Los juicios represivos del franquismo serán declarados nulos de pleno derecho

La nueva Ley de Memoria Democrática cuyo anteproyecto ha aprobado este martes el Consejo de Ministros y Ministras del Gobierno español, prevé declarar "nulos de pleno derecho" los juicios sin garantías del franquismo, transformar el Valle de los Caídos en un cementerio civil y dotar al Estado de recursos para recuperar restos de las fosas comunes

Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

La vicepresidenta primera del Gobierno español, Carmen Calvo, ha explicado en rueda de prensa que el nuevo texto plantea incorporar la memoria democrática al currículum educativo.

La habilitación de un banco de ADN que facilite la identificación de los restos todavía pendientes de recuperación en miles de fosas comunes aún no exhumadas y la creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para proteger los derechos de las víctimas de la represión y la dictadura son otras novedades de esta iniciativa.

Calvo ha anticipado que el desarrollo de esta nueva norma, que actualiza la Ley de Memoria Histórica de 2007, "será muy largo", y como se tardará "mucho tiempo" en aplicar "se prevén planes cuatrienales que garanticen su viabilidad presupuestaria y culminar la pretendida reparación de las víctimas del franquismo".

En esta línea, ha dicho Calvo, "se incluye la atención a colectivos reprimidos por la dictadura como los gitanos u homosexuales y se contará con las asociaciones memorialísticas para su impulso".

Se trata, ha enfatizado la vicepresidenta, de un "texto urgente" porque "la democracia no podía permitirse seguir un día más sin tener encima de la mesa una ley como ésta que va a permitir homologar la democracia española a las más avanzadas del mundo, al tener muy en cuenta la normativa de defensa de derechos humanos".

Respecto a entidades como la Fundación Francisco Franco, el anteproyecto contempla que no podrán existir, ha señalado, asociaciones sostenidas con recursos públicos "que promocionen el totalitarismo o enaltezcan figuras dictatoriales", como ya ocurre en otros países europeos.

Asimismo, el anteproyecto contempla la creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos que se dedicará a investigar hechos producidos en la Guerra Civil y la Dictadura, teniendo como marco jurídico de referencia el derecho internacional y los tratados internacionales.

La ley también establece un régimen de sanciones, en defensa de las víctimas y de la dignidad de los principios y valores constitucionales en el espacio público, que pueden llegar hasta los 150.000 en los casos de infracciones graves, por ejemplo, la destrucción de fosas de víctimas de la Guerra Civil, destrucción de lugares declarados de memoria democrática, falta de adopción de medidas necesarias para impedir o poner fin en espacios públicos de actos de exaltación de la guerra civil o la dictadura, o la convocatoria de actos que inciten al desprecio o la humillación de las víctimas.

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