Desde CGT Enseñanza critican “el deje autoritario” de la consejera de Educación de la DGA, Claudia Pérez Forniés, al regular el uso de los móviles en los centros educativos aragoneses “sin contar con la comunidad educativa”. En CGT consideran que se trata “de un tema que debería haberse debatido al menos en el Consejo Escolar de Aragón, el cual ha sido ninguneado al no haber sido ni siquiera informado del tema”.
Respecto al contenido de las instrucciones, CGT considera que “es un ataque a la autonomía pedagógica de los centros, que se ha tomado, como se ha indicado anteriormente, sin debate, y que el problema que intenta atajar lo hace con un enfoque prohibicionista en lugar de educativo”. Además, desde CGT entienden que “el posible abuso del móvil es un problema social que se encuentra fuera de los centros educativos, aunque sea cierto que, en ocasiones, esa problemática llega a los centros”.
CGT expone el sinsentido de regular instrucciones que “atañen a alumnado de muy diferentes edades, incluso de edad adulta, o actividades tan dispares como clases ordinarias en un aula y viajes de estudio. Esto seguramente es debido a una preparación apresurada y poco meditada de la norma”, aseguran.
Por último, y respecto a las implicaciones laborales de estas instrucciones, CGT considera que las mismas “añaden responsabilidades y tareas, tanto al profesorado como a los equipos directivos, y todo, sin haber contado con su opinión para ello”.
Educación limita el uso de móviles y dispositivos electrónicos en los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos
El Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón ha publicado, este pasado martes, una orden con instrucciones para regular el uso de los teléfonos móviles y los dispositivos electrónicos en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos en nuestro país.
Se limita su uso durante toda la jornada escolar, incluyendo el tiempo de recreo y de actividades complementarias y extraescolares “salvo en momentos puntuales para fines exclusivamente didácticos y con criterios pedagógicos, si así lo recoge el Proyecto Educativo de Centro”, señalan desde la DGA.
Asimismo, se contempla “la excepción para aquellos alumnos que lo necesiten por circunstancias justificadas y debidamente acreditadas ante la dirección del centro por sus representantes legales. Hasta ahora, eran los propios centros quienes en el marco de su autonomía preveían en su Reglamento de Régimen Interno -elaborado por el equipo directivo y aprobado por el Consejo Escolar- si estaba autorizado el uso o no, en qué espacios y en qué momentos”, reconocen desde Educación.
Sin embargo, las nuevas instrucciones, que se enviaron sin previa consulta “a primera hora de este martes a los centros, servirán así de paraguas a todos los colegios e institutos y darán respaldo a los mismos reforzando a los equipos directivos, ya que incluyen medidas correctoras como la posible retirada de los aparatos móviles”.
Respecto a la requisa de material electrónico privado y personal, la DGA establece que “tendrá que hacerse una vez apagado el dispositivo y en presencia de, al menos, dos miembros del equipo directivo. Y se mantendrá en custodia hasta que sea devuelto a los representantes legales del alumnado afectado”, sin especificar a que medidas de seguridad deberá estar sujeta esta custodia.
La Orden prevé que los centros “recojan esta limitación de uso en sus Proyectos Educativos y que puedan contextualizar estas instrucciones a su entorno y circunstancias para finalmente ser incluidas en las normas de convivencia recogidas en el Reglamento de Régimen Interior”.
Específicamente, contempla que los centros de Formación Profesional de Grado Superior, Régimen Especial o de Adultos “podrán adaptarlas en relación al uso de móviles en los momentos de descanso durante la jornada (cambios de clase, recreo…)”.
Según la consejera de Educación del gobierno de coalición PP-Vox-PAR, Claudia Pérez Forniés, estas instrucciones “marcan el camino para el debate más sosegado que se quiere llevar adelante en el seno del Consejo Escolar de Aragón con toda la comunidad educativa para alcanzar el mayor consenso posible de cara a una normativa que regule más exhaustivamente esta cuestión”.
“Esta primera actuación responde a la preocupación social y educativa por el mal uso de los móviles, cada vez a edades más tempranas, y al incremento observado en distintos centros docentes de conductas contrarias a la convivencia en las que ha tenido gran relevancia el uso inadecuado de los dispositivos por parte del alumnado, así como problemas de concentración, socialización y bajo rendimiento escolar”, señalan desde la DGA.
El Gobierno de Aragón reconoce que “el abuso de la tecnología es un problema que excede las aulas, por eso la consejera se ha mostrado partidaria, además de crear espacios libres de móviles, de educar desde la escuela para avanzar hacia un uso responsable”.
Pérez Forniés también aseguró que “el Departamento ofertará programas formativos específicos dirigidos a los docentes y equipos directivos y diseñará jornadas orientadas a las familias sobre uso seguro y responsable de internet, dispositivos móviles y redes sociales”.
“Estamos convencidos de que esta nueva regulación ayudará a mejorar la convivencia en los centros, contribuirá a una mayor atención del alumnado e impulsará las relaciones interpersonales durante la jornada escolar”, concluía la responsable de Educación en nuestro país.
