Tras la mirada perdida, los jirones en las entrañas, por debajo de las vértebras y más allá de lo que una sonrisa entrecortada esconde, el alma alberga recovecos que no pueden descuidarse. El frío en la memoria y las turbulencias en los recuerdos generan en un alto porcentaje de la población la necesidad de recurrir a la ayuda de profesionales de la salud mental. En las peores ocasiones el silencio inunda su vida para que desde dentro un fantasma negro domine su día a día.
Un 10 de octubre más es el Día Mundial de la Salud Mental, escucharemos en tribunas institucionales y micrófonos comunicativos la necesidad de más medios, la urgencia de aumentar profesionales, la importancia de concienciar a la población. Pasado este día, como suele ser habitual, este derecho universal quedará relegado a un recuerdo pasajero, a una bandera de segunda fila, a otro plano estratégico, a un dolor individual que vuelve a las habitaciones propias de quienes años tras años reclaman la accesibilidad, calidad y universalidad de la salud mental.
En los últimos años hemos presenciado algunos avances: la salud mental no es únicamente una cuestión propia de personas con trastornos mentales graves, alteraciones cognitivas, conductuales o aquellas que conviven con una persona con un diagnóstico concreto. La lucha y reclamo de quienes la defienden, trabajan y cuidan a diario desde hace décadas ha logrado que se pueda alcanzar una preocupación social más generalizada. La garantía de aumentar las responsabilidades de la sociedad de quienes están al frente de las políticas públicas y de quienes las coordinan para que sean efectivas y pueda garantizarse y eliminar el estigma que todavía la atraviesa se ha convertido en algo fundamental. Hemos pasado de invisibilizar a la salud mental y ser siempre "el problema del otro" a hablar de ello, a saber que existe, a no esconderla pero los medios, profesionales y conciencia política y ciudadana sigue siendo más que escasa.
Los avances y la concienciación sobre la salud mental en los últimos años serían un logro indiscutible si no fuera porque según cifras de la Federación de Salud Mental en el Estado español el 88% de las labores de cuidado, apoyo y atención siguen estando en manos de cuidadoras informales, más de la mitad de las personas con diagnóstico de trastorno mental que precisan tratamiento no lo reciben o alrededor de un 9% de la población tiene algún problema de salud mental llegando al 25% aquellos que lo desarrollaran a lo largo de su vida según datos de la Organización Mundial de la Salud. En lugar de generar acceso asistencial permanente, reducir las listas de espera en salud mental, incluir profesionales cualificados y preparados en el sistema público más allá de profesionales de la psiquiatría como pueden ser profesionales de la psicología, trabajo social o terapia ocupacional. El Estado español ataja el problema por la vía rápida. La privatización y exclusividad de los servicios es un tema manido aunque preciso, interesante y urgente de reducir, pero cuando hablamos de salud mental la preocupación también ha de llegar ante la cantidad de psicofármacos que consumimos.
Como cantaban Los chikos del maíz “No quiero Prozac, tampoco Diazepam que apagan mi cerebro y no calman la ansiedad”, el consumo de fármacos en el Estado español está más que disparado y precisa de una reducción, re-educación, un uso racional y una alternativa psicológica y terapeútica. Nos situamos a la cabeza en cuanto al consumo de psicofármacos, el tercer estado en Europa solo por detrás de Portugal y Grecia. La mayoría de estudios actuales señalan a la ansiedad, la depresión o el insomnio como las afecciones más habituales en nuestra salud mental. La pandemia no hizo más que disparar los datos.
Según el Instituto Nacional de Estadística conocemos que la última “Encuesta europea de salud en España” se desarrolló entre julio de 2019 y julio de 2020, de ella hemos podido extraer que el inicio de la pandemia trajo consigo falta de ánimo, depresión, ansiedad o insomnio así como sentimientos negativos o problemas de concentración.
En estas dos últimas décadas, ha aumentado de forma significativa el consumo de psicofármacos en el Estado español, especialmente de antidepresivos: Fluoxetina (Adofen), Escitalopram (Cipralex), Paraxetina (seroxat), Sertalina (Besitram). Ansiolíticos e Hipnóticos: Lorazepam (Orfidal), Alprazolam (Trankimazin) y Lormetazepam (Noctamid). Según el informe anual del Sistema Nacional de Salud 2020 - 2021 (Informes, Estudios e Investigación 2021, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), el Estado español presenta un aumento del 36% en el consumo de antidepresivos, haciéndolo en un 23% en sustancias hipnóticas y sedantes en el último año.
El uso indebido de psicofármacos, esto es en exceso sin prescripción médica, puede traer graves consecuencias para la salud pudiendo afirmarse que nos encontramos ante un grave problema de salud pública. Dicho uso ha aumentado en los últimos años las visitas a urgencias, incrementando las muertes por sobredosis y una subida en los datos de aquellas personas que han de acudir a los programas de tratamiento para los trastornos por consumo medicamentosos. El consumo de antidepresivos fuera de las indicaciones médicas ha conllevado un 2,5% la posibilidad de desarrollar una conducta suicida en la edad adulta. Especial interés requiere este asunto donde profesionales y sociedad civil organizada que trabajan a diario para reducir los datos exigen desde hace tiempo un Plan coordinador en todo el Estado para reducir unas cifras preocupantes.
