El desembarco de grandes proyectos energéticos y tecnológicos sigue alimentando el debate sobre el modelo de desarrollo que se está consolidando en Aragón. Mientras en territorios como el Matarranya la posible implantación de proyectos eólicos provoca una profunda división social, en Zaragoza el conflicto ha estallado por otro motivo.
La llegada de Microsoft, con su propuesta para levantar uno de los mayores centros de datos planteados en la geografía aragonesa, ha puesto en pie de guerra a parte de las personas propietarias de los terrenos sobre los que descansarán las instalaciones.
La parte afectada denuncia que el Gobierno de Aragón les expropia unas parcelas clasificadas en el Plan Urbanístico como suelo urbanizable no delimitado de uso terciario, aplicando una valoración que consideran impropia de esa clasificación urbanística.
Ana Garza es vecina de Calaceit y una de las afectadas, y señala que la tasación, que "no viene ni del Gobierno de Aragón ni del Ayuntamiento de Zaragoza", sino que la ha hecho "un perito contratado por Microsoft", se ha fijado en 1,75 euros el metro cuadrado. Cifra que califican de "precio ridículo", teniendo en cuenta que las fincas están en las inmediaciones de Puerto Venecia.
Según explica la afectada para matarranya.media, "hace un par de años recibimos una llamada anónima de una persona del extranjero que quería comprar los terrenos a un precio irrisorio". Una oferta de compra que la familia rechazó por considerarla muy inferior al valor real de las parcelas.
"Nos dijeron que, si queríamos saber qué empresa estaba detrás de la operación, debíamos firmar un acuerdo de confidencialidad. Nos negamos, y al tiempo descubrimos por prensa de que era Microsoft", relata Ana Garza. Poco después recibieron una nueva llamada en la que, asegura la afectada, se les advirtió que, si no aceptaban la oferta, los terrenos acabarían siendo expropiados.
"Les respondimos que ya nos veríamos en la expropiación". ¿Cuál fue su sorpresa? "El Gobierno de Aragón anunció que iba a tramitar un PIGA (Plan de Interés General de Aragón)", puesto que es un proyecto que "va a generar 3.000 puestos de trabajo". Sin embargo, tal y como alega la afectada, para que Gobierno de Aragón apruebe un PIGA, debería existir un proyecto. Y "por la información que nosotros tenemos", la compañía no ha presentado ningún proyecto. Sólo ha registrado una memoria.
Sin embargo, Ana Garza sostiene que esa memoria ha bastado para que Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza hayan seguido adelante con el proceso. De hecho, "ni siquiera podemos acceder a los terrenos. Están vallados y han comenzado los trabajos de limpieza", denuncia.
Además, la afectada explica que, a su juicio, el procedimiento de expropiación no ha seguido los cauces habituales. Si bien los afectados presentaron la correspondiente hoja de aprecio donde valoraban sus fincas, desde la administración recibieron una contestación anunciándoles que ya habían sido expropiados.
"No hemos cobrado ni un duro, el Gobierno de Aragón ya ha puesto mis terrenos a nombre de Microsoft y no hemos podido defender lo que consideramos el valor real de las parcelas". Asimismo, Ana Garza asegura que la multinacional ya había accedido a los terrenos antes incluso de que el cambio de titularidad les fuese comunicado de manera oficial, un hecho que, junto a otras familias afectadas por el futuro centro de datos, han llevado a los tribunales.
Según explicó el rotativo El Mundo, Microsoft sostiene que el proceso se ajusta a la legalidad, mientras que el Gobierno de Aragón defiende el interés general de dicho proyecto.
Las palabras de Ana Garza encuentran eco en el Matarranya, donde se vive con recelo el avance de proyectos vinculados a los centros de datos y al consumo que precisan, tanto de agua como de energía. Y es que, si bien parecen conflictos independientes, comparten una misma esencia: el trato de favor a grandes multinacionales cuya capacidad de influencia sitúa sus intereses por encima de los derechos patrimoniales y las necesidades del territorio que habitan.
