El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Madrid ha anulado el acuerdo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) por el que se concedió licencia urbanística para las obras necesarias para acometer las exhumaciones de la Basílica del Valle de Cuelgamuros, anteriormente denominado Valle de los Caídos. Lo hace, tal y como pedían los recurrentes, entre los que se encuentra la Fundación Francisco Franco. Este es el enésimo revés al que se enfrentan las familias de las víctimas del fascismo para poder exhumar a sus seres queridos de Cuelgamuros.
Eduardo Ranz, abogado de las familias de 128 víctimas del Valle de Cuelgamuros, ha lamentado el nuevo retraso de las exhumaciones que podría suponer la anulación judicial de la licencia urbanística que permitía la extracción de los cuerpos. "Es un abuso que define ideológicamente a quien dicta la resolución", ha declarado el abogado de las familias, que ha recordado que ese mismo juzgado ya suspendió de forma cautelar la licencia municipal en noviembre de 2021, una decisión que revirtió posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en una resolución que este mes de marzo avaló el Tribunal Supremo.
Ranz ha definido de "abuso" este nuevo obstáculo para las exhumaciones, en una sentencia que, ha puntualizado, "no las suspende, pero podría suponer un retraso", y que responde a un pleito que no iba contra las familias, sino contra Patrimonio Nacional.
Sin embargo, esta sentencia afecta directamente a las familias, porque podría retrasar el proceso de extracción de los cuerpos y "no tenemos tiempo", ha advertido Ranz, que ha lamentado este nuevo inconveniente para el cumplimiento de la resolución que en 2016 reconoció el derecho de los familiares de los hermanos aragoneses Manuel y Antonio Ramiro Lapeña a recuperar sus cuerpos. De ellos, ya solo queda uno vivo y es muy mayor, ha explicado el abogado, que ha insistido en que "esto no ayuda a que vea cumplida la sentencia" que obliga a exhumar los restos.
Los trabajos forenses para exhumar a 128 víctimas de Cuelgamuros comenzaron el pasado 12 de junio con la búsqueda de 18 cuerpos reclamados por sus familiares ubicados en la cripta de la capilla del Santo Sepulcro, entre ellos los hermanos Lapeña, naturales de Villarroya de la Sierra, municipio de la comarca Comunidad de Calatayud, y fusilados en 1936 por los franquistas.
Tras conocer la sentencia, Puri Lapeña, nieta de Manuel, ha criticado: "Estamos hartas de mendigar por los restos de nuestros antepasados. Simplemente queremos que, tal como marca la sentencia, se cumpla. Al igual que se han exhumado otros cuerpos de nivel 0, que ya han sido entregados a sus familiares, ¿por qué nuestros familiares no se pueden hacer? Unos sí y otros no, no entendemos nada". La familia de los hermanos Lapeña, que en septiembre de 2022 denunció por prevaricación a la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial por paralizar la exhumación, lleva más de siete años esperando que se cumpla la sentencia.
Se estima que de Aragón fueron trasladadas a Cuelgamuros, sin el consentimiento de las familias, unas 5.000 personas, algunas sin identificar, por orden del régimen franquista en una operación a nivel estatal que comenzó en 1958. Ante el inicio de los trabajos forenses en Cuelgamuros, el pasado mes de junio, la Plataforma de Acción por la Memoria de Aragón (PAMA) recordó que "estas personas además de sufrir la represión franquista, fueron enterradas por decisión del dictador, sin permiso de sus familiares, en el mausoleo que el régimen erigió para su memoria y exaltación".
