FAPAR manifiesta su “preocupación por el perjuicio que el nuevo Decreto de Escolarización va a ocasionar a la Escuela Pública”, así como a la distribución equilibrada de alumnado con necesidades educativas, a la igualdad de oportunidades de todo el alumnado y a la participación de la comunidad educativa.
“Bajo la falsa premisa de la libertad de elección de centro de las familias y mejorar la organización del proceso de escolarización, el Departamento de Educación, Ciencia y Universidades plantea una serie de cambios que lejos de mejorar el acceso a nuestro sistema educativo, dejarán de garantizar la igualdad de oportunidades y supondrán un perjuicio especialmente a centros con alumnado más desfavorecido y a la Escuela Pública”, explican desde FAPAR.
Para la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de la Escuela Pública de Aragón el nuevo decreto es especialmente lesivo en las siguientes cuestiones:
- La zona única no va a ampliar la libertad de las familias en la elección de centro (incluso podría reducirla si se plantean tramos diferenciados de distancias entre el domicilio y el centro, más reducidas que las actuales zonas escolares), dificultará la planificación del proceso en la determinación de vacantes y aulas al no poder hacerlo con la perspectiva demográfica del entorno y empeorará la distribución de alumnado con necesidades educativas específicas, incumpliendo el mandato de la LOMLOE de garantizar heterogeneidad y equidad de nuestro sistema educativo.
- La inclusión de la etapa 0-3 años en el mismo proceso sin contemplar criterios de conciliación, fundamentales en esta etapa, dificultará el acceso de familias a estas plazas y la concertación de centros privados en vez de ampliar la oferta pública, como señala la LOMLOE, supondrá un ataque directo a la Escuela Pública que avanzará en su desmantelamiento.
- La pérdida de la reserva de plazas para alumnado acneae en el fuera de plazo, que no garantizará la distribución equilibrada de este alumnado en los centros, contribuirá a la segregación escolar y a la ghetización de centros.
- La creación de una nueva unidad de escolarización y la asunción de competencias directas en escolarización desde la Dirección General, restará competencias a los Servicios Provinciales y con ello mermará la participación de la comunidad educativa a través de las comisiones de Garantías de Escolarización.
- La unificación del proceso para todas las etapas al primer cuatrimestre del año, generará dificultades a las familias y a los centros, especialmente en ESO y Bachillerato al no haber concluido el curso y no disponer de la información de promoción, imprescindible para participar en el proceso con garantías, lo que además redundará en una mayor dificultad en la resolución del proceso a la propia Administración.
- La derivación de aspectos fundamentales en la escolarización a la Orden, como el baremo o la concreción de la unidad de escolarización, en vez de incluirlo en el Decreto, está privando a la ciudadanía de información sustancial del proceso, lo que reduce la transparencia.
