de protección oficial amparado por las administraciones”, subrayan desde la entidad ciudadana.
“Las administraciones públicas dan la espalda a las vecinas del bloque”
Desde el colectivo Vivienda Digna Viello Aragón recuerdan que “en recientes declaraciones, tanto del consejero de vivienda del Gobierno de Aragón, Octavio López, como del alcalde de Chaca, Carlos Serrano, afirmaban, ambos, que se había mediado para llegar a un acuerdo para los cuatro casos más vulnerables, entre los que se encontraba Pilar. Sin embargo, los hechos desmienten totalmente estas afirmaciones”.
“La administración pública, quien debería de proporcionar herramientas para garantizar la vivienda como derecho, no solo no lo está realizando, sino que además es participe de que, como inquilina, te acabes viendo en riesgo de estar en situación irregular de habitabilidad. Una situación de inestabilidad que conlleva consecuencias a nivel económico y emocional”, enfatizan desde el colectivo.
Asimismo, denuncian que “es tanta la presión, que acabas estando dispuesta a aceptar la subida desorbitada para tener una serenidad temporal, aceptando que te enfrentarás a una situación de precariedad económica, que dejará secuelas emocionales, por al menos los próximos siete años que dura el nuevo contrato”.
“Y una vez pasados esos siete años ¿en qué situación estará Chaca para encontrar un nuevo hogar? ¿y sería ético que una persona de 70 años tenga que dejar su casa de toda la vida para mudarse?”, se cuestionan desde el colectivo.
Finalmente, recuerdan que “este próximo sábado se realizará la manifestación por la vivienda en Chaca, que busca soluciones a esta gran crisis de vivienda que están viviendo las comarcas de Alto Galligo y Chacetania, así como una solución para las familias del bloque”.
