Este es el capítulo más reciente del conflicto armado colombiano en un territorio estratégico que comparte frontera con Venezuela, exacerbado por el uso de nuevas armas como los drones, alimentado por el peso de las economías ilícitas y los vaivenes de las políticas públicas de seguridad de los Gobiernos colombianos.
Además, nuevos actores armados han llegado a la región, como el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), que están configurando nuevos focos de disputa territorial.
Para conocer sobre el terreno la realidad que viven las comunidades, entre los días 23 y 26 de agosto de 2026, la IX Caravana Internacional de Juristas visitó parte de la región del Catatumbo. La delegación partió de Ocaña y visitó La Cecilia (Teorama) y Filo Gringo (El Tarra), donde pudo constatar los efectos de la grave y creciente crisis de derechos humanos que afecta especialmente a la población civil, las organizaciones comunitarias y sus líderes.
La casa del trueno
Ishtana, o casa del trueno, es como el pueblo barí denomina esta región y el vecino estado del Zulia en Venezuela por la gran concentración de relámpagos producto de una combinación de geografía, vientos y calor. Este fue el primer lugar de Colombia en el que se inició la explotación petrolera durante los años 30 del Siglo XX. Desde los años 70, fueron llegando diferentes actores protagonistas del conflicto armado que involucra al Estado, los paramilitares y guerrillas; en primer lugar llegó el ELN en los años 70, después el Ejército Popular de Liberación (EPL) y, más tarde, las FARC.
Después llegaron los paramilitares que, a partir de 1999, incursionaron en la zona y el Norte de Santander se convirtió en el escenario de masacres, asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados, realizados a principios de los años 2000 con el objetivo de debilitar el control territorial que habían logrado los grupos guerrilleros de la época. Además de masacres, como las de la Gabarra, en el año 2000 el Bloque Catatumbo de las AUC llegó a Filo Gringo quemando 115 casas de este corregimiento de El Tarra, obligando a huir a toda la población, después de asesinar a 20 personas.
En los últimos años la expansión de grupos como el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y la presencia de vestigios del EPL complejizan aún más la situación de un territorio que tiene un gran interés geopolítico por tener corredores viales que lo comunican con otras regiones del país, como el sur de Cesar, y por tener frontera con Venezuela, lo que lo hace especialmente sensible a los cambios que en materia de seguridad se adopten por parte ambos países vecinos y por exigencias de EEUU.
Esta combinación de grupos armados, militarización y abandono estatal, explotación de sus recursos y geopolítica convierte al Catatumbo en una de las regiones más azotadas por la tormenta del conflicto armado en Colombia.
De la Paz Total a la “mano dura” de La Espriella
El anterior Gobierno de Gustavo Petro y su propuesta inicial de Paz Total para el país fue cambiando durante su mandato. El anuncio de negociaciones con diferentes grupos armados en Colombia conllevó una desescalada del conflicto en la región. Sin embargo, tras el inicio de la confrontación, en enero de 2025, entre ELN y el Frente 33, el ex-presidente Gustavo Petro suspendió formalmente las negociaciones de paz con el ELN acusando a este grupo de “crímenes de guerra”.
El 24 de enero de 2025, declaró el Estado de Conmoción Interior mediante el Decreto 0062, ordenó ataques aéreos al ELN y militarizó la región desplegando en agosto 25.000 soldados y le pidió a su homólogo venezolano que hiciera lo mismo desde el otro lado de la frontera.
Aunque el detonante de este episodio fue el asesinato de Miguel Ángel López, su esposa Zulay Durán y el hijo de ambos de 9 meses, atribuido inicialmente al ELN, investigaciones posteriores de la Fiscalía desmontaron esa narrativa asignando la responsabilidad al Frente 33.
La confrontación inicial entre miembros el ELN y el Frente 33 llevó a que numerosos integrantes de esta última estructura se entregaran a las autoridades oficiales cuando se vieron superados en su enfrentamiento con el ELN.
El Gobierno de Petro, mientras reanudada la guerra contra el ELN, abrió canales de negociación con el Frente 33 que incluyeron la suspensión de operaciones militares y de policía en su contra y la creación de un espacio territorial controlado y protegido por el Estado para el emplazamiento de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT), en el área rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, donde se ubicarían pretendidamente integrantes del grupo, esto levantó críticas y temor entre la población local aunque finalmente no se materializó su instalación.
