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Partido Popular y Ciudadanos relanzan la cultura del ladrillo en Zaragoza

Un hecho que se ha plasmado con la firma del Gobierno municipal para la venta de unos terrenos en los que se construirán 130 viviendas libres en un lugar donde, antes de la demolición, se encontraba la antigua factoría metalúrgica Averly. Sin embargo, para Apudepa, se obvia que la ciudad “tiene otros graves problemas habitacionales que están sin resolver”.
| 16 julio, 2019 07.07
Partido Popular y Ciudadanos relanzan la cultura del ladrillo en Zaragoza
Derribo Averly. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

Poco menos de un mes ha tardado el nuevo Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos –aupado con el apoyo de la extrema derecha- en el Ayuntamiento de Zaragoza en dar barra libre a la constructora Brial, empresa de la familia Briceño, para la construcción de nuevas viviendas en la capital aragonesa. Y lo ha hecho estampando su firma para la venta de unos terrenos en los que se construirán 130 viviendas libres en un lugar donde antes de la demolición –ejecutada con el apoyo de PSOE, PP y Ciudadanos– se encontraba la antigua factoría metalúrgica Averly.

Este modelo de plan urbanístico “a favor del negocio particular de una fuerte promotora”, pone de manifiesto una vez más la urgencia de dos de los integrantes del “tripartito de la excavadora” –tal y como definió en su día el portavoz de CHA, Carmelo Asensio, a PP, PSOE y Cs- por abordar cuestiones que tan solo dichos partidos consideran de este calado. Así lo confirmaba en declaraciones recogidas por Heraldo de Aragón el nuevo concejal de Urbanismo, Víctor Serrano (Ciudadanos): “Hemos intentado ser ágiles, nos hemos encerrado con este tema hasta solucionarlo”.

Sin embargo, para la Asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa), este “no es el camino», y para ello recuerdan «lo que nos ha acarreado la construcción desaforada que se ha promocionado en toda España en las décadas anteriores, dando lugar a una corrupción sin precedentes y en paralelo a una asunción de la pobreza”. A través de una nota de prensa, dicha asociación señala que “una sociedad responsable tiene que ser consciente de todo esto y no olvidarlo”.

Para Apudepa, “el camino adecuado era haber conservado íntegra esa gran factoría metalúrgica que representaba Averly en el paseo María Agustín (1880-2011) y que con el derribo de sus principales edificios, el traslado de su archivo y con el  nuevo depósito en otras nave de parte del material histórico se ha truncado una parte irreemplazable de la historia industrial de la ciudad de Zaragoza”.

“Ahora nos toca estar atentos al convenio de gestión que se cita en prensa y que entendemos se trata de la gestión de la zona conservada y catalogada de la factoría Averly. Nos queda obligar a cumplir la legalidad vigente con una vigilancia estricta”, recalcan.

“Por lo demás, cansados estamos de desarrollos urbanísticos que están reglados, como en la jerga urbanística les gusta llamar, pero que en realidad representan dos modelos de hacer ciudad: entre uno jerárquico y sordo y otro participativo, callado; entre la ciudad global y la entidad local; entre lo genérico y la historia representado en el patrimonio; entre el descuido y los cuidados”.

“En conclusión, la política con mayúsculas es otra cosa, entre otras muchas y principal cambiar el rumbo de los malos hábitos urbanísticos, tan calados en la idiosincrasia del poder en Aragón”, recuerdan desde Apudepa, quien subraya finalmente que “lo grande del caso es que Heraldo de Aragón apuesta fuerte por el nuevo ayuntamiento y le da la razón sin condiciones”.

Otro modelo urbanístico es posible

Aún existiendo en Zaragoza a día de hoy miles de viviendas vacías, Partido Popular y Ciudadanos vuelven a recuperar de esta forma un modelo de desarrollo urbanístico que apuesta por la construcción de nuevas viviendas que únicamente son accesibles para una parte muy reducida de la ciudadanía.

Así, los mencionados partidos políticos -Partido Popular y Ciudadanos- favorecen la especulación inmobiliaria enriqueciendo a las grandes constructoras, fuentes inagotables de corrupción en el Estado español con la connivencia de los partidos de turno, tal y como ha quedado demostrado en los años de la burbuja inmobiliaria y posterior crisis de la misma.

Atrás quedan, entre otras, las políticas de vivienda social llevadas a cabo en la pasada legislatura en la que se destinaron un total de 5,9 millones de euros para ayudas en la rehabilitación de inmuebles dirigidas a mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad, que generaron una inversión en la ciudad de 13,6 millones de euros y que conllevó cientos de empleos directos.

También se pusieron en marcha los proyectos piloto de un novedoso modelo de cesión de suelo a cooperativas para la construcción de viviendas protegidas, llevándolas a cabo en terrenos municipales de tres zonas de la capital aragonesa. Un modelo alejado de la especulación, que permite construir en suelo perteneciente al patrimonio público sin que la Administración o Sociedad pública titular pierdan la propiedad y, al mismo tiempo, hace efectivo el derecho de la ciudadanía a acceder a una vivienda digna y adecuada.

Cabe señalar, además, que el aumento presupuestario en materia de vivienda la pasada legislatura -de 6,7 a 16,7 millones de euros- incrementó el número de viviendas de alquiler social, pasando de alrededor de 1.500 en mayo de 2015 a 2.200 en enero de 2019. Durante estos cuatro años, un total de 718 familias accedieron a una vivienda con una renta adecuada a sus ingresos, más familias que en los tres mandatos anteriores (del 2003 a 2015) en los que se adjudicaron 573 inmuebles de alquiler social.

Siguiendo en este ámbito, el pasado mes de diciembre el Consistorio zaragozano firmó con los y las representantes de siete entidades -Fundación Rey Ardid; Atades; Faim; 2Avia; Fundación Apip-Acam; Fundación Accem; y Fundación Ser Más- sendos convenios para la cesión de 12 viviendas donde llevar a cabo proyectos dirigidos a personas con diversidad funcional, discapacidad intelectual, víctimas de explotación sexual y menores no acompañados.

En definitiva, y entre otras, medidas todas ellas en materia inmobiliaria destinadas a la mejora en la accesibilidad y la apuesta por el ahorro energético; además de un aumento de las viviendas de alquiler social para garantizar el acceso de toda la ciudadanía a una vivienda digna, tal y como recoge la tan manida -para según qué cuestiones- Constitución española.

16 julio, 2019

Autor/Autora

Redactor. Integrante del Consello d’AraInfo. @mr_belbedere


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