Podemos pide a la DPZ que solicite un informe de los bienes inmatriculados de la Iglesia

Las comarcas centrales de Aragón cuentan con más de 300 bienes que eran públicos y fueron inmatriculados entre 1998 y 2015

Recuperando bienes
La Seo de San Salvador de Zaragoza,inmatriculada.

El grupo de Podemos-Equo solicitará al Pleno de la Diputación de Zaragoza a que inste a los registros de la propiedad de las comarcas para que realicen un informe pormenorizado de los bienes inmatriculados de la Iglesia, y que este informe sea remitido a los municipios afectados, de forma que estos puedan realizar las reclamaciones que sean oportunas.

La iniciativa se presentará este miércoles en el pleno con el objetivo de iniciar el proceso de devolución “al conjunto de la sociedad los bienes fruto de esfuerzos colectivos”, ha declarado la diputada de Podemos, Susana Palomar.

El Partido Popular, mediante el Real Decreto 1867 de 1998, introdujo una reforma del Reglamento Hipotecario vigente, una ley aprobada durante el franquismo, que no fue derogada con la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

Dicha reforma suprimió la prohibición de inscribir en el registro de la propiedad las iglesias destinadas al culto, permitiendo que la Iglesia católica pudiera proceder a la inscripción registral de una ingente cantidad de bienes inmuebles de alto valor cultural y patrimonial (ermitas, basílicas, catedrales, abadías…), que hasta entonces tenían el carácter de bienes de dominio público, es decir, de la ciudadanía.

“Todo esto no fue por casualidad sino obedecía a un plan de recapitalización de la Iglesia Católica, adaptándose a los nuevos tiempos, de facilitar la apropiación y privatización de todos esos bienes que, no olvidemos, no son cuatro sino 34.961, reconocido por la propia Conferencia Episcopal, donde hay desde inmuebles, hasta garajes, montes o un centro de salud, en todo el territorio del Estado español”, recuerda la diputada por Podemos.

Más de 30.000 bienes

El pasado 18 de febrero, el Gobierno del Estado remitió al Congreso español un informe que recogía el total de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica desde 1998 a 2015. De ese total, 34.961 bienes, 20.055 son templos o dependencias complementarias y 14.906 fincas “con otros destinos” (terrenos, solares, viviendas, huertos, locales, palacios, garajes, caminos, cementerios, castillos, viñas, frontones, trasteros, bares, plazas…).

En lo referente a las comarcas centrales son más de 300 bienes inscritos (317, concretamente) en este periodo. Estas inmatriculaciones de bienes en los diferentes Registros de la Propiedad se realizaron en su mayoría sin acreditar ningún título de propiedad, tan solo el certificado del diocesano correspondiente.

Lo pactado obliga

Un listado que se hace público por primera vez y que responde a uno de los puntos del acuerdo de Coalición firmado entre Unidas Podemos y el PSOE -el 5.11- que recoge: “Haremos las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia basadas en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros.”.

La Ley 13/2015, del 24 de junio, modificó la Ley Hipotecaria, y con ello se dio por finalizada la potestad y privilegio inmatriculador de la Iglesia católica y de la Ley del Catastro Inmobiliario, eliminado el privilegio censal, y se puso fin a este abuso de derecho que ha supuesto la legalización de una apropiación indiscriminada de bienes, en multitud de casos construidos, restaurados y/o mantenidos con fondos públicos.

En fechas recientes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos puso en duda el rigor jurídico del Estado español, al señalar en una sentencia (del 20/12/2016) que “el derecho de inmatriculación de bienes que ha sido reconocido a la Iglesia católica por la legislación interna (española) sin justificación aparente no es suficiente ni válido”. Y es que la ley hipotecaria en sus artículos 206 y 304 del Reglamento Hipotecario son a todas luces inconstitucionales, en cuanto vulneran los artículos 14 y 16 de la Constitución.

Este trasvase de patrimonio de todos y todas al tesoro de la Iglesia no ha sido el único perjuicio para lo público debido a los tratos de favor y normativas a la carta al servicio de la Iglesia. La Iglesia goza de un trato de favor en lo que a la recaudación del IBI se refiere, lo que también supone una merma de ingresos para los ayuntamientos. Un desagüe fiscal que se convierte en un privilegio, y mientras la ciudadanía hace frente al pago de IBI de sus propiedades, la Iglesia católica, no. Un trato de favor que les exime de contribuir a sostener lo público mediante tributos.

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