La Red Voces Feministas Por Los Derechos ha lanzado un manifiesto que parte con el apoyo de más de 500 personas de la academia, trabajadoras sexuales, activistas y organizaciones, donde expresan su apoyo a las reivindicaciones de las trabajadoras sexuales organizadas.
El texto surge en “un contexto de falta de debate social y político real” dominado por posturas “abolicionistas-prohibicionistas que no admiten deliberación democrática”. El documento recoge 10 propuestas expresadas en términos claros.
Las personas y entidades abajo firmantes expresan así su apoyo a este manifiesto, que clama por los derechos de las trabajadoras sexuales en un contexto de falta de debate social y político real.
El texto comienza recordando el estigma que pesa sobre ellas y que las sitúa en una posición de desventaja, a merced de estrategias de dominación y punitivismo propias del patriarcado. “La escalada de intervenciones abolicionistas-prohibicionistas en la esfera pública ha sistematizado el ataque, el insulto, el desprecio, la infantilización y la revictimización de las trabajadoras sexuales y su entorno, así como la desinformación en torno a la realidad de la prostitución”, señala.
Esta recogida de firmas surge ante la reciente aceptación a trámite de una ley que consideran abiertamente abolicionista- prohibicionista, y la Red Voces Feministas por los Derechos reclama un espacio de deliberación a la altura de los retos planteados por el trabajo sexual para el avance hacia sociedades feministas, para la lucha contra la creciente desigualdad y rechazando la violencia como herramienta política.
“La complejidad de nuestra sociedad y sus bases jurídicas exigen una esfera pública que no atienda a dinámicas excluyentes y se base en el respeto por la pluralidad de voces y la deliberación verdaderamente democrática. Los debates y las decisiones que se tomen al respecto no pueden pasar por alto los derechos reconocidos en convenciones internacionales o en acuerdos entre países de la UE”, explica el manifiesto.
En esta línea este manifiesto exige una participación política plena, es decir, que las trabajadoras del sexo tienen derecho a ser sujetos políticos, a ser interpeladas como interlocutoras válidas con capacidad de negociar las políticas que les afectan: “Quienes apoyamos este manifiesto exigimos que cualquier propuesta normativa sobre la prostitución se haga poniendo en el centro las necesidades materiales, de reconocimiento y de derechos de las trabajadoras del sexo tal y como son expresadas por ellas mismas”.
Ello incluye su derecho a organizarse, asociarse, sindicarse y recibir fondos públicos para ello, de cara a poder establecer sus estrategias y prioridades como cualquier otro grupo social.
Además, reivindica igualdad de oportunidades vitales y derecho a que se garanticen condiciones objetivas de igualdad y justicia social que potencien la capacidad de decisión de las mujeres, en especial en el mercado laboral: “Consideramos urgente dotar de recursos económicos suficientes y mecanismos de acceso a alternativas laborales dignas, no feminizadas ni precarizadas, para quienes necesiten abandonar este trabajo”.
Esta Red de Voces Feministas por los Derechos apoya la garantía de una vida libre de violencia para todas: “Derecho a vivir libres de violencia simbólica, institucional, policial y directa (algo especialmente grave en colectivos como migrantes y trans)”. Y es que como explica el documento, la lucha contra la violencia pasa por remover obstáculos y eliminar estructuras de dominio; erradicar estereotipos y prejuicios; educar para la igualdad, la libertad sexual, la prevención de abusos y el respeto a la diversidad.
Asimismo, reclama derechos sociales, al cuidado y la atención sanitaria. Para esta red, las trabajadoras sexuales no deben ser excluidas del sistema social de protección y del sistema de salud, independientemente de su situación administrativa. Tienen derecho a no ser discriminadas en el acceso a los servicios, programas y recursos públicos.
Ejercer la prostitución no debe condicionar el trato que se recibe, el tipo de atención, los itinerarios, o los criterios aplicables para tal acceso. Sin embargo, en contextos de emergencia social (como el originado por el COVID-19) deben ser reconocidas como un colectivo en situación de vulnerabilidad y ser tenidas en cuenta en la distribución de recursos.
