La política del vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, sobre los centros de protección de menores vuelve a abrir un nuevo frente. Una orden firmada el pasado 27 de julio modifica los requisitos para cubrir determinados puestos en estos recursos y permitirá, de forma excepcional, contratar a profesionales que no cuentan con el grado de Educación Social cuando se acredite que las plazas son de difícil cobertura y no ha sido posible encontrar personas con la titulación exigida.
La orden abre la posibilidad de incorporar a personas tituladas en Trabajo Social, Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía o Magisterio para desempeñar funciones que hasta ahora requerían la titulación específica de Educación Social.
El Departamento de Bienestar Social y Familia justifica esta modificación por las supuestas "dificultades detectadas" para "cubrir puestos que requieren atención permanente las veinticuatro horas del día" y sostiene que se trata de un servicio esencial que no puede interrumpirse debido a la especial vulnerabilidad de los menores atendidos.
Sin embargo, la decisión ha provocado un rechazo frontal tanto de las organizaciones sindicales como de Chunta Aragonesista, que consideran que el Gobierno de Aragón opta por rebajar los requisitos profesionales en lugar de resolver el problema estructural de falta de personal y de precariedad laboral.
CGT, CCOO y UGT: “Abre la puerta de par en par al intrusismo profesional”
CGT, CCOO y UGT han rechazado de forma conjunta la orden aprobada por el Ejecutivo aragonés y denuncian que supone un grave retroceso para la atención que reciben los menores migrantes tutelados.
Los tres sindicatos consideran que el Gobierno de Aragón ha elegido "rebajar los requisitos" de acceso en lugar de afrontar las causas que dificultan la cobertura de plazas. En un comunicado conjunto sostienen que la decisión "abre la puerta de par en par al intrusismo profesional", al permitir que puestos reservados hasta ahora a educadoras y educadores sociales puedan ser ocupados por profesionales de otras disciplinas.
A su juicio, esta modificación degrada la calidad de la intervención socioeducativa que reciben los menores y responde antes a los intereses de las empresas adjudicatarias del servicio que a la necesaria profesionalización de los centros de protección.
Las organizaciones sindicales insisten en que la solución no pasa por reducir las exigencias de acceso, sino por mejorar las condiciones laborales y salariales para hacer atractivos unos puestos que, desde hace años, presentan dificultades de cobertura.
CHA acusa a Nolasco de “degradar” la protección de la infancia
La portavoz de CHA en la Comisión de Bienestar Social y Familia de las Cortes de Aragón, Mary Carmen Bozal, considera que la orden supone "un nuevo ataque a los servicios públicos y a la protección de la infancia más vulnerable".
Bozal rechaza la idea de que la falta de profesionales responda al perfil de los menores atendidos y sostiene que el verdadero problema reside en las condiciones laborales que ofrece el propio Gobierno de Aragón.
"La realidad es que faltan profesionales porque el Gobierno de Aragón mantiene unas condiciones laborales precarias, contratos temporales, recursos insuficientes y una escasa exigencia técnica a las entidades gestoras. Lo mismo sucede en otros recursos destinados a menores con mayor vulnerabilidad. En lugar de corregir ese problema, Nolasco opta por rebajar los requisitos y deteriorar el servicio", afirma.
Para la diputada de CHA, la decisión forma parte de una estrategia política deliberada para debilitar el sistema público de protección de menores.
"Nolasco utiliza la precariedad que él mismo alimenta con sus decisiones para justificar una rebaja de la calidad asistencial y fomentar una imagen de conflicto permanente alrededor de los menores migrantes. Es una política irresponsable que termina perjudicando a quienes más protección necesitan", denuncia.
Bozal añade que estas críticas cuentan también con el respaldo de los sindicatos y de las trabajadoras y trabajadores del sector integrados en la Plataforma de Negociación del Convenio Autonómico de Reforma y Protección de Menores en Aragón.
En opinión de CHA, un Gobierno comprometido con la protección de la infancia reforzaría los equipos profesionales y mejoraría las condiciones laborales en lugar de flexibilizar los requisitos de acceso.
"Un Gobierno verdaderamente comprometido reforzaría los equipos profesionales y mejoraría las condiciones laborales; este Gobierno hace exactamente lo contrario porque ha decidido convertir la protección de la infancia en un instrumento de confrontación ideológica", concluye Bozal.
Nuevo episodio en la gestión de los centros de menores
La orden llega apenas unos días después de otra de las decisiones impulsadas por Alejandro Nolasco que ha generado una amplia contestación judicial, institucional y profesional: la retirada de la asignación semanal únicamente a menores migrantes tutelados.
Esa medida está siendo ya analizada por las fiscalías especializadas de Menores y de Delitos de Odio y ha motivado actuaciones de la Chusticia d'Aragón, del Ministerio de Juventud e Infancia y del Defensor del Pueblo, además del rechazo expresado por Amnistía Internacional, el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón y diversas organizaciones sociales y fuerzas políticas, mientras el Gobierno de Jorge Azcón mantiene su respaldo a las decisiones adoptadas por el vicepresidente de Vox.
