La Asociación de Madres y Padres del Alumnado (AMPA) del CPI Valdespartera III ha denunciado públicamente la situación de “descoordinación estructural” entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón en la gestión de los Centros Públicos Integrados (CPI), un modelo educativo que combina Infantil, Primaria y Secundaria y que, según las familias, “funciona de manera disfuncional” por el reparto competencial entre ambas administraciones.
En una carta remitida a los medios de comunicación, la Junta Directiva del AMPA denuncia que esta división de responsabilidades —Ayuntamiento para Infantil y Primaria, DGA para Secundaria— está generando un “caos institucional” que repercute directamente sobre el alumnado, el personal y las familias.
El caso del CPI Valdespartera III, uno de los centros de nueva creación en el sur de Zaragoza, ilustra la gravedad de la situación. El edificio destinado a Secundaria aún no ha sido construido, lo que ha obligado a reubicar a las y los estudiantes de ESO en aulas del edificio de Primaria y en módulos prefabricados. “El centro se ve obligado a hacer encajes imposibles para ubicar a todo el alumnado, afectando a la calidad educativa y al funcionamiento interno”, denuncian.
La falta de edificio propio también impide que se activen los recursos humanos correspondientes a la etapa de Secundaria —como conserjes, personal administrativo o de limpieza—. Además, el Ayuntamiento no cubre algunos servicios en las zonas ocupadas provisionalmente por el alumnado de ESO, “por no ser de su competencia”. Entre los ejemplos, las familias señalan el mantenimiento de seguridad, como la revisión de extintores, en mitad del edificio de Primaria.
En el caso de las aulas prefabricadas, la AMPA denuncia que “quedan fuera de cualquier responsabilidad clara” entre las dos administraciones. No existe una dotación presupuestaria específica para su limpieza o mantenimiento, y cuando el centro solicita soluciones, “la respuesta habitual es que se sufraguen con el presupuesto anual del colegio, pensado originalmente para materiales o pequeñas mejoras”.
A ello se añade la falta de coordinación entre los servicios de mantenimiento municipales y los de Secundaria, lo que obliga al propio centro a reorganizar su personal para cubrir tareas que no le corresponden. “Es una sobrecarga injusta e ineficaz”, apuntan.
Las familias recuerdan que esta situación se repite desde hace años en varios CPIs de Zaragoza, y reclaman una solución política y administrativa urgente. “Los equipos directivos no pueden seguir actuando como gestores de un caos competencial, el alumnado no puede aprender en condiciones precarias y las familias no podemos aceptar que nuestros hijos e hijas estén escolarizados en centros incompletos o en instalaciones que nadie quiere asumir como propias”, subraya la carta.
La Junta Directiva del AMPA considera que los medios de comunicación pueden desempeñar un papel clave para visibilizar este problema y presionar a las instituciones. “La educación pública, y especialmente los modelos de CPI, no pueden seguir funcionando en condiciones tan precarias”, concluyen.
Un problema común en los CPIs de Zaragoza
El conflicto competencial entre Ayuntamiento y DGA no afecta solo al CPI Valdespartera III. Familias de otros centros como Valdespartera I y II, Arcosur, Parque Venecia o Soledad Puértolas llevan años denunciando las mismas carencias: retrasos en la construcción de los edificios de Secundaria, aulas prefabricadas, falta de limpieza, mantenimiento o personal auxiliar, y una gestión que “divide lo que debería funcionar como un único centro”.
Desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de Aragón (FAPAR) se ha reclamado en varias ocasiones una mesa de coordinación interadministrativa que garantice recursos estables y una gestión unificada de los CPIs. “No se puede mantener a las comunidades educativas atrapadas entre dos administraciones que se pasan la responsabilidad”, advirtieron en su último comunicado.
También la Marea Verde Aragón ha exigido al Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de Zaragoza que asuman “de manera coordinada y responsable” el mantenimiento de los CPIs, recordando que “la educación pública no puede sostenerse sobre parches, barracones y precariedad estructural”.