Finalmente, el actual presidente de La Espriella cerró de forma oficial todas las mesas de diálogo y los procesos de negociación de la política de "Paz Total" heredada de la administración anterior e inició una política de “mano dura” en materia de seguridad.
Estigmatización, desarticulación social y confinamiento
Dirigentes de Juntas de Acción Comunal y Asociaciones de Juntas de más de 100 comunidades del Catatumbo denunciaron ante la Caravana de Juristas cómo la violencia está direccionada contra la población civil, las organizaciones comunitarias y sus liderazgos. Entre enero de 2025 y agosto de 2026 se registraron 78 casos de perfilamiento contra personas y procesos sociales, mientras que se contabilizaron 139 amenazas en 2025 y 43 durante 2026. Teorama, Convención y El Tarra concentran la mayor parte de estos casos.
El pasado 2 de marzo, la Defensoría del Pueblo alertó de estas afectaciones entre las mujeres: “En dichos contenidos se formulan acusaciones de supuesta colaboración con actores armados, se deslegitima su labor comunitaria y se cuestiona su participación en escenarios institucionales y de incidencia política [...], este tipo de señalamiento puede operar como mecanismo de intimidación y control social, orientado a generar temor, fracturar la confianza comunitaria y aislar a las organizaciones”.
El uso de las redes sociales y la “muerte política”
A través de perfiles digitales y canales locales —páginas de Facebook como Impacto Catatumbo y Anónimus Colombia— se acusa falsamente a los dirigentes de pertenecer a la insurgencia, en particular al ELN. El objetivo central es infundir temor en la población, aislar al líder, que pierda legitimidad al no poder realizar su trabajo social y generar una división y ruptura del tejido social que desincentive la participación de la comunidad en las Juntas.
Confinamiento de la dirigencia
El perfilamiento público de nombres y fotografías, además de una amenaza directa contra su vida e integridad física, impide que los líderes viajen por el territorio o se desplacen a centros urbanos como Ocaña o Cúcuta para gestionar recursos destinados a infraestructura, vivienda o salud, lo que los sume en una situación de confinamiento preventivo. “Uno se lo piensa para llevar proyectos a la ciudad porque no sabe si lo van a matar en el camino y la gente dice que a ese líder hay que sacarlo del territorio porque no gestiona”, reconoce uno de los afectados por los señalamientos.
Este año, los picos de agresión identificados coincidieron con los procesos de reorganización y elección de liderazgos comunitarios, especialmente de Juntas de Acción Comunal en abril y de Asojuntas en julio.
Riesgo extendido a las familias
Las campañas de desprestigio incluyen fotografías de núcleos familiares completos, cónyuges e hijos, lo que expone a familias enteras al peligro de la amenaza, la criminalización y/o al desplazamiento.
Uno de los testimonios expresó haber tenido que suspender exámenes o tratamientos médicos fuera del territorio por la falta de garantías de seguridad en las vías.
Otro líder de Junta de Acción Comunal relató que fue perfilado cinco veces, incluso mediante una fotografía con su hija para intentar vincularlo con el ELN.
Frustración ante el encasillamiento estatal
También crece el descontento por el señalamiento histórico desde el ámbito institucional y por parte de los gobiernos centrales, que encasillan a la región como “zona roja” y símbolo del narcotráfico, relacionando el trabajo social con grupos al margen de la ley. El 3 de marzo de 2025, el entonces presidente Gustavo Petro afirmó que las organizaciones sociales del Catatumbo están "permeadas por las armas" y "subordinadas por los grupos armados”. Hizo esta declaración precisamente en el marco del lanzamiento de un plan de paz para recuperar la región, lo que despertó críticas de organizaciones sociales y de derechos humanos, que consideraron que sus palabras estigmatizaban a las organizaciones comunitarias y legitimaban la violencia en su contra.
Bombardeos con drones
Uno de los episodios más graves y novedosos se sitúa en el corregimiento de Filo Gringo, municipio de El Tarra, donde los ataques con drones han afectado a más de 100 viviendas, aproximadamente la mitad de ellas con pérdida total. Las afectaciones psicosociales golpean de manera directa a la comunidades, en especial a las niñas y los niños de este territorio. Esta situación, que ya existía cuando otra caravana de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia -REDHER- llegó a la comunidad en 2025. Pero las múltiples denuncias del Equipo Jurídico Pueblos y otras organizaciones en 2026 dan cuenta del incremento de los ataques. En la actualidad, su población ha pasado de 3.483 a 600 habitantes.