Encontramos que, de las personas mayores de 65 años, el 40% de esta población consume antidepresivos siendo un 24,8% los que en la misma franja de edad consumen antipsicóticos, además, hay que sumarle que según un estudio de la Universidad de Castilla - La Mancha se ha detectado que el 13,3% se automedica. Las afecciones médicas, el aislamiento social o la soledad así como el propio estrés y el que se puede producir por el cuidado a una persona enferma son solo algunos de los factores sociales y psicológicos que llevan a una persona adulta mayor a desarrollar enfermedades como la depresión o la ansiedad. Cuestiones incrementadas por el aislamiento durante la pandemia, el miedo a la muerte o la preocupación por aquellas personas allegadas en los picos más elevados de los datos referentes a la COVID-19. Evidentemente ello supone un riesgo, el uso de benzodiacepinas en gente mayor de 65 años comporta riesgos evitables de deterioro cognitivo y aumento de mortalidad por caídas.
La Fundación FAD Juventud tras una investigación realizada a 1.500 jóvenes de entre 15 y 29 años concreta que el 35,4% asegura haber tenido ideas suicidas al menos una vez en el último año. Hemos de recordar que lamentablemente el suicidio se ha convertido a través de la pandemia en la primera causa de mortalidad no natural en los más jóvenes. La tristeza, la desesperanza, la situación de precariedad, la incertidumbre, la disminución de ganas de querer implicarse en nuevas acciones, etc. ha llevado a que muchos de estos jóvenes, ante las dificultades de acceder a un tratamiento de salud mental consideren conveniente finalizar con sus sufrimientos emocionales de forma rápida incrementando ese consumo de fármacos de carácter psicológico, una decisión para paliar el dolor de forma rápida pero ineficaces para acabar con los problemas o enfrentarse a ellos.
Las mujeres mayores de 65 años son el perfil de personas que mayor número de diagnósticos sobre ansiedad y depresión presentan. El perfil más común de persona que recibe tratamiento con esta medicación es una mujer de más de 65 años con ansiedad o depresión. CIS también señala que más del doble de las personas que han acudido a los servicios de salud mental son mujeres. A una conclusión parecida llegó otro análisis realizado en cinco países europeos: las prescripciones de este tipo de fármaco crecen conforme aumenta la edad de los pacientes, especialmente en las mujeres. Y aunque este sea el patrón que más se repite, no por eso es el más adecuado.
Al compararnos con el resto de estados de la Unión Europea, los datos no son alentadores, el consumo de antidepresivos sigue creciendo. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes señala al Estado español como el estado del mundo con mayor consumo legal de ansiolíticos, hipnóticos y sedantes, que en 2020 aumentó un 4,5% y superó las 91 dosis diarias por cada 1.000 habitantes. La falta de acceso a tratamiento psicológico no ayuda a que la situación mejore.
La prescripción de ansiolíticos y el consumo indebido de los mismos es únicamente una salida rápida para hacer frente a la crisis de carácter psicológico que acarrea buena parte de la población. La primera respuesta por parte del Sistema Nacional de Salud debería ser el impulso de tratamientos en pro de la salud mental reduciendo así el sobrecoste en gasto farmacéutico para acceder a tratamiento psicológico.
El uso excesivo y abuso de psicofármacos, puede derivar en una adicción. Únicamente si el consumo del mismo se da de forma controlada podrá actuar de forma adecuada para la salud de la ciudadanía, que sin un tratamiento psicológico adecuado el riesgo para finalizar con un trastorno adictivo es más que improbable.
La adicción a los psicofármacos es conocida también como adicción silenciosa, pudiendo afectar a tres niveles: el fisiológico o biológico, el cognitivo, y el conductual derivando en graves consecuencias de carácter económico y de salud pública.
Bien es cierto que el Ministerio de Sanidad ha habilitado en los últimos años una nueva sección en su web mediante la que proporciona información detallada sobre el consumo de medicamentos financiados con cargo al sistema sanitario público, que hayan sido prescritos por profesionales del Sistema Nacional de Salud y dispensados en oficinas de farmacia. Además contamos con el Plan de acción sobre adicciones 2021 - 2024 una propuesta de actuación para reducir los daños asociados al consumo de sustancias con potencial adictivo, disminuir la presencia y el consumo de sustancias con potencial adictivo y las adicciones comportamentales, así como retrasar la edad de inicio de adicciones, pero ambas acciones gubernamentales no se encuentran relacionadas, interrelacionadas ni se ha puesto en marcha una acción concreta para reducir el consumo de psicofármacos.
La situación de incertidumbre política y la posible falta de valentía política que pueda traer la futura conformación del ejecutivo español ponen en peligro la aprobación de leyes que ayudarían a atajar el problema. Una solución ante la problemática planteada sería la aprobación de una Ley General de Salud Mental, un paso importante fue la presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común en la anterior legislatura donde se expone que si analizamos el número de especialistas en salud mental en los países de la Unión Europea, la mayoría no llegan a los 20 psicólogos por cada 100.000 habitantes en los sistemas sanitarios, la cifra recomendada. Los países de la Península Ibérica tienen menos de diez. En psiquiatría, menos de 14 por cada 100.000 habitantes. Impulsado a través del citado texto el aumento de los recursos humanos que traerían sin duda una mejora en la salud mental de la población y provocaría no solo una mejora en el tratamiento y seguimiento si no, entre otras muchas cuestiones expuestas en la propuesta de ley una prevención en el consumo de psicofármacos en el Estado español. Cierto es que hasta la llegada de dicha ley no podemos cesar en nuestro trabajo sobre la puesta en marcha de políticas que apuesten por un uso debido, en este caso de los psicofármacos, evitando pues una adicción por parte de un alto número de la población.
