La advertencia realizada por la Intervención General del Ayuntamiento de Zaragoza sobre la necesidad de contener el gasto para garantizar la sostenibilidad financiera de las cuentas municipales ha llegado este jueves a la Comisión de Hacienda. Apenas 24 horas después de que Natalia Chueca celebrara sus tres años al frente del Consistorio reivindicando una gestión “histórica”, Zaragoza en Común ha reclamado explicaciones al Gobierno municipal y ha cuestionado tanto su política fiscal como las prioridades de gasto impulsadas durante el mandato.
La portavoz de la formación, Elena Tomás, ha recordado que Zaragoza en Común ha sido históricamente crítica con las reglas fiscales que limitan la capacidad de inversión de las administraciones públicas. Sin embargo, ha subrayado que la advertencia recogida en el informe no responde a criterios políticos, sino a una valoración técnica que el Gobierno municipal debe tomar en consideración.
Según explica Tomás, el propio interventor señala que el cumplimiento de la regla de gasto se produjo por un margen muy estrecho y advierte de la necesidad de aplicar una política de contención del gasto. La advertencia cobra especial relevancia teniendo en cuenta que el presupuesto municipal de 2026 fue aprobado superando el techo de gasto en casi 43 millones de euros.
Una advertencia técnica sobre las cuentas municipales
Durante la Comisión de Hacienda, Tomás ha insistido en que la Intervención General plantea la necesidad de priorizar las obligaciones ya comprometidas y reducir los gastos voluntarios para garantizar la sostenibilidad financiera de las cuentas municipales en los próximos ejercicios.
Para Zaragoza en Común, el problema no reside en el gasto destinado a servicios públicos, sino en el modelo fiscal impulsado por el Gobierno municipal del PP —sustentado por el ultraderechista Vox— y en las prioridades políticas fijadas durante estos años.
“El Gobierno de Chueca continúa concediendo beneficios fiscales y bonificaciones a grandes empresas mientras traslada el esfuerzo económico a la ciudadanía mediante el incremento de las tasas e impuestos municipales”, denuncia la portavoz de ZeC.
Tomás ha citado entre los ejemplos a Costco, Quirón o la sociedad promotora de La Nueva Romareda, entidades que, según la formación, se han beneficiado de decisiones fiscales impulsadas por el Ejecutivo municipal.
Dependencia de fondos externos y prioridades de gasto
La formación también pone el foco en la estructura de ingresos del Ayuntamiento. Según los datos de la liquidación presupuestaria, cerca del 48% de los ingresos corrientes liquidados proceden de transferencias del Estado, otras administraciones y fondos europeos.
A juicio de Zaragoza en Común, esta dependencia de recursos externos coincide con una política de gasto que prioriza determinadas inversiones mientras siguen pendientes reivindicaciones históricas de la ciudad.
Entre ellas, ZeC menciona proyectos como Giesa, el aumento de la inversión en iluminación navideña o la utilización intensiva de la plaza del Pilar para actividades de carácter comercial y lúdico. Frente a ello, reclama mayores esfuerzos en el mantenimiento de los colegios públicos, la mejora del transporte urbano, la conservación del arbolado y el refuerzo de los servicios públicos esenciales.
Tomás ha advertido además de que la situación puede agravarse con la futura adjudicación del nuevo contrato del autobús urbano, cuyo coste anual pasaría de alrededor de 50 millones de euros a cerca de 100 millones.
“Si el propio interventor está advirtiendo de la necesidad de contener el gasto para garantizar la sostenibilidad financiera, el Gobierno municipal debe explicar qué piensa hacer. ¿Va a seguir manteniendo privilegios fiscales para las grandes empresas? ¿Va a recortar servicios públicos? ¿O va a renunciar a algunos de sus grandes proyectos de propaganda?”, plantea la portavoz de ZeC.
El debate sobre el modelo de ciudad
Para Zaragoza en Común, el debate de fondo tras la advertencia de Intervención no se limita al cumplimiento de la regla de gasto, sino que afecta directamente a la orientación de las cuentas municipales y al modelo de ciudad impulsado por el Gobierno del PP.
“La cuestión es decidir si el Ayuntamiento está al servicio del interés general o de los privilegios de unos pocos. Zaragoza necesita una política fiscal más justa, donde contribuya más quien más tiene y donde los recursos públicos se destinen a mejorar la vida de la mayoría social”, concluye Elena Tomás.