La situación tiene, además, un fuerte componente histórico y de memoria: la comunidad sufrió una incursión paramilitar en 2000 por parte de las AUC que provocó la destrucción del corregimiento y el desplazamiento forzado de la población. El Consejo de Estado reconoció posteriormente la responsabilidad del Estado por omisión en esos hechos. Ahora, como entonces, la mayoría de la población está desplazada y espera, de nuevo, regresar y reconstruir sus viviendas.
La ofensiva de la Espriella
Las políticas guerreristas del nuevo presidente anunciadas durante la campaña electoral se inauguraron precisamente en el Catatumbo: tres días después de su posesión presidencial -y el mismo día en que un terremoto asoló gran parte de Colombia- un ataque aéreo dirigido contra el Frente Nororiental del ELN, en la vereda El Sinaí, mató a un menor de 16 años, mientras que tres campesinos resultaron heridos. Además, familias campesinas se desplazaron forzadamente a El Tarra como consecuencia de los daños sufridos en sus viviendas.
Entre los motivos de preocupación expresados en las reuniones mantenidas con las comunidades, estas se quejaron de la inminente presencia de tropas extranjeras estadounidenses, la incorporación de Colombia al denominado Escudo de las Américas y el anuncio del Plan Patriota 2.0, interpretándolo como un retorno a políticas asociadas a la Doctrina Monroe, además de una amenaza para la soberanía y el territorios. Un asistente a los encuentros con las comunidades afirmó que “el afán de cumplir con EE.UU. va a generar falsos positivos, nos está poniendo en la punta del fusil”.
El mismo día que concluyó la caravana, el Gobierno anunció la suspensión de los canales humanitarios, el desmantelamiento de entidades de paz, el cierre definitivo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Consejería para la Reconciliación Nacional y la Consejería para los Derechos Humanos, así como el cese de la prohibición de la fumigación aérea de glifosato.
Territorio e identidad campesina
El Catatumbo está siendo tratado fundamentalmente como una zona de sacrificio por sus recursos naturales y su importancia geopolítica, relegando los derechos y las necesidades de las comunidades. Desde el territorio enfatizan la necesidad de romper los estigmas oficiales, aclarando que la zona no es exclusivamente narcotráfico, guerra o cultivos ilícitos y que existen proyectos organizativos de vida, educación, salud y desarrollo.
El Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA) es un ejemplo de propuesta alternativa, surgido en 2004. Su trabajo se ha construido alrededor de tres elementos fundamentales: la integración, la vida y el territorio; el objetivo no es únicamente defender reivindicaciones concretas, sino construir un proyecto de vida para el conjunto del Catatumbo.
Actualmente, el CISCA articula su acción en tres ejes: organización, movilización y disputa institucional. Esta última no se entiende como la búsqueda de cargos públicos, sino como una disputa por el modelo de Estado, por las políticas que afectan al territorio y por el reconocimiento político de la región.
El CISCA está impulsando modelos propios de educación y cultura campesina, intentando transformar el proyecto de enseñanza de varias instituciones de la región y que se reconozca la cultura y la identidad campesinas desde la infancia; la disputa cultural está estrechamente vinculada, además, a la defensa de un modelo económico y territorial diferente.
En la actual crisis humanitaria y política del Catatumbo, la violencia no puede explicarse únicamente por la confrontación entre grupos insurgentes; es necesario analizar también la responsabilidad del Estado, los efectos de décadas de guerra, la degradación del conflicto, el fracaso de los procesos de paz y el incumplimiento de los acuerdos.
La estigmatización de la población campesina es rechazada al identificar automáticamente al cultivador de coca con el narcotraficante y olvidar que la economía de la coca ha sido, para muchas comunidades, una economía de subsistencia surgida en el contexto de una guerra prolongada.
En el Catatumbo, la herencia que nos dejaron es la lucha por la permanencia en el territorio, que pasa de una generación a otra, concluye un histórico líder campesino.
