El empeño de las autoridades marroquíes del Régimen alauita por expulsar a cualquier persona que se reúna con activistas saharauis para conocer el incumplimiento marroquí de los acuerdos internacionales y los Derechos Humanos, se ha cobrado “una nueva víctima”.
En este caso ha sido el aragonés David Blanco, secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación General del Trabajo. Tras llegar el sábado a Dajla (Villacisneros), estuvo en contacto con activistas saharauis que le explicaron “la represión, los secuestros, las torturas y otras barbaridades a las que las autoridades marroquíes someten al pueblo saharaui”. Según relata, desde el primer momento fue objeto de vigilancia. Finalmente, este pasado domingo, al llegar al hotel “le han conminado a hacer las maletas y a marcharse, con la única acusación de ser persona non grata”, detallan desde la CGT.
Entonces ha comenzado su periplo de vuelta, siendo obligado “a coger un taxi en dirección a la ciudad marroquí de Agadir, debiendo recorrer más de mil kilómetros para terminar tirado sin ningún transporte para volver al Estado español”, relatan desde el sindicato, que añade que “David ha manifestado que se encuentra bien, y a primera hora de este lunes viaja hacia Tenerife para luego volar de regreso a Madrid”. “Me han dejado tirado a las cuatro de la mañana en la estación de taxis y, literalmente, que me buscara la vida para volver”, señala el propio Blanco.
El secretario de RRII de la CGT ha declarado a AraInfo que “es una pena que el gobierno del Estado español sea cómplice, primero abandonando a los saharauis y ahora tendiendo la mano a un Reino de Marruecos que represalia, persigue y tortura a los saharauis que solo quieren su tierra para vivir. He tenido la suerte de poder estar un día y con esta expulsión dar eco a lo que pasa en Dakhla, una ciudad que se vende como turística pero que esconde muchas historias tristes del pueblo saharaui”, enfatizaba Blanco.
Este no es un caso aislado, sino una práctica sistemática del Régimen alauita en Marruecos que la CGT ya denunció públicamente “tras la expulsión de un periodista y dos activistas en el mes de enero”. David Blanco mostró su rechazo a estas expulsiones y señaló al gobierno del Estado español como “cómplice, a sabiendas de que se trata de una estrategia más para continuar oprimiendo a miles de personas a las que se les niega derechos reconocidos universalmente, como es el derecho a la autodeterminación”.
