Las exigencias de Microsoft y la pleitesía del Gobierno de Aragón con la construcción de los centros de datos en Puerto Venecia no tienen límite. La reciente modificación del PIGA, para tapar las irregularidades de la gestión de residuos con amianto, suma un nuevo escándalo para que la multinacional se ahorre 13 millones de euros. Ha instado al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), a que le permita trasladar 1.969.031 m³ de sus excedentes de tierra de las obras a un vertedero clausurado por sus instalaciones ilegales, como adelantó Heraldo. Lo que sorprende es que hace menos de un año emitió un informe en el que reconocía que desconocía cuánto volumen podía destinar a este emplazamiento y a otros 36, que se estudiaron para labores de restauración.
En la nueva documentación del PIGA modificado propone esta única solución al INAGA. Dicho informe parece un claro chantaje a la independencia del instituto, ya que las otras dos opciones propuestas son: no construir los centros de datos o trasladar el material a un vertedero autorizado con un coste “injustificable” de 13 millones de euros. El problema es que el emplazamiento exigido por Microsoft es un vertedero ilegal clausurado hace más de diez años gracias a la lucha del movimiento vecinal de Torrero.
El 15 de diciembre de 2009 se dictó el acuerdo del Gobierno de Aragón en el que se denegó la autorización de vertedero de Las Canteras, como instalación destinada a la eliminación de residuos, tanto no peligrosos como inertes. También se notificó su clausura, así como la finalización de la actividades de gestión. Y se instó a la empresa responsable al sellado en el plazo de un año. Dicha entidad apuró una vía judicial que tuvo su fin en mayo de 2015, cuando el Tribunal Supremo desestimó el recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Aragón en 2013 que ratificaba el acuerdo del ejecutivo aragonés.
Cambio de intención en menos de un año
Lo que sorprende de esta nueva exigencia de Microsoft es, que hace menos de un año, la descartó en un informe, aprobado inicialmente dentro de la documentación del Proyecto de Interés General para Aragón (PIGA). En el Anexo 11 ‘Plan de Gestión de Escombreras Históricas’, fechado en septiembre de 2025, se valoró emplazamientos cercanos con mayor potencial de restauración, en un radio no superior a 50 kilómetros. Lo relevante de este apartado es que la multinacional reconoció su redacción en base a distintas fuentes, entre las que se incluía al INAGA y sus indicaciones dadas en las reuniones mantenidas.
En la valorización se estudiaron 37 emplazamientos o espacios degradados, entre los que se encontraba el vertedero ‘Las Canteras’. Sin embargo, dado que la actividad de las instalaciones cesó hace más de diez años, estaba denominada como ‘Torrero I’. Este nombre identifica la explotación minera anterior a la actividad económica del vertedero. Ello se deduce de la categoría ‘Tipo de autorización’, ya que se identifica a las entidades titulares de la concesión directa otorgada para la explotación minera. En la tabla comparativa también se indica la cercana distancia a la obras, a tan solo un kilómetro.
Lo que sorprende de la reciente petición al INAGA de trasladar casi dos millones de metros cúbicos al vertedero, es que en el apartado de ‘Estimación de volúmenes’ se afirma textualmente: “No existe un registro sobre las necesidades de materiales para la restauración de antiguas huecos de canteras o explotaciones mineras, por lo tanto, se desconoce los volúmenes del material que podría gestionarse a través de esta vía”. Cabe recordar que una de las fuentes de esta valoración eran las indicaciones dadas por el instituto autonómico, al que ahora piden que trague con esta exigencia.
Este informe también desvela, que al no haber un registro de volúmenes, se valoró el planteamiento de repartir los materiales entre los 37 emplazamientos analizados. No en vano, se calculó una estimación de tiempo y toneladas en las que se incluían todos estos lugares. Ahora, Microsoft quiere reducir costes y llevar todo al mismo lugar, a tan sólo un kilómetro de Puerto Venecia. Para obviar este informe, la multinacional ha desistido de este anexo en la reciente modificación del PIGA que ha aceptado el Gobierno de Aragón.
