El contencioso político, ahora en los tribunales, por la municipalización del servicio municipal del 010, se ha convertido en una violenta batalla en la que todo parece valer, incluso fuera de los cauces lógicos de la política.
Este martes el consejero municipal de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, se preguntaba cómo la Confederación de Organizaciones Empresariales (CEOE) en Aragón había podido redactar un recurso de 23 páginas, en apenas unas horas, basado principalmente en el informe del interventor solicitado por PSOE y Ciudadanos.
Cubero se preguntaba "quien le facilitó esos informes a la CEOE que el Gobierno no tenía", y aseguraba que desde el gobierno municipal insistirían en quién y cuándo hizo llegar esos informes, porque demuestra que la organización empresarial ha tenido "un trato de favor". Contundente, llegaba a afirmar que "la patronal lo ha obtenido de manera ilícita y eso no lo sospechamos, sino que lo afirmamos".
El pasado viernes, el juzgado Contencioso Administrativo número 4 de Zaragoza adoptaba la medida cautelar después de que el abogado Don Rafael Alcázar Crevillén, representando a la CEOE de Aragón presentase un recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza.
Es en el bufete de abogados Alcázar Cuartero, que dirige Rafael Alcázar, donde se encuentra una de la curiosas coincidencias entre el proceso legal y la batalla política. Una de las socias del mismo es Ana Belén Blasco Cebolla, esposa del concejal por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón.
La beligerancia del concejal popular en cuanto a la remunicipalización del servicio 010 pudiera haber ido más allá de sus peticiones para que la decisión tuviera que ser enviada al Tribunal de Cuentas, o la obligación de "elevarse al pleno". Al menos levanta suspicacias la coincidencia.
Lo que parece estar claro es que el concejal popular es la persona que pudo tener acceso a la documentación con más facilidad, pese a que no haya sido el grupo popular el que haya solicitado este informe. Algo que no dejaría en buen lugar a los grupos políticos que los solicitaron.
Además, en su comparecencia del martes Alberto Cubero citaba la connivencia entre la organización empresarial en Aragón, cuyo presidente, Ricardo Mur, fuera concejal del PP en Zaragoza, y el propio grupo municipal popular, para fraguar un ataque directo hacia los procesos de municipalización, algo que según el consejero afianza al gobierno municipal en esta estrategia "porque revela que se ataca a los intereses de los poderes económicos que han creado esta crisis económica".
