La Asociación Vecinal Picarral – Salvador Allende ha dado un nuevo paso en su lucha contra la depuradora de Tereos. El colectivo ha presentado un recurso potestativo de reposición contra la licencia concedida por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza el pasado 21 de septiembre y exige su nulidad de pleno derecho, además de la suspensión cautelar inmediata de las obras.
La entidad vecinal explicó este viernes, 23 de octubre, los motivos del recurso en una rueda de prensa celebrada en el propio solar donde la empresa Tereos Starch & Sweeteners SAU pretende levantar una planta de tratamiento de efluentes de 27,20 metros de altura, equivalente a un edificio de nueve plantas, a apenas 15 metros de viviendas de las calles Binéfar, Obón y Alcorisa.
La asociación sostiene que la autorización municipal vulnera el planeamiento urbanístico, incumple trámites administrativos obligatorios y permite una instalación industrial de grandes dimensiones en pleno barrio, pese a la oposición vecinal mantenida durante años.
Uno de los principales argumentos del recurso es la altura de la instalación. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) establece para esta zona un máximo de 10,50 metros, ampliable excepcionalmente hasta los 13 metros. Sin embargo, la licencia autoriza una estructura que supera ampliamente ambas referencias.
Según denuncia la asociación, el propio informe de Zaragoza Ecociudad del 22 de enero de 2026 reconoce que la altura proyectada no responde a una necesidad técnica imprescindible, sino a la elección de un sistema que busca maximizar la producción de biogás por razones de rentabilidad económica. El colectivo sostiene que existen otras tecnologías de depuración que permitirían tratar los vertidos sin alcanzar semejantes dimensiones.
“Hay alternativas que no hipotecan la luz, las vistas y la salud de un barrio entero”
“Esta no es una depuradora cualquiera. Es una instalación para producir biogás y hacer negocio, elegida por rentabilidad, no porque sea la única opción. Hay alternativas que no hipotecan la luz, las vistas y la salud de un barrio entero”, denuncia Ana Lasierra, presidenta de la asociación vecinal.
El recurso también cuestiona que se haya concedido la licencia sin disponer de un proyecto de urbanización aprobado. Según explica la entidad, tanto la modificación del PGOU como el convenio urbanístico de 2025 condicionaban la autorización a la aprobación previa del proyecto de urbanización de los viales y zonas verdes. Sin embargo, dicho proyecto continúa en tramitación, bajo el expediente 28255/2026.
A ello se añaden lo que la asociación considera graves irregularidades en la instrucción administrativa. Señala que el informe favorable a la altura de la instalación, fechado el 3 de septiembre de 2026, se apoya en otro informe posterior, del 7 de septiembre, una secuencia que, a su juicio, evidencia una tramitación precipitada.
Asimismo, denuncia que el proyecto no respeta el retranqueo obligatorio de siete metros respecto a la zona verde pública prevista como espacio de separación entre la instalación industrial y las viviendas.
Otro de los puntos centrales del recurso es la ausencia de información y notificación a la vecindad directamente afectada. La asociación sostiene que no se abrió el periodo de información pública de 15 días en el Boletín Oficial de Aragón ni se notificó personalmente la autorización a quienes residen en las viviendas situadas a apenas 12 y 15 metros de la instalación.
Según el colectivo, estos trámites resultan obligatorios conforme al artículo 77.3 de la Ley 11/2014 de Aragón, y su omisión constituiría una causa de nulidad de pleno derecho de acuerdo con el artículo 47.1.e de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común.
La entidad vecinal recuerda además que la propia Gerencia de Urbanismo aplicó este criterio el pasado 25 de septiembre para suspender licencias de gasolineras en Valdespartera.
“Han concedido una licencia para una mole de 27 metros, el doble de lo permitido, sin avisar a un solo vecino de Binéfar, Obón o Alcorisa. Es una indefensión total”, denuncia Lasierra.
“El propio Ayuntamiento reconoce en otro expediente idéntico de hace menos de un mes que si no avisas a los vecinos, la licencia es nula. Pedimos que aplique el mismo criterio aquí y paralice las obras de forma inmediata. No podemos permitir que se consolide una obra millonaria que luego haya que derribar”, añade.
Las afecciones ambientales también forman parte de los argumentos del recurso. La asociación denuncia que la instalación ya supera los 45 decibelios permitidos durante la noche en una zona residencial y que la autorización contempla nuevos focos de ruido sin incorporar un estudio acústico que evalúe sus consecuencias.
En materia de vertidos, el colectivo vuelve a señalar las advertencias de Zaragoza Ecociudad sobre la elevada conductividad del agua que llegará a la red municipal. El informe técnico cifra este parámetro en 6.200 microsiemens por centímetro (µS/cm), aproximadamente tres veces el valor medio máximo diario permitido, y alerta de sus posibles efectos sobre los procesos de tratamiento de la estación depuradora de aguas residuales de La Cartuja.
Se trata de una cuestión que ya había motivado el voto contrario de Zaragoza en Común a la licencia de funcionamiento aprobada en septiembre. El grupo municipal advirtió entonces de que el Ayuntamiento estaba autorizando una instalación pese a las objeciones recogidas en los informes de su propio organismo técnico.
El nuevo recurso vecinal se suma al recurso de reposición contra la depuradora del que ya informó AraInfo y prolonga un conflicto que viene de lejos.
En noviembre de 2023, la asociación reunió 1.533 firmas en apenas cinco días contra la instalación. Durante 2024 y 2025 se sucedieron las protestas vecinales, tanto en las calles del Picarral como ante el Ayuntamiento. En mayo de 2025, PP y Vox aprobaron una modificación del PGOU que facilitó la implantación de la nueva depuradora, pese al rechazo expresado desde el barrio.
“No estamos en contra de que una industria depure, estamos en contra de que esto se haga en el corazón del barrio, por una fábrica que ya causa molestias”, insiste Lasierra, quien recuerda que la reivindicación vecinal siempre ha sido que el Ayuntamiento facilite el traslado de Tereos a suelo industrial municipal.
“Este ayuntamiento no solo ignora la reivindicación del Picarral, sino que va a permitir aumentar el volumen de la fábrica, a 15 metros de nuestras casas y saltándose la ley”, critica la presidenta de la asociación.
El recurso presentado solicita la nulidad de pleno derecho de la licencia y, al amparo del artículo 117.2 de la Ley 39/2015, la suspensión cautelar inmediata de las obras mientras se resuelve la impugnación.
La asociación exige así al Gobierno de Natalia Chueca que frene una instalación que considera incompatible con el entorno residencial del Picarral, antes de que el avance de las obras haga todavía más difícil revertir la autorización.
