Podemos ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al Gobierno español para conocer qué medidas tiene previsto adoptar ante la posible asistencia de miembros en activo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a festivales de música electrónica que se celebrarán este verano en el Alto Aragón.
La iniciativa parlamentaria busca recabar información sobre los mecanismos de control existentes, las actuaciones previstas por el ejecutivo y el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por España en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario.
Según ha informado la formación, las preguntas registradas solicitan aclaraciones sobre si el Gobierno tiene constancia de la entrada en territorio español de militares en activo pertenecientes al ejército israelí y qué medidas contempla para abordar esta situación.
Para el coordinador de Podemos Aragón, Ricard Mitjana, la cuestión exige una respuesta institucional clara. “Estamos hablando de personas que forman parte de un ejército cuya actuación está siendo objeto de escrutinio y denuncia por parte de organismos internacionales. El Gobierno de España debe aclarar qué controles existen y qué medidas piensa adoptar para garantizar el cumplimiento del derecho internacional y de los compromisos asumidos por nuestro país”, ha señalado.
Las preguntas
Entre las cuestiones planteadas por Podemos al Gobierno figuran las acciones previstas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por España en virtud del Derecho Internacional Penal y Humanitario, así como los mecanismos que prevé habilitar para impedir la entrada en territorio nacional de personas que pudieran estar implicadas en crímenes de guerra o graves vulneraciones de derechos humanos. La formación también solicita una valoración sobre la participación de miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel en eventos de ocio celebrados en el Estado español.
Asimismo, pregunta por las medidas que piensa adoptar el Ejecutivo para garantizar la protección de los espacios naturales en los que se desarrollan estos festivales y por las iniciativas que tiene previsto impulsar el ministerio competente y trasladar al Consejo de Ministros en relación con esta cuestión. En concreto, reclama conocer qué actuaciones prevé respecto a la celebración de actividades en entornos protegidos como el embalse de La Sotonera, en el municipio oscense de Alcalá de Gurrea.
Paralelamente, Podemos Aragón ha solicitado a las administraciones autonómicas y locales implicadas que revisen su colaboración con aquellos eventos que puedan contar con la participación de militares en activo del ejército israelí.
En este sentido, Mitjana ha afirmado que “las administraciones públicas deben actuar con coherencia respecto a los principios de defensa de los derechos humanos que dicen representar. Es legítimo preguntarse qué mensaje se traslada cuando instituciones públicas respaldan eventos que pueden convertirse en espacios de normalización para miembros de un ejército involucrado en una guerra que ha provocado una enorme devastación humanitaria”.
Asimismo, ha pedido que las administraciones competentes evalúen también el impacto territorial y ambiental de estos eventos. “La protección de espacios naturales de alto valor ecológico debe ser una prioridad. Las instituciones tienen la responsabilidad de garantizar que cualquier actividad se desarrolle con pleno respeto al entorno y al interés general”, ha añadido.
Podemos ha reiterado su respaldo a las iniciativas impulsadas por organizaciones sociales como BDS y plataformas de solidaridad con Palestina y ha señalado que continuará promoviendo acciones institucionales relacionadas con esta cuestión tanto en el Congreso como en otros ámbitos institucionales.
“Aragón ha demostrado históricamente un fuerte compromiso con la solidaridad internacional y la defensa de los derechos humanos. Vamos a seguir trabajando para que nuestras instituciones estén a la altura de esos valores”, ha concluido Mitjana.
La formación enmarca esta iniciativa en su posición política respecto "al conflicto en Oriente Próximo y en su defensa del cumplimiento del derecho internacional y de la protección de los derechos humanos".
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