Ni las personas más mayores y sabias del lugar habían visto nunca la fuente de Paracuellos seca. Durante siglos esta fuente no ha dejado de manar, pero las obras del ilegal pantano de Mularroya y el trasvase del río Jalón han seccionado los acuíferos y los manantiales históricos de la Sierra Vicor, y han dejado sin agua a la fuente.
Por eso, este pasado domingo, casi un centenar de personas realizó un acto de protesta en Paracuellos de la Ribera bajo el lema “En Defensa del Agua Perdida”, reclamando “que se restituya el acuífero”. En el acto, acompañando a las gentes de Paracuellos, participaron vecinas y vecinos de Sabiñán, Chodes, Purroy, Embid de la Ribera, Ricla, Morata, y Arándiga, municipios también afectados por las obras ilegales del embalse de Mularroya.
No sólo han secado la fuente de Paracuellos, también varios pozos agrícolas de esta localidad y de El Frasno, algo que ya se advirtió que pasaría en las alegaciones a la obra del pantano de Mularroya, pero que fueron ignoradas.
Una de las personas participantes señalaba que “durante muchos años la cuenca del Jalón ha respetado su ecosistema, permitiendo que la vecindad de Embid, Paracuellos de la Ribera, Sabiñan, y otros lugares, tuvieran recursos para vivir y fijar población. Pero lo que se está haciendo ahora se podría considerar un ecocidio. Sin caudal de vida y sin medios de comunicación, Paracuellos de la Ribera desaparecerá”, sentenciaba con tristeza, y algo de rabia, en los ojos.
La CHE reconoce sus errores, pero le echa la culpa a la sequía
La propia Confederación Hidrográfica del Ebro reconoce que los trabajos de la tuneladora del trasvase del Jalón, imprescindible para llenar mínimamente el pantano, pues el caudal del río Grío “no es suficiente”, “han afectado a una serie de acuíferos”, y que “se ha constatado una disminución del caudal filtrado”.
Pero al peor estilo de tiempos pretéritos, ha recurrido a la excusa ‘de la pertinaz sequía’ señalando que “hay una serie de acuíferos que se han visto afectados por el paso de la tuneladora, pero principalmente por la sequía actual”, por lo que según su criterio acientífico “habrá que esperar un tiempo para que las lluvias recarguen los acuíferos”, a este paso, quizá la próxima solución que plateen sea sacar algún santo, virgen, u objeto mágico capaz de generar lluvias.
La propia CHE también reconoce que deberá malgastar otros ocho millones de euros en un tratamiento adicional y excepcional para “atravesar la zona permeable completamente y en el menor tiempo posible para poder disminuir el drenaje y aplicar, inmediatamente la segunda capa”, esperemos que con más éxito, pues también reconoce que “la perforación lleva ya el tratamiento de primera fase para mitigar filtraciones”.
El agua: un bien común imprescindible para luchar contra la despoblación
Para algunas de las personas participantes en el acto de Paracuellos “esta situación supone la puntilla para la agricultura tradicional de la zona, en donde se produce fruta de hueso de la máxima calidad. Un elemento más para acelerar la despoblación en una de las zonas más despobladas de Aragón”.
Los afectados por el embalse de Mularroya y el trasvase del río Jalón han recordado que “en este momento todo el proyecto sigue adelante fruto de una irresponsable política de hechos consumados”, sin haber tenido en cuenta ninguna de sus alegaciones ni tampoco las 4 sentencias judiciales que lo han declarado ilegal. Pese al avance de las obras, consideran que “queda margen para salvar la agricultura del tramo medio del Jalón y la vida de sus pueblos, así como un espacio natural tan importante como las Hoces del Jalón”.
También han recordado que, una vez terminado el proyecto “los vecinos aguas abajo del punto del trasvase verían reducido su caudal de manera extraordinaria, lo que pone en peligro la agricultura tradicional y hasta la vida misma de los pueblos de una de las zonas que más sufre la despoblación” en nuestro país.
Mularroya: retorcer la ley para despilfarrar 200 millones en hormigón, desecar el río Jalón y poner en riesgo a Zaragoza
Varias sentencias firmes del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional anulando el proyecto del pantano de Mularroya, e incluso paralizando sus obras ya iniciadas, no han sido obstáculo suficiente para el Estado español, que retorciendo la ley para incumplir los mandatos judiciales, la normativa medioambiental de la Comisión Europea, y el sentido común, ha continuado destrozando el territorio, el patrimonio cultural, y enterrando cientos de millones de euros en las obras de Mularroya, cuya seguridad está en entredicho, y por tanto supone un riesgo para poblaciones como Ricla, Calatorao, o incluso la ciudad de Zaragoza.