La reforma de la Ley de Extranjería está muy unida a la situación de las trabajadoras sexuales. Así, desde esta red recuerdan que la mayoría de las mujeres que se dedican al trabajo sexual son migrantes, muchas de ellas en situación administrativa irregular.
Es preciso revisar la Ley de Extranjería para reducir los factores de vulnerabilidad a los que se enfrentan las trabajadoras del sexo. Los estudios sociológicos, antropológicos y jurídicos sobre la materia demuestran que la actual política y normativa migratoria es uno de los mayores factores de ansiedad, miedo y desesperación para las trabajadoras del sexo, que les resta además capacidad de agencia.
También exigen la protección efectiva frente a la trata y la explotación sexual. “Hay que modificar la política anti-trata actual, que es funcional al control migratorio, y privilegia la frontera estatal por encima de los derechos de las víctimas. Al girar en torno a la política migratoria, funciona como un instrumento de presión y represión hacia las mujeres en lugar de combatir las estructuras globales, económicas, sociales, racistas, patriarcales, etc., que las vulnerabilizan”.
La lucha contra la explotación sexual y la explotación laboral pasa por la distinción entre trabajo sexual, explotación y trabajo forzado, tal y como recogen el Código Penal y la normativa europea porque las víctimas de explotación sexual y de trabajo forzado tienen necesidades diferentes, y porque esas necesidades difieren también de las de las trabajadoras del sexo.
El manifiesto rechaza las propuestas de regulación que ignoran la lucha de las trabajadoras del sexo: “Rechazamos las políticas punitivistas basadas en reforzar el control penal y administrativo sobre las mujeres y su entorno; las que no distinguen entre las situaciones forzadas y coercitivas de las que no lo son; las que consideran víctimas de violencia sexual a todas las mujeres; las propuestas de perseguir a los clientes, la tercería locativa o el proxenetismo no coercitivo”.
Distintas experiencias de otros Estados ponen de manifiesto para la Red de Voces Feministas por los Derechos que tales iniciativas sólo empeoran las condiciones de vida y trabajo de las trabajadoras del sexo, incrementando su marginación, desprotección y abandono institucional: “Cualquier regulación debería centrarse en los derechos de las mujeres, tender hacia la autogestión, e incluir medidas sociales, educativas y económicas más amplias”.
El octavo punto insiste en la generación de conocimiento y la participación en el diseño de políticas públicas: “Exigimos respeto por el conocimiento producido por las trabajadoras del sexo, por su experiencia y su realidad. Pedimos a los poderes públicos un compromiso serio con la investigación ética, objetiva y rigurosa, que dé cuenta de la situación y las necesidades de las trabajadoras, y que resulten útiles para diseñar políticas públicas. La ideología no es suficiente para mejorar la vida de las personas, se precisa conocimiento”.
En este sentido también reclama el derecho a la información. “Necesitamos que los discursos sobre el trabajo sexual se basen en conocimiento objetivo sobre las condiciones materiales, sociales, económicas, jurídicas y culturales que explican la situación de las trabajadoras”, por lo que reclaman que este conocimiento se haga público, sea veraz, sin sesgos y se comunique a la ciudadanía de forma clara y desinteresada, en cumplimiento de las bases éticas y legales del tratamiento informativo de los datos.
Por último, el manifiesto pide el reconocimiento de la lucha de las trabajadoras del sexo, de su aportación, su voz y su acción desde el feminismo: “La contribución de las trabajadoras del sexo al feminismo no debe ser negada, tergiversada, censurada o manipulada. A nivel nacional e internacional las trabajadoras sexuales activistas cuentan con una trayectoria histórica sólida de lucha contra el estigma, de defensa de sus derechos laborales y del derecho de
emancipación de todas las mujeres. Su reivindicación se suma a las luchas de otros sectores de trabajadoras precarias en un mercado de trabajo injusto y profundamente segmentado por género”.
Por todo ello, las más de 500 personas que han firmado y las que están por firmar recuerdan que “no necesitamos más prohibiciones, ni más sanciones, ni mayor clandestinidad, ni más hipocresía. Para terminar con el estigma, la explotación, la violencia y la discriminación, las trabajadoras del sexo necesitan derechos, respeto y que se escuche su voz”.
